Los lazos de un concejal de Amposta con la clínica Zeus, investigada por malos tratos, desata las quejas de expacientes

Expacientes y afectados por el centro Zeus, una clínica de desintoxicación privada investigada por la Policía Nacional por maltrato, castigos y presiones a los usuarios, señalan al concejal de Hacienda y Empresas Públicas del Ayuntamiento de la localidad de Amposta –donde se encuentra uno de los dos recintos de la empresa– por sus vínculos con la empresa. El edil, Tomàs Bertomeu (ERC-EA), es el director financiero del centro, según figura en su página web.

Los expacientes llevan meses requiriendo al Ayuntamiento información acerca de la situación administrativa del centro para tratar de forzar su cierre, y tras numerosas solicitudes, el consistorio ha llegado a admitir que existían irregularidades urbanísticas, pero no prevé acciones al respecto. Ahora, los denunciantes apuntan a la relación entre el concejal Bertomeu y la clínica Zeus. El grupo Som Amposta, de la oposición, ha llevado esta denuncia al pleno del municipio de este lunes.

El director del centro de desintoxicación, Luis Pérez, y otras dos personas vinculadas a la investigación policial sobre la clínica fueron detenidos el pasado junio, según informaron fuentes judiciales a elDiario.es. Quedaron en libertad sin que pasaran a disposición judicial y está previsto que el magistrado los cite para declarar próximamente.

Las denuncias recogidas por la Policía Nacional de expacientes y un extrabajador obtenidas por este periódico apuntan a la atribución de presuntos hechos delitos contra las personas: desde insultos constantes a los usuarios por parte del personal del centro y aplicación de castigos, hasta la manipulación y aislamiento de las familias de los ingresados. 

La policía, a su vez, atribuye a la clínica presuntos delitos relacionados con la prolongación indebida de los ingresos con un único interés económico y sin criterio médico: el centro cobra entre 4.800 y 11.000 euros por mes de estancia, dependiendo de la habitación.

Con todo ello, el centro continúa abierto con Luis Pérez al frente. Al ver que el Ayuntamiento no tomaba acciones sobre el equipamiento, el colectivo de afectados indagó en los vínculos entre el edil Tomàs Bertomeu y el empresario Luis Pérez.

Una sociedad limitada en común que adquiere negocios del ámbito de la salud

Además de figurar como director financiero de Zeus, Bertomeu es secretario y consejero del grupo Lance Partners SL., una sociedad dedicada a la adquisición de participaciones y acciones sociales. El presidente de esta sociedad es Luis Pérez, y la vicepresidenta es Iris Valldeperez, co-fundadora de Zeus.

Desde su inicio, Lance Partners ha adquirido dos empresas del sector sanitario: Ineclinic y Montsia Clinic. Iris Valldeperez es la administradora única de ambas.

Los afectados han tratado de forzar el cierre de este centro informando a las administraciones locales y regionales de dos irregularidades administrativas. La primera es que el centro Zeus que se sitúa en Amposta (existe otro en Ulldecona) no figura en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad. La Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat abrió un expediente para investigar al respecto hace meses.

La segunda es que el centro no cuenta, al menos hasta el pasado 6 de agosto, con una licencia municipal de actividad ni de ningún título habilitante que permita desarrollar las funciones que publicita el centro, según reconoce un escrito del propio Ayuntamiento de Amposta.

Una extrabajadora del centro, Jennifer Silvestre, contó a este periódico que el director de Zeus “le hacía mentir a la policía”. “Si preguntan, aquí solo alquilamos habitaciones a pacientes que hayan estado en Ulldecona’”, asegura que le ordenaba.

En los numerosos intentos de captar la atención de la administración local, los afectados llegaron a reunirse con el alcalde, Adam Tomàs (ERC-EA), y le pusieron al tanto de la situación. Aún después de aquel encuentro, aseguran que el consistorio no atiende a sus exigencias.

Y no son los únicos: la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), emitió una resolución que reprochaba que el Ayuntamiento no había cumplido con su deber de contestar a los requerimientos de documentación sobre la situación administrativa del centro Zeus, ni por parte de los afectados ni por parte de la propia GAIP. Además, el escrito añade que el consistorio tampoco respondió a la solicitud de la GAIP de concertar una mediación entre el Ejecutivo local y los afectados.

Germán Ciscar, portavoz del grupo Som Amposta en el Ayuntamiento, afirma en conversación con elDiario.es que el consistorio “no puede alegar ignorancia” en cuanto a la situación administrativa del centro teniendo a un miembro de su Ejecutivo en la plantilla de Zeus.

“Lo que no esperaban era que saliese la denuncia [en referencia a la investigación de oficio de la Policía Nacional]. A raíz de la denuncia es cuando nos hemos enterado de muchas cosas”, añade. El grupo de la oposición pide explicaciones de por qué no se ha cerrado el centro aún, exige que se haga cuanto antes y se pregunta si el hecho de que el concejal cobre un sueldo de este centro tiene algo que ver con que siga abierto.

El colectivo de afectados por la clínica ha remitido un escrito al Ayuntamiento en el que denuncian formalmente su “inactividad administrativa” y exigen no sólo que se informe de la situación legal del centro, sino que comuniquen también todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde que el consistorio fue informado de las presuntas irregularidades, ya que a los afectados no les consta que se haya tomado ninguna medida.

Advierten de que si no se cumplen sus exigencias, el colectivo trasladará toda la documentación al Síndic de Greuges de Catalunya, a la Oficina Antifraude, a la Fiscalía competente y, “en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa”, con el objetivo de que “se valore la posible existencia de responsabilidades administrativas, patrimoniales o de cualquier otra naturaleza que pudieran corresponder”.

En el pleno local, ante la pregunta del grupo Som Amposta, el alcalde Adam Tomàs defiende que desde el momento en el que la empresa hace una petición de actividad, se hicieron los requerimientos correspondientes y añade que “si en estos momentos no los cumple, se cerrará”. “La investigación abierta a esta empresa no hace ninguna referencia a ninguna incompatibilidad ni compatibilidad que pueda tener en cuenta al señor regidor”, señala, antes de concluir que actuarán “con total contundencia”