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La crisis social sacude la agenda nacional

J. Ramón González Cabezas

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La escalofriante Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año certifica que la crisis económica ha adquirido definitivamente caracteres de Gran Depresión. El desempleo que desangra las economías del sur de Europa ofrece perfiles apocalípticos en España, de cuyo futuro depende el de la propia eurozona en conjunto. España es, sin duda alguna, la “línea Maginot” de la defensa de la moneda única europea. La situación de Catalunya, motor principal de la economía española, es a su vez un elemento crucial en el desarrollo y desenlace de la crisis que amenaza la estabilidad y el propio futuro de España como país avanzado: la asfixia financiera agudizada por la recesión coincide con un marco político de inestabilidad e incertidumbre en torno al pleito soberanista, de forma que el riesgo de fallida económica, por un lado, y el espectro de la secesión y la ruptura de la unidad del Estado, por otro, se retroalimentan de forma confusa.

Se trata de una situación delicada que evoluciona en paralelo al aumento de la exclusión en los sectores más desfavorecidos de la sociedad y el empobrecimiento de las clases medias. La nefasta combinación de secuelas de la crisis, que se traduce en la práctica en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, amenaza con quebrar la cohesión social e hipotecar sine die el progreso económico. En otras circunstancias no menos excepcionales de la historia reciente se generó un gran consenso político y social para sortear el abismo, pero a día de hoy apenas se sabe ni siquiera quién toma las decisiones del Consejo de Ministros y cuál es el papel de un Parlamento petrificado en torno a una férrea mayoría absoluta y un presidente inane. El enjambre de vallas y policías antidisturbios que blinda la Cámara es toda una metáfora de la impotencia y desconcierto del Gobierno del PP.

La doble red invisible

Los expertos creen que el paraguas de la solidaridad familiar, por un lado, y una economía sumergida del 20% al 25% del PIB, por otro, han neutralizado hasta ahora la implosión social en España. Queda por ver si esta teoría resiste haber rebasado el brutal listón de seis millones de parados –casi un tercio del total de la zona euro— y el temible horizonte de un tercio del total de la población activa. Cabe decir que el terreno es un terrorífico campo de minas, con el 57% de los jóvenes sin perspectivas de empleo y casi dos millones de familias con todos sus miembros en paro. Nunca nadie pensó ni por asomo que llegaríamos hasta aquí, así que cualquier cautela sobre las previsiones de futuro es poca. De hecho, si algo caracteriza al actual Gobierno español es su inagotable capacidad para desdecirse.

La política catalana no es obviamente ajena a este contexto y evoluciona como una nave en busca de fondeadero, a la vista de la crudeza del temporal y la vacilante singladura de CiU junto a sus socios de ERC. El insólito y hasta extravagante anuncio de la nueva candidatura de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat ilustra paradójicamente el aparente regreso del líder de CiU a la realpolitik y el enfriamiento táctico de sus ambiciosos objetivos nacionales. La aparatosa cacofonía gubernamental de las últimas semanas en torno a la consulta acredita este nuevo escenario, creado a iniciativa del propio Mas con su encuentro secreto con Rajoy en La Moncloa y el deshielo de las relaciones intergubernamentales. He aquí que de nuevo aparece el crudo realismo político de Bismarck frente al romanticismo patriótico de Bolívar, según el célebre símil del presidente republicano Alcalá Zamora sobre la doble alma política de Francesc Cambó.

En busca de margen fiscal

No es para menos. Lo crucial ahora es disponer de un mayor margen de déficit para cuadrar el presupuesto de la Generalitat y, si se diera el caso, mejorar el sistema de financiación que expira en los próximos meses. Es un imperativo casi dramático, a la vista de la crispación social y la necesidad de contar con apoyos parlamentarios para aprobar y aplicar las cuentas de 2013. El llamado “pacto fiscal” está sin duda enterrado como Santo Grial del programa de CiU, pero la hoja de ruta hacia Itaca bien puede asumir una circunvalación ante los imponderables de la travesía. En la situación actual, con un partido debilitado por la “ITV judicial” a Oriol Pujol y dividido por las presiones de ERC, enfrentarse a un nuevo programa de recortes es radicalmente incompatible con el irrealismo o el aventurerismo, por muy legítimo o bienintencionado que fuese.

Sería simplista atribuir la explosión del secesionismo en Catalunya a los estragos materiales y morales provocados por la recesión derivada de la crisis que ha arrasado el viejo modelo productivo español. Sería ignorar las múltiples claves políticas, culturales y financieras que han alimentado durante décadas el desencanto de amplios sectores de la ciudadanía con respecto a los poderes centrales del Estado y, en última instancia, a España como conjunto. En todo caso, cabe señalar que el hundimiento del modelo económico basado en el binomio ladrillo/turismo está en el origen del desplome del propio sistema político-financiero que ha ejercido el mando en Catalunya desde la transición y que en su día no dudó en presentar y vender el país como la nueva California europea.

Las hemerotecas rebosan aún de testimonios y datos que dan fe de la euforia de los actores públicos y privados que rivalizaron en atribuirse la hazaña y en disfrutar sin contención de los beneficios de la era del boom de los grandes negocios e inversiones, tanto en blanco como en negro. Apenas una pequeña parte de aquellos excesos está hoy en manos de los jueces. En cualquier caso, lo que sí parece cada vez más evidente es la inviabilidad de lanzar un proceso de autodeterminación en el contexto de una crisis social que ya ha rebasado el umbral de lo desconocido y avanza hacia no se sabe donde. Sobre todo si Catalunya se encamina hacia el millón de parados y no hay dinero ni para pagar a los proveedores.

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