La conselleria de Justicia afea al juez “falta de rigor” por implicarla en un contrato con David Madí que no se realizó

Inusual comunicado para desmentir una resolución judicial y una investigación de la Guardia Civil. La conselleria de Justicia de la Generalitat ha afeado “falta de rigor” a la Guardia Civil y juez Joaquín Aguirre, que este miércoles ordenó la operación contra empresarios y altos cargos del Govern por su supuesta relación con actividades corruptas y Tsunami Democràtic, por implicar al departamento en los contratos que habría conseguido el expolítico de Convergència David Madí mediante el tráfico de influencias con altos cargos de la Generalitat.

Justicia se convierte así en el primer departamento de la Generalitat que sale a desmentir las presuntas concesiones fraudulentas que investiga el juez a los empresarios David Madí y Xavier Vendrell, afines a JxCat y ERC, en relación con contratos de emergencia provocados por la crisis del coronavirus.

En concreto, el juez, en base a los informes de la Guardia Civil, señala que “David Madí ha logrado contratos con prisiones, dependientes de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia” ya que para los investigadores “todo parece indicar que la intención es obtener información privilegiada que les permita hacerse con la adjudicación”. Por eso el juez cree que Madí logró “un contrato inicial de detección de coronavirus con prisiones” para su empresa, Aigües de Catalunya.

Sin embargo, la conselleria que lidera la republicana Ester Capella niega la mayor y explica que no se firmó ningún contrato con la empresa de Madí ni existe un proceso de licitación en marcha. “El departamento de Justícia llama la atención sobre la falta de rigor del auto, con errores que cualquier ciudadano puede contrastar con una conexión a Internet”, apostilla el comunicado de la conselleria.

Según Justicia, la empresa de Madí ofreció un servicio de análisis de las aguas residuales de los centros penitenciarios para la detección de sustancias estupefacientes y del virus Covid-19, a través de unos recogedores de muestras instalados en varios sectores y llegó a presentar un presupuesto tras una reunión con cargos de la conselleria, pero finalmente el departamento descartó la contratación del servicio y destinó el gasto “a otras medidas urgentes vinculadas a la COVID-19”.

El juez pretende averiguar si Madí y Vendrell han conseguido “réditos económicos derivados del tráfico de influencias” con altos cargos de la Generalitat, incluso para “obtener contratos de emergencia” relacionados con la crisis sanitaria. Al margen de la conselleria de Justicia, en el auto se mencionan los departamentos de Salud y Asuntos sociales, que por el momento no han emitido un desmentido.