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Barcelona en Comú reitera la defensa a la Guardia Urbana pero no denunciará a Garganté

Gerardo Pisarello en un acto de Barcelona en Comú

Yeray S. Iborra

A Barcelona en Común se le atraviesa el caso Garganté. El Ayuntamiento de Barcelona sigue reclamando “prudencia y respeto para la justicia” —en palabras del primer teniente de alcaldía Gerardo Pisarello— mientras la oposición pide mano dura contra Garganté y la defensa firme del cuerpo de la Guardia Urbana. La CUP, por su parte, ha reiterado en la comisión extraordinaria de Presidencia de este viernes su compromiso con los manteros, denunciando la criminalización del colectivo. Ante las quejas de PSC, ERC, PP, CiU y Ciutadans, Pisarello ha insistido en que no le corresponde al gobierno municipal personarse como acusación particular: “Quien debía denunciar era el médico”, ha dicho Pisarello. Durante la comparecencia, en la puerta del Ayuntamiento había miembros del SAPOL, el sindicato de policías, que también han pedido la personación del gobierno como acusación particular.

El primer teniente de alcaldía ha insistido en que “la Guardia Urbana hizo lo que tenía que hacer” y ha pedido a los grupos de la oposición —especialmente a la CUP— evitar la instrumentalización del cuerpo policial y también del colectivo de vendedores ambulantes. Ante las preguntas del concejal de la CUP, Josep Garganté, dirigidas al gobierno municipal y al comisionado de Seguridad Amadeu Recasens sobre las informaciones surgidas en la prensa en relación a la filtración del video de su encuentro con el médico y una reunión entre el propio Recasens y la Guardia Urbana, el consistorio ha mantenido el silencio.

Ante la inacción política de BComú, Joaquim Forn (CiU) ha acusado al gobierno municipal de tirar “pelotas fuera” y descuidar la “protección de la institución”. No ha sido la única crítica al Ayuntamiento. Carina Mejías, de Ciutadans, ha insinuado que el caso Garganté se encuentra englobado dentro de la ineficacia general del Ayuntamiento en materia de seguridad. Todos los grupos, excepto la CUP, han coincidido en la defensa de la Guardia Urbana; Carmen Andrés (PSC) ha hecho especial hincapié en esta cuestión, recordando que el cuerpo policial está siendo víctima de una persecución por una visión “reduccionista” de su tarea.

Forn ha preguntado si desde el consistorio se paralizó la toma de declaración de Garganté por parte de la Guardia Urbana para evitar un “escándalo mayor”. Estas palabras adquieren relevancia política inminente, ya que en las próximas semanas la CUP será clave en la votación de la modificación presupuestaria de BComú.

Paternalismo con los manteros

Tanto ERC como el PP de Barcelona han criticado la posición de la CUP respecto a la defensa de los manteros. “No les hacemos ningún favor apoyando su tarea ilegal”, ha dicho el concejal de ERC Jordi Coronas. Los grupos de la oposición también han insistido en la ilegalidad del Mercat Rebel; Garganté ha instado a estos grupos a ir a hablar con el sindicato de manteros para evitar “visiones paternalistas” de su situación.

La comisión extraordinaria ha coincidido con las palabras de preocupación del Síndic de Greuges en relación a la presencia de un médico en la sala mientras se tomaba declaración a un paciente. El Síndic no se personará de oficio por la judicialización del caso, pero aseguró que esta práctica —vulnerar el derecho a la intimidad y la confidencialitat— es “habitual”. Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Jaume Padrós, ha afirmado que hubo un “momento de intimidad” en la declaración entre el mantero y el médico, negando que se vulnerara ningún derecho.

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