Empresarios, abogados e inversores: quién está tras la entidad que dice defender a la “clase trabajadora” del turismo

El 1 de abril de 2026, decenas de personas se dieron cita en Salou, en la Costa Daurada de Tarragona, para la presentación de la asociación Trabajadores por el Alquiler Turístico, un grupo que quiere “proteger” a los empleados del sector. El lugar escogido no era baladí, puesto que esta ciudad es la segunda con más apartamentos turísticos de Catalunya y suponen cerca del 23% del total de viviendas del municipio.

La asociación nació con un objetivo claro: plantar batalla ante el Decreto Ley 3/2023, que limita las VUT (Vivienda de Uso Turístico) en zonas tensionadas. Esta medida, aprobada por el Parlament, pretende mitigar la crisis habitacional y es la base que ha encontrado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para prometer acabar con estos alojamientos de cara a 2028.

A pesar de que diversos estudios han demostrado que las viviendas turísticas son una de las causas que explican el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación de los barrios, para esta asociación el Decreto Ley es una mala noticia. Aseguran, por un lado, que si “los pequeños propietarios” que explotan las viviendas turísticas tienen que dejar ese negocio, sus pisos acabarán “en manos de grandes tenedores”. Además, consideran que supondrá “el ERE más grande de Catalunya y pone en riesgo 200.000 empleos directos e indirectos”.

Por eso, han decidido agruparse. Según aseguran en su web, Trabajadores por el Alquiler Turístico está formada por empleados que se dedican a la limpieza, mantenimiento o atención al viajero, así como integrantes de negocios indirectos como lavanderías, transporte, ocio y restauración. Dicen tener 2.292 “trabajadores asociados”.

Pero esa definición no ha sido siempre la misma. La asociación, en realidad, nació en octubre de 2025 bajo el nombre de Movimiento para el Alquiler Turístico y entonces decía estar formada por “familias trabajadoras” que, explicaban, se ganaban un sobresueldo con los apartamentos turísticos.

No fue hasta el 31 de enero de 2026 —el día antes de inscribirse en el registro de entidades de la Generalitat— cuando la entidad pasa a llamarse Trabajadores por el Alquiler Turístico y decir que representan, ya no a familias, sino a empleados.

Cuando se echa un vistazo a quiénes conforman la junta directiva de la entidad, la realidad es muy distinta: todos sus miembros son empresarios, abogados especializados en la defensa de propietarios de fincas turísticas, dueños de inmobiliarias y socios de fondos de inversión.

La cara más visible de la asociación es la de su presidente y portavoz, Guillem Laporta, cuya carrera profesional nada tiene que ver con el sector turístico. Es socio de Ysios, una gestora de capital de riesgo especializada en biotecnología. Su único vínculo con el sector turístico es que “administra” una propiedad individual, según reconoció en una entrevista.

Defensor del libre mercado y seguidor de tesis anarcocapitalistas, hay poca información sobre Laporta. Su perfil de LinkedIn fue borrado antes de empezar a ejercer como presidente de Trabajadores por el Alquiler Turístico, y sus redes personales nacen de la mano de este cargo.

Laporta es el único miembro de la junta cuyo nombre ha trascendido, es el portavoz de la entidad con los medios y es el miembro de la cúpula con un trabajo habitual no directamente relacionado con el turismo, como sí sucede con el resto de los integrantes del órgano directivo de la entidad, que no ha respondido a las preguntas de este medio.

Uno de los nombres más destacados es el de Dylan Tarín, que ejerce como secretario. Es abogado especializado en vivienda y socio de la inmobiliaria RV Asociados, con sede en Tarragona. La dirección de esta empresa es también el domicilio social de Trabajadores por el Alquiler Turístico.

Tarín también fue el letrado de la asociación Acaba, formada por personas que fueron sancionadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2021 por ofertar sus apartamentos en Airbnb sin licencia. Cuatro años antes, el consistorio ya había multado a la plataforma con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos ilegales y después fue a buscar a los usuarios que se lucraban sin haber formalizado dicha actividad económica.

En la web de Acaba se explica que sus miembros “no son especuladores”, sino “vecinos sin recursos que se vieron obligados a buscar ingresos adicionales para subsistir”. Aunque aseguran querer luchar contra “la especulación inmobiliaria asociada al turismo”, todos decidieron convertir viviendas en pisos turísticos ilegales, en lugar de ponerlas en el mercado regular. Llegaron a ser más de 300 miembros condenados por infracciones que se multan desde los 60.000 euros.

