Más allá del oro: el valor de lo irremplazable

Tras unos días de conmoción por el impacto mediático y científico que ha generado el robo en el Museo de Villena (MUVI), y pese a la prudencia por si surgían nuevas pistas sobre su paradero, la información difundida sobre la investigación no es muy halagüeña. Me temo que no hay consuelo: hay pérdidas que no admiten reparación.

Las consecuencias del golpe son dramáticas en todos los sentidos. De un lado, han sustraído un conjunto arqueológico de valor inconmensurable, reconocido como Bien de Interés Cultural en 2005. Su relevancia no reside únicamente en que fue fabricado con casi 10 kilogramos de oro ni en que su valor de mercado supere, en la actualidad, el millón de euros. De hecho, se llama 'tesoro' no por la riqueza que representa, sino porque así denominamos científicamente a los depósitos de enseres de prestigio que en cronologías pasadas fueron ocultados voluntariamente por sus propietarios. Así ocurrió con el excepcional conjunto de Villena, hallado de forma fortuita sepultado en el interior de una vasija cerámica. Este insólito tesoro también incluye: 3 recipientes de plata, un disco de ámbar procedente del Báltico y dos objetos de hierro elaborados hace unos 3000 años. En esa época aún no se conocía la metalurgia del hierro a partir de minerales terrestres, lo que implica que fueron realizados con un material extraordinario: restos de hierro de un meteorito procedente del espacio exterior.

El conjunto robado es per se un elemento emblemático e irremplazable para comprender las comunidades indígenas peninsulares y el proceso de consolidación de las sociedades complejas de la Edad del Bronce. Nos habla de desarrollo tecnológico, comercio más allá del entorno local, productos de prestigio, desigualdades sociales y jerarquías de poder que marcaban estatus mediante la materialidad y los intercambios a través del Mediterráneo y Europa.

El tesoro de Villena fue también todo un emblema del orgullo patrio. Así lo narró el NO-DO en 1963, definiéndolo como “un sensacional descubrimiento sin paralelo en la historia de la arqueología peninsular”. Con el tiempo, se ha convertido en un icono arqueológico y en un artefacto identitario de primer orden, especialmente, en el Alto Vinalopó. Esto nos recuerda –por si alguien lo había olvidado– que, cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a bienes públicos cuyo verdadero valor no reside en la materialidad de los objetos en sí ni en su precio de tasación, sino en la red de significados, valores e información que contienen y transmiten a las comunidades vinculadas a ellos. El patrimonio es, pues, una herencia que forma parte del acervo colectivo y su pérdida es irreversible.

Por otro lado, el asalto evidencia que los delitos contra el patrimonio han alcanzado una nueva generación en lo que a los robos en museos se refiere: bandas que actúan con un modus operandi exprés y responden más al perfil de aluniceros que operan como mercenarios o saqueadores, que al estereotipo de ladrón de guante blanco, amante del arte y las antigüedades, al que nuestro imaginario colectivo y las plataformas de streaming nos han acostumbrado. En este annus horribilis, donde desde abril se han producido tres robos de material arqueológico en museos periféricos –Badajoz, Albacete y, ahora, Villena– la vulnerabilidad de la gestión patrimonial y las instituciones museísticas ha quedado al descubierto. Todos son golpes con un patrón semejante: nocturnidad, asalto con violencia a las instalaciones y sustracción, en apenas unos minutos, de piezas originales de oro y materiales preciosos. Y ya se sabe, “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Así que, ante el vértigo de pensar quién puede ser el próximo o si estamos preparados para evitarlo, las alarmas han saltado en las instituciones que velan y tutelan colecciones de patrimonio cultural sensibles.

El debate público está servido y distintas voces –algunas con y otras sin criterio– han devuelto a la palestra temas como: la exposición de réplicas frente a originales; la capacidad de los museos locales de asumir colecciones excepcionales; los protocolos de seguridad; la tibieza de las sanciones y penas que comportan estos delitos, etc. Sin embargo, me parece pertinente rebatir el argumento que algunos han enarbolado, presentando la centralización del patrimonio en los museos nacionales como la panacea para su salvaguarda.

La centralización resulta difícil de defender en pleno siglo XXI, cuando los museos están revisando críticamente sus modelos tradicionales. Las nuevas lecturas sobre la descolonización y el desarrollo de la museología crítica priorizan los contextos de origen, la participación de las comunidades y la pluralidad de interpretaciones, cuestionando así la concentración y la descontextualización. En este escenario, trasladar las piezas a las grandes instituciones por miedo a que sean robadas no es la solución. No obstante, defender el arraigo territorial del patrimonio no significa ignorar los problemas y retos que implica, ni justificar que cualquier institución pueda llamarse museo o pueda custodiar cualquier colección sin medios humanos y materiales suficientes.

