Barcelona pide explicaciones a Telefónica por la situación de los empleados de Movistar que hicieron huelga
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha enviado una carta al director general de Telefónica en Cataluña, Kim Faura, en la que le pide explicaciones por la situación de los trabajadores de Movistar que protagonizaron una huelga la pasada primavera, tras recibir informaciones según las cuales se ha despedido y sancionado a algunos de los participantes en aquella protesta. Estos trabajadores, encargados de las tareas de mantenimiento de la red y los servicios de Movistar, protestaban por lo que consideraban unas condiciones laborales injustas, tanto en lo que se refiere a horario como a retribuciones. El acto reivindicativo más espectacular fue la ocupación de la sede del Mobile World Center en la plaza de Cataluña.
Tras 74 días de huelga, los trabajadores desconvocaron la huelga pero no lograron compromisos concretos de Telefónica, que responsabilizó a las empresas subcontratadas por Movistar de las condiciones laborales denunciadas. A finales del mes de mayo, 'Barcelona en Común', el grupo que ahora gobierna el Ayuntamiento de Barcelona, y otras formaciones políticas firmaron el llamado 'Compromiso de las Escalas' que exigía que se respetaran los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas por Movistar. Pisarello subraya este compromiso y reclama a Telefónica un canal de diálogo que, según escribe en la carta, 'permita dar una respuesta satisfactoria a una materia tan relevante y sensible para la ciudadanía como son los derechos laborales'.
El gobierno municipal, según explica el teniente de alcalde en la carta, “quiere ser un garante de los derechos laborales en la ciudad de Barcelona” y “actuará como árbitro en aquellos conflictos que lo requieran”. “Como Ayuntamiento, somos corresponsables de las condiciones de los trabajadores de empresas que tienen contratos con el consistorio”. Además, recuerda a Telefónica que el Ayuntamiento “tiene la intención de estudiar la introducción de un salario mínimo de ciudad y de impulsar un sello de calidad contractual para que las empresas que presten servicios al consistorio garanticen que aplican los convenios sectoriales”.
