La Generalitat debe 188 millones a 200.000 familias por prestaciones por hijos
El departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat tiene pendiente de pago 188 millones de euros a unas 200.000 familias por prestaciones por niños a su cargo que dejó de pagar en 2010. Esta prestación fue aprobada por el gobierno tripartito de izquierdas y consistía en entregar 640 euros anuales a cada familia por los hijos menores de 3 años. En caso de que las familias fueran numerosas o monoparentales esta ayuda se ampliaba a los hijos menores de seis años. Estas familias tenían derecho a 745 euros anuales por los hijos menores de 3 años.
El 31 de diciembre de 2014, estaban pendientes de pago 237.182 prestaciones a un total de 202.678 familias. El endeudamiento es de 78 millones de euros correspondientes a prestaciones impagadas en 2010 y 110 millones, por las correspondientes al primer semestre de 2011.
La llegada al gobierno de la Generalitat de CiU detuvo estos pagos. El nuevo ejecutivo de Artur Mas anunció que ponía fin a la universalidad de las prestaciones y que sólo se ayudaría a las familias con rentas más bajas. En las leyes de presupuestos de 2011 y 2012, la mayoría de gobierno dejó sin efecto la ayuda, a pesar de reconocer “el derecho de las familias a percibir la parte de la prestación meritada y no percibida”. La Generalitat se otorgó un período máximo de cinco años para hacer los pagos. Esos años han transcurrido y la mayor parte de las familias afectadas no ha recibido el dinero pendiente de cobro ni ninguna comunicación por parte del departamento de Bienestar Social de la Generalidad.
La secretaria de Familia del departamento de Bienestar Social, Dolores Gordi, declaró, el pasado mes de mayo, que se habían dedicado seis millones de euros a pagar parte de estas partidas, en los meses de abril y mayo.
El colectivo de abogados Ronda ha iniciado las acciones legales pertinentes en defensa de los derechos de estas familias. En un comunicado, este colectivo afirma que “hemos vivido con indignación la demora y práctica derogación de esta ayuda” y que las acciones legales se emprenderán por vía administrativa y judicial. Además, ha convocado una reunión el próximo día 23 para informar a las familias afectadas de estas vías para reclamar el dinero que se les debe.
