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El Consell Comarcal del Barcelonés se disolverá tras hallarse irregularidades en su gestión

Puerto de Badalona, una de las obras investigadas del Consell Comarcal

Arturo Puente

El Consell Comarcal del Barcelonés, entidad supramunicipal que suma a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sant Adrià y Santa Coloma, tiene los días contados. El pleno de este miércoles ha aprobado por unanimidad una moción instada por ERC con la que se inician los trámites que acabarán en la disolución del organismo.

En un principio había dos mociones, una presentada por la coalición del gobierno de PSC y CiU y, la otra, por ERC, que finalmente se han transaccionado para recibir el apoyo de todos los grupos. Los republicanos han logrado mantener el punto en el que reclamaban poner en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades encontradas, pese a que la propuesta de los grupos del gobierno no lo contemplaban en su primera propuesta. 

Las diversas irregularidades encontradas en la gestión del Consell, detectadas por parte de la Sindicatura de Comptes en el periodo 2005 y 2011, ha sido la gota que ha hecho rebosar el vaso en una entidad sobre la que hay abiertas hasta tres investigaciones de la Fiscalía. Pese a que había sido vaciado de competencias durante las últimas décadas, el Consell Comarcal del Barcelonés mantenía diversas empresas públicas como una promotora de vivienda, Regesa, o la Marina de Badalona, ambas investigadas.

Marina Badalona es una de las empresas investigadas en el caso Pretoria, que se juzga estos días en la Audiencia Nacional, y en la que presuntamente habría habido un enriquecimiento ilícito en la venta de terrenos. En Regesa, por su parte, se encontraron procedimientos irregulares de contratación además de presuntos pagos de constructoras a la Feria de Abril. La Sindicatura también alertó de posibles irregularidades en la Fundació Pisos de Lloguer. La última polémica que ha envuelto el Consell fue la creación de un cargo de confianza, adjunta a la gerencia, que sería ilegal.

Las competencias del organismo serán ahora trasladadas al AMB, entidad supramunicipal mayor que ya agrupa a todas las ciudades que recogía el Consell Comarcal. Sin embargo aún quedan por dilucidar asuntos de importancia, como qué hacer con la enorme deuda de la entidad, cifrada en más de 64 millones de euros. Este miércoles antes del pleno, la CUP ha trasladado a la Oficina Antifraude las presuntas irregularidades encontradas. “Con pasarlo al AMB no se solucionan las cosas, hay que hacer limpieza y depurar responsabilidades”, han considerado.

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