En el Estado español, con la reinstauración de la democracia y la elaboración del nuevo marco constitucional de 1978, las competencias sobre patrimonio cultural y museos fueron delegadas en las autonomías. Desde entonces, el desarrollo legislativo y reglamentario sobre patrimonio y museos ha ido adaptándose –aunque normalmente tarde– a las nuevas realidades de la gestión cultural. Sin embargo, la realidad de los museos locales y comarcales es compleja: sobreviven con plantillas exiguas –cuando no unipersonales– y presupuestos insuficientes que derivan en una gestión de encaje de bolillos y en la precarización de funciones y servicios bien por falta de personal y de recursos, bien por la externalización de perfiles que se subcontratan a la baja. En este sentido, los museos públicos de las grandes capitales –cuando están bien financiados– pueden ofrecer seguridad de última generación y, sobre todo, vigilancia del edificio y las salas las 24 horas del día. Pero el foco del debate debe ser otro. La protección del patrimonio no puede reducirse a arrancar las piezas de las comunidades y territorios que contribuyen a darles sentido. Además, el riesgo cero no existe. El mismísimo Louvre, estandarte de los museos nacionales occidentales, sufrió un robo digno de un blockbuster hollywoodiense en 2025, cuando unos ladrones accedieron por una ventana utilizando una grúa estacionada en la calle.

Las administraciones tienen que garantizar que los museos –también los locales y periféricos– estén bien dotados. De modo que los estándares de profesionalidad y seguridad necesarios deben ser acordes a su naturaleza y a los requisitos del patrimonio que conservan y exhiben. Porque la relevancia de un museo no la marca su código postal, sino las colecciones que custodia y cómo las pone al servicio de la sociedad. Es un error criticar la descentralización despachando la cuestión con un “¿qué hacía un tesoro así en un pueblo?” o exigiendo que “hay que superar los localismos”. Una cosa es exigir garantías técnicas y auditar la viabilidad de un centro, y otra muy distinta defender que el patrimonio debe concentrarse en grandes instituciones.

Para ofrecer garantías en la custodia, exposición y seguridad de nuestro patrimonio lo que hace falta es una verdadera coordinación interadministrativa, financiación estable y unas políticas públicas que crean en el valor del patrimonio más allá de su explotación comercial y turística. La centralización de todo en grandes ciudades perpetúa la privación en los contextos de origen, desvincula la pieza de su comunidad portadora y debilita el arraigo social. El robo, el expolio, el contrabando de patrimonio son delitos que no se van a erradicar solo con una justicia punitiva. Las sanciones son necesarias, la asunción de responsabilidades también. Sin embargo, actúan –igual que las cámaras de vigilancia– cuando el daño ya se ha producido: cuando un detectorista clandestino ha destruido para siempre la estratigrafía de un yacimiento, cuando un objeto ha sido desnaturalizado de su contexto o cuando una pieza ha sido robada de la institución que la custodiaba.

En la salvaguarda del patrimonio la respuesta debe ser también preventiva y colectiva. No se trata únicamente de reforzar los sistemas de seguridad o endurecer las penas; su protección requiere educación, investigación, conciencia social y un firme compromiso político. Allí donde una comunidad conoce el valor histórico, científico y simbólico de los bienes que conserva, resulta más difícil que el expolio se perciba como un delito inocuo y sin víctimas.

Proteger el patrimonio significa, por tanto, perseguir a quienes lo trafican y destruyen, pero también evitar que el delito encuentre instituciones débiles, mercados opacos y una ciudadanía indiferente. Urge dinamitar la idea de que los materiales arqueológicos son simples objetos de lujo que se pueden atesorar, robar y vender. Esa imagen de lo arqueológico como un mundo de tesoros, exotismo y coleccionismo perpetúa una lógica de poder y de consumo, donde el pasado y sus enseres se conciben como fetiches que pueden ser mercantilizados y disfrutados en la privacidad de tu propio sanctum sanctorum.

El fin último de los bienes culturales no es su disfrute privado ni el consumo masivo en grandes urbes. Su preservación definitiva no depende solo de alarmas, vitrinas y cámaras de seguridad. El éxito de su conservación radica en que la ciudadanía conozca su legado, lo entienda y lo sienta como propio. Y también en que las administraciones asuman con responsabilidad su compromiso con la res pública, garantizando que el patrimonio pueda conservarse, estudiarse y disfrutarse con seguridad allí donde su historia todavía permanece viva.