Barcelona abre la vía para resarcir a la exconcejal amenazada por denunciar la trama de pisos turísticos

La exconcejal Itziar González, en una imagen de archivo

Han pasado más de diez años. La Justicia ya ha dictado sentencia. Pero la Administración empieza ahora a hacer su trabajo. El Ayuntamiento de Barcelona abrirá un expediente de responsabilidad patrimonial para resarcir a las denunciantes de la trama corrupta de pisos turísticos de Ciutat Vella que fueron amenazadas por los cabecillas de la red y que sufrieron el desamparo del consistorio del que formaban parte, comandado en aquel entonces por el PSC.

Empresarios admiten la trama corrupta de pisos turísticos en Barcelona y que amenazaron a una concejal

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La alcaldesa, Ada Colau, se reunió la semana pasada con la exconcejal Itziar González y la arquitecta Lourdes Conesa. De la reunión salió el compromiso de abrir un expediente de responsabilidad patrimonial que servirá para que el consistorio reconozca el daño causado e indemnice a las alertadoras de la trama de licencias turísticas que no fueron escuchadas por el Ayuntamiento de la época y sufrieron perjuicios tanto laborales como psicológicos.

En declaraciones a elDiario.es, González valora positivamente el paso del consistorio. “Nuestra reparación es que el Ayuntamiento incoe el expediente de oficio. Fuimos dos alertadoras de corrupción a las que el Ayuntamiento abandonó”, asevera González, que destaca la importancia de la medida para cerrar todo lo vivido y “volver a hacer las paces” con la institución.

Eso es lo que se pretende desde Barcelona en Comú, que además instará al Congreso de los Diputados a trabajar con las entidades especializadas en la materia para “enriquecer” el proyecto de Ley de protección a informantes, para que sea “una herramienta eficaz para salvaguardar a las personas que denuncien irregularidades”, tal como reza la propuesta que se presentará el viernes en el pleno municipal, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

González confía en que la votación del viernes reúna el máximo consenso político posible. “No quiero una votación con la que yo me quede satisfecha. Para mí pido lo mínimo, pero sí pido lo máximo para los alertadores de corrupción”, explica González. Para llegar a ese máximo, González reclama “que todo el plenario diga que algo así no volverá a pasar y que se protegerá a los alertadores de corrupción del futuro”.

“Es importante que se reconozca que Lourdes Conesa y yo no fuimos dos piezas defectuosas, como se nos dijo durante muchos años, sino que cumplimos con nuestra obligación”, apostilla González.

Aunque desde el consistorio aseguran que se cubrieron todos los gastos de abogados y procuradores durante los años que ha durado el proceso judicial, han decidido abrir la vía de la responsabilidad patrimonial debido a la falta de apoyo lamentada por las alertadoras. De esta manera, podrán aportar “las pruebas que consideren oportunas y se podrá determinar si pueden ser beneficiarias de algún tipo de indemnización”, aseguran desde el consistorio.

La trama de corrupción

La corrupción anidó en Ciutat Vella de la mano del exdirector de servicios técnicos de Ciutat Vella Heliodoro Lozano, ya jubilado, y el intermediario Joaquín Quílez, quien ya acumulaba dos condenas por irregularidades en la tramitación de permisos del Ayuntamiento de Barcelona para locales del Eixample y por avisar de inspecciones administrativas en la causa de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga.

La trama corrupta se urdió a raíz de la aprobación de un plan urbanístico por el que el Ayuntamiento de Barcelona limitaba la apertura de nuevos apartamentos de uso turístico en el distrito de Ciutat Vella, que a finales de la primera década del siglo XXI ya vivía los efectos del turismo masivo. Los cabecillas de la red admitieron que con el objetivo de agilizar las gestiones para obtener las licencias, varios propietarios contactaron con Quílez, que a cambio de un soborno les garantizó que regularizarían sus pisos turísticos.

Luego Quílez pactó con Lozano que, a cambio de otro soborno, agilizaría la tramitación de los expedientes y obviaría los defectos de las solicitudes de licencia, en algunos casos tan groseros que obligaban a denegarla. Cuando González –independiente en las listas del PSC– entró como concejal de Ciutat Vella y relevó a Lozano y a tres inspectores para poner fin a las malas prácticas, empezaron las amenazas a la edil y a su nuevo equipo.

Quílez y su pareja han reconocido que enviaron cartas amenazantes a González y Conesa a lo largo de finales de 2008 y mediados de 2009. Las indemnizarán con 22.200 y 50.000 euros respectivamente. El Ayuntamiento optó por plegarse a las amenazas y trasladó a Conesa fuera de Ciutat Vella contra su voluntad, destinándola precisamente a las dependencias municipales donde el consistorio había ubicado a Heliodoro Lozano por su implicación en la trama de los apartamentos turísticos. Es decir, la alertadora de corrupción se encontró de nuevo con uno de los corruptos.

La Fiscalía destaca que el cambio se produjo tras recibir una carta en la que se advertía a la arquitecta de que estaba “vigilada al milímetro y con fotografías queda demostrado”. “Se te va a dar un plazo para que pidas el traslado o pasaremos a la acción. Tú para nosotros eres como un animal y tenemos una misión a realizar, dentro de poco tiempo comprobarás cosas que ocurrirán a tu alrededor, te horrorizarás y no será fruto de la casualidad”, rezaba su misiva.

“Zorra, debes arder en los infiernos, ha costado tiempo prepararlo, pero al final doblarás, solamente te falta el descabello como a los toros, te has buscado la ruina en el distrito, debes desaparecer de este mundo ya”, le escribieron a González, que dejó el cargo al año siguiente, antes de finalizar el mandato, y distanciada con el PSC y el entonces alcalde Jordi Hereu, ante la falta de apoyo tras descubrir la pequeña Chicago que era el distrito.

La investigación judicial y de los Mossos d'Esquadra, que sí creyeron a las alertadoras, permitió hallar a los responsables pese a que el consistorio los tenía en sus oficinas, mientras que había desplazado a las funcionarias. En suma, todo lo contrario de lo que manda la Directiva europea para proteger a los alertadores de corrupción, que expone que la denuncia del fraude no tiene que implicar ninguna renuncia al bienestar personal ni represalias ni acoso tanto en el ámbito profesional como personal.

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