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El Gobierno alega el estado de alarma para no dar datos sobre los CIE que el Servicio Jesuita a Migrantes pidió en enero

CIE de la Zona Franca

Oriol Solé Altimira

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El Gobierno ha alegado la suspensión de plazos derivada de la declaración del estado de alarma para no dar los datos sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) pidió en enero. Así lo ha denunciado este martes la entidad durante la presentación del informe que realiza desde hace diez años sobre la situación en los centros.

La directora de la fundación MigraStudium, del SJM de Barcelona, María Carmen de la Fuentes, ha exigido “transparencia” al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos además de reclamarle el cierre definitivo de los CIE, que siguen sin internos debido a la imposibilidad de deportarles por el cierre de fronteras que se decretó por la crisis del coronavirus.

El SJM pidió el 10 de enero de 2020 los datos sobre los CIE al Portal de Transparencia. Transcurrido el plazo de dos meses que marca la ley de acceso a la información, la entidad no había obtenido respuesta. Cuando se interesó sobre la tardanza en los datos, Transparencia adujo que los plazos para responder se encontraban suspendidos por la declaración del estado de alarma. Finalizado el estado de alarma, el SJM tampoco tiene los datos.

El SJM ha obtenido los datos para su informe de este año a través de una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior al parlamentario de EH-Bildu Jon Iñarritu así como de las casi 1.500 visitas que la entidad realizó en 2019 en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa.

Según los datos de Interior, los CIE de toda España registraron en 2019 la cifra de internos más baja de los últimos diez años, 6.473 personas, 1.382 menos que el año anterior. El SJM explica este descenso por la menor presión migratoria en la frontera sur, la nueva política de no llenar los centros y el cierre del CIE de Gran Canaria. En 2019 un total de 3.871 personas que permanecían en los CIE fueron repatriadas, mientras que 2.513 fueron puestas en libertad.

El SJM constata además tras visitar a miles de internos que la asistencia sanitaria y la alimentación es “deficiente” en los CIE, y que varios internos presentan un consumo excesivo de ansiolíticos. También el “trato degradante” de algunos policías a varios internos, en actuaciones que han sido denunciadas en los juzgados.

Tal y como puso de manifiesto el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, el SJM también constata que persisten los internamientos de menores en los CIE españoles pese a estar prohibidos por ley. El SJM detectó 58 posibles menores internados, mientras que el Defensor del Pueblo constató que hubo 54.

Destaca en especial el caso de cinco menores internados en el CIE de Barcelona de un grupo de once posibles menores. MigraStudium puso en alerta de la situación al centro, el juez de vigilancia, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, que tildó de “muy preocupante” la presencia de menores en el centro y la consideró “un indicativo de un inadecuado funcionamiento de los mecanismos de detección de menores”.

De los 170 internos que el SJM visitó en Barcelona, el 50% eran menores de 25 años y un 10% habían sido tutelados por la Generalitat cuando eran menores que al cumplir los 10% se han encontrado en la calle y han sido detenidos y enviados al CIE. “Son menores que llegan al Estado, son reconocidos como menores y tutelados y luego con 20 años los encontramos en el CIE a punto de ser expulsados, es un escándalo”, ha afirmado el abogado de MigraStudium José Javier Ordoñez.

En conjunto, según datos de la Fiscalía de Extranjería de Barcelona, en el centro de la capital catalana se detectaron el año pasado 12 menores de los 66 que lo alegaron. En el CIE de Barcelona hubo 1.059 ingresos, 1.186 menos que en 2018. El 49% de los internos no tenía antecedentes penales y se tramitaron 267 de las 330 peticiones de asilo solicitadas.

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