El Parlament aprueba la comisión de control del 9-N pese a las acusaciones de desobediencia
La primeras discrepancias entre los partidos favorables a la consulta del 9-N sobre cómo reaccionar a la suspensión del Constitucional se han suavizado este miércoles al votar todos ellos a favor de la composición de la Comisión de Control de la consulta soberanista. El PP, el PSC y Ciutadans planteaban que dar luz verde a esta comisión era un acto de desobediencia al TC, que ha suspendido los preparativos para la consulta del 9 de noviembre, pero CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han decidido no retirar su votación del orden del día del pleno al considerar ellos que no se incurre en ninguna ilegalidad.
El Pleno del Parlament ha entrado en un debate jurídico sobre si mantener ese punto en el orden del día va en contra de las providencias del Constitucional en relación a la suspensión cautelar de la ley de consultas y el decreto que convoca el 9-N. Los partidos proconsulta, apoyándose en un informe jurídico del Parlament, han considerado que la aprobación de esta comisión no es una decisión ejecutiva y que por lo tanto no desafía al TC. El documento de los servicios jurídicos de la cámara sostiene que esta votación parlamentaria no es un acto de “plenos efectos”, porque para que la comisión adquiera su condición legal “de forma plena y efectiva” hace falta que el president de la Generalitat firme un decreto con su nombramiento.
Aun así, el PP, el PSC y Ciutadans se han abstenido en la votación. Además los populares ya han anunciado que denunciarán a los diputados que lo han secundado ante la Fiscalía.
La comisión de control equivaldría a la junta electoral central de unos comicios ordinarios. Está formada por siete juristas y politólogos cuyos nombres ya consensuaron los cuatro grupos parlamentarios proconsulta. Una vez aprobada la comisión el nombramiento de los siete miembros se consuma con un decreto del president de la Generalitat.
“Debemos aprovechar las rendijas jurídicas para seguir adelante con nuestra determinación”, ha proclamado la diputada de ERC Gemma Calvet. “El TC no ha anulado la ley de consultas en su conjunto”, ha afirmado, para luego subrayar que lo que hará hoy el Parlament es “acatar la voluntad del pueblo”, una fórmula repetido luego por ICV-EUiA y la CUP.
ICV-EUiA por su parte ha asegurado que el Parlament responde hoy “con un acto político”, el de mantener la comisión en el orden del día, a otro acto político, como lo ha sido según la portavoz Dolors Camats el hecho de que el Gobierno central, el Consejo de Estado y el Constitucional hayan reaccionado con “inédita celeridad” contra la consulta.
Ante esta determinación el PP y Ciutadans ya han anunciado que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y de los tribunales. “No se puede desarrollar una norma suspendida”, ha afirmado Albert Rivera (C's). “No colaboraremos en posibles delitos ni seremos cómplices de pisar líneas rojas de la democracia”, ha añadido el líder de Ciutadans.
Artur Mas descarta la desobediencia y confía en las alegaciones
El presidente catalán, Artur Mas, ha remarcado hoy que, históricamente, “no siempre la desobediencia ha llevado a la victoria”, y ha añadido que “en este momento” no está en el “escenario” de la “desobediencia civil”, sino en el de pedir al Constitucional que levante la suspensión de la consulta. Lo ha dicho en una respuesta a la CUP, que planteaba esta opción como la única vía posible a partir de ahora para llevar a cabo la celebración de la consulta soberanista.
En la sesión de control del Parlament, Mas ha subrayado que el objetivo del Govern de la Generalitat es que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar sobre la consulta soberanista antes del 9 de noviembre para poder celebrarla, pero que mientras tanto era necesario paralizar la campaña para proteger juridicamente a los funcionarios. En este sentido la Generalitat ha informado que está previsto presentar las alegaciones al recurso este mismo miércoles.
“En lo que depende de mi, este proceso se acaba votando y votando con la pregunta pactada”, ha añadido Mas, que se ha comprometido a reunir y hablar con los partidos proconsulta para tomar las decisiones “definitivas”, porque las actuales que ha tomado el gobierno catalán son “cautelares”.