También está en la junta, como tesorera, María Tutusaus Besante, CEO y fundadora de BCN Apartment Rentals, un portal que anuncia pisos turísticos de lujo y alquileres de temporada. Una noche en uno de esos apartamentos oscila entre los 200 y los 800 euros (a los que hay que sumar tarifas de entre 100 y 200 euros en concepto de “servicio”); mientras que la renta de temporada va de los 2.500 a los 7.300 euros al mes.

Tutusaus es igualmente socia de diferentes administradoras de fincas, así como fundadora de Bedloop, un software para gestionar “diversos” alquileres vacacionales. Se trata de una herramienta para empresas y particulares que tengan pisos o fincas turísticas.

Quien también tiene vínculos con el sector del alquiler de temporada es Eduardo Suárez Mejuto, vocal y administrador de The Smart Swang, una plataforma que ayuda a estudiantes a encontrar prácticas y becas en empresas de diversos países del mundo. Fundada en Dubai, ofrece servicios como ayudas para pagar y encontrar alojamiento en la ciudad de destino.

El otro vocal de la entidad es Pau Bosch Domínguez, arquitecto, paisajista y expresidente de Amics de la Rambla, una entidad que se dedica a representar a las empresas y negocios de uno de los enclaves más turísticos de Barcelona. Ejercer su presidencia garantiza una silla, a su vez, en la junta de Barcelona Oberta, un lobby de empresas y ejes comerciales que representan “el turismo de compras” y que se ha posicionado abiertamente y en diversas ocasiones contra las normativas que regulan las VUT, así como contra el aumento de la tasa turística.

¿200.000 personas a la calle?

“Hablamos de personas que solo tienen un piso para alquiler turístico, muchas veces gente mayor que necesita complementar sus pensiones”. Esta afirmación —que no contempla el mercado residencial como una opción— aparece en el tráiler de un documental, Al carrer per decret, que la asociación de Trabajadores por el Alquiler Turístico está financiando con un crowdfounding que ha recaudado 50.000 euros.

En él aparecen diversos testimonios de propietarios y personas que se dedican al sector, como limpiadoras o administradores de apartamentos. Forman parte de las 200.000 personas que, según la entidad, acabarán en la calle cuando se prohíban las VUT.

Esta es una afirmación sin base, puesto que la norma no obliga, en ningún caso, a prohibir estos apartamentos. Lo que establece es que las licencias tendrán un máximo de 5 años y que solo se renovarán si el consistorio así lo decide. De momento, Barcelona es el único municipio que ha apostado por la extinción total de este modelo.

Según ha explicado la entidad, los 200.000 despidos son “estimaciones propias” que incluyen a cualquier persona que tenga el mínimo contacto profesional con un piso turístico, lo que también implica a trabajadores de la hostelería y la restauración. La cifra, sin embargo, no tiene en cuenta que estos negocios atienden a cualquier turista, también a los que se alojan en hoteles o vienen en cruceros.

El Ministerio de Industria calcula que en Catalunya el número total de trabajadores empleados en el sector es de 348.000. Así, según las “estimaciones” de la entidad, casi la mitad de trabajadores dedicados al turismo estarían vinculados a los pisos turísticos, cosa que el mismo estudio del Gobierno desmiente.

La asociación ha hecho referencia diversas veces al colectivo de Las Kellys, camareras de piso en hoteles y apartamentos. Las han apoyado públicamente en sus reivindicaciones y las han contemplado como parte de esas 200.000 personas que perderían el empleo en caso de prohibirse los VUT. Pero ellas mismas han corrido a desvincularse de esas ideas e, incluso, consideran que el fin de este modelo de alojamiento como una oportunidad para “repensar el modelo”. Insisten en que el crecimiento del turismo “no ha ido ligado a una mejora de las condiciones laborales”.

Al contrario, aseguran que “la expansión de los apartamentos turísticos ha generado una precarización mayor” de sus trabajadores. Las Kellys asumen la tesis del Ayuntamiento, que quiere que la prohibición de los apartamentos comporte la redirección de los turistas hacia los hoteles.

“La infraestructura hotelera puede reabsorber a gran parte de estas trabajadoras”, sostienen las camareras de piso; algo que consideran una mejoría, ya que supondría un traslado a un sector con más regulación y más amparada por “convenios colectivos y representación sindical”.