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Dieciséis nuevos imputados por cortar carreteras en la huelga soberanista del 8-N

Vecinos de La Floresta en la rueda de prensa para explicar su caso

Oriol Solé Altimira

Se acumulan las causas judiciales derivadas de los cortes de carreteras y vías de tren de la huelga general soberanista del pasado 8 de noviembre. Dieciséis vecinos de La Floresta (Barcelona) han hecho público este lunes que el juzgado de instrucción 4 de Rubí les ha imputado por un presunto delito de desórdenes públicos y que declararán entre este miércoles y el 15 de marzo.

Los hechos se remontan a la jornada de huelga del 8-N, que tuvo un escaso seguimiento en los centros de trabajo pero conllevó la paralización de decenas de vías de transporte en toda Catalunya por parte de activistas y ciudadanos en favor de la independencia y de la liberación de los políticos presos. En el caso de estos vecinos, cortaron la autopista C-16 a la altura de los túneles de Vallvidrera durante una hora.

Los vecinos investigados, han explicado fuentes jurídicas, viven en su totalidad en La Floresta y no tienen un mismo perfil, sino que entre los 16 imputados figuran jóvenes, hombres y mujeres de mediana edad y mayores. Desde las defensas de los investigados se ha criticado a los Mossos d'Esquadra por su investigación del caso, que han considerado que “criminaliza” la protesta social.

En concreto, el abogado David Aranda, de Alerta Solidària, ha afeado a la policía catalana haber identificado a los imputados en base a matrículas de coches de un aparcamiento cercano a los túneles. Esto ha provocado que uno de los identificados mediante la matrícula de su coche ni siquiera se encontrara en Catalunya el 8-N, ha añadido.

“Independientemente de la identificación, que es muy pobre, los hechos carecen de relevancia penal y forman parte de la mobilización de una huelga, que pasa por no ser una jornada normal sino de interpelación a las instituciones”, ha terciado la penalista Anaïs Franquesa.

Con esta nueva causa en Rubí, se elevan a 89 las personas investigadas –en su mayoría por desórdenes, delito penado con hasta tres años de cárcel– en relación a protestas y cortes de carreteras en las huelgas del 3 de octubre y el 8 de noviembre. Hay causas abiertas en Tarragona, Barcelona, Rubí, Santa Coloma de Farners e Igualada, donde este martes y miércoles empiezan a declarar los investigados por cortar la N-11 en la jornada de paros.

Además, fuentes jurídicas han explicado a este diario que los Mossos d'Esquadra han enviado a los juzgados las identificaciones de una cincuentena de vecinos del Eixample de Barcelona por los cortes en la calle que realizaron cerca de la Estació del Nord, así como un atestado en relación al corte de las vías del AVE de Girona, lo que puede derivar en nuevas imputaciones en las próximas semanas.

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