La Mesa de Ciudad para el abordaje del top manta, constituida a propuesta del grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya, sigue generando debate en Barcelona. En un artículo de opinión publicado recientemente por Catalunya Plural, el presidente de la mesa Jordi Coronas (ERC), pidió “responsabilidad” a todas los colectivos implicados en lo que el autor define en otro artículo como “una problemática social que afecta tanto a comerciantes, como a manteros, policía municipal y vecinos”.
El tono conciliador del regidor y portavoz del grupo municipal de ERC destaca en un debate público teñido por un civismo histérico. Pero por mucha corrección moral que se exhiba en el discurso, la responsabilidad no deja de ser una cuestión política. Y la verdad es que la problemática social y el civismo histérico que la acompaña no afectan a los comerciantes, a los vecinos, a la policía y a los manteros por igual.
Consideremos, por ejemplo, el papel de los comerciantes en todo este proceso. A juzgar por las críticas que se vierten sobre la calidad de los productos que asociamos con la venta ambulante y las condiciones laborales en las que se producen, uno pensaría que los comercios de Las Ramblas o Portal de l’Angel pertenecen a la Xarxa per la Economia Solidària. Sin embargo, sabemos que por muy legal que sea la marca que se beneficia de su venta, esos productos se fabrican en condiciones infrahumanas. Por otra parte, a pesar de que el alquiler que pagan esos comerciantes sirve principalmente para llenar los bolsillos de los oligarcas del suelo urbano barcelonés, nadie les acusa de “trabajar para las mafias”. Y mientras que la voluntad de diálogo ha sido constante en el caso de los manteros, prácticamente nadie critica con contundencia el rechazo, por parte de los comerciantes, a formar parte de esa mesa de diálogo que preside Coronas.
Todo esto, por no decir nada de las desigualdades impuestas por la Ley de Extranjería, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal del PP, que convierten la administración pública en una entidad que, mediante la criminalización, empuja a las personas de tez oscura hacia los eslabones más arriesgados de la economía informal.
Los portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Lamine Sarr y Aziz Faye, enfatizan el carácter político del conflicto que se ha generado alrededor del top manta. “El presidente de la Mesa solo quería hacer un teatro para que él fuera el único que ganara con el tiempo,” me dicen en una entrevista. “A él le han dejado hacer el trabajo sucio del Ayuntamiento y está muy cómodo en ese papel, porque si logra limpiar Barcelona de pobres con la policía, ganará votos y amigos entre los empresarios, que son los que le importan. Y si no le sale bien la represión, la responsabilidad cae sobre Ada Colau. Y eso también le viene bien a él, porque no es de su partido.”
Y es que el artículo en cuestión sirve más para deshacerse de la responsabilidad depositándola en los demás actores que para motivar a todas las partes implicadas—que van mucho más allá de los colectivos presentes en la Mesa de Ciudad—a abordar el fenómeno social de forma realista. Es otro aspecto que resaltan Sarr y Faye en la entrevista. “Ahora pide responsabilidad a los colectivos que nos ayudan porque nos quiere responsabilizar de su estrategia,” me dicen. “Nos quiere hacer creer que si seguimos luchando, no les queda otra opción que la represión, que somos nosotros los responsables de esa represión. Es una trampa. Quiere que le facilitemos nuestra derrota, pero nosotros no dejaremos las calles hasta que tengamos otro trabajo y otra posibilidad de sobrevivir. Ya nos pegaron mucho durante otros gobiernos y no nos eliminaron. Ahora estamos mas organizados y menos solos. Resistiremos más y desobedeceremos más. Que lo tenga claro.”
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