El PDeCAT reclamará a Sánchez que derogue el decreto que fomentó la salida de empresas de Catalunya
“Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre”. Con este nombre jurídico se aprobó la modificación en la ley de Sociedades para facilitar la movilización de empresas fuera de Catalunya tras el referéndum de 1 de octubre de 2017. Aunque sus efectos reales sobre la economía continúan siendo controvertidos, para los independentistas la modificación simbolizó un importante agravio, pues lo consideraron la prueba de que el Gobierno atacaba directamente el tejido empresarial catalán.
Derogar este decreto será una de las reclamaciones que los miembros del PDeCAT en el Congreso harán en primer lugar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo han explicado fuentes de la formación, que tienen previsto utilizar toda la capacidad negociadora que les confiere la nueva aritmética parlamentaria. “Sánchez tiene ahora un Gobierno en minoría, así que no le quedará otra que negociar, tanto en el Congreso entre grupos como con el Govern”, asegura el diputado del PDeCAT Carles Campuzano.
A juicio de Campuzano, derogar el decreto que promovió la fuga de empresas sería un elemento simbólico pero de trascendencia política como gesto ante la nueva etapa. No es el único objetivo de la negociación que quieren establecer. En la agenda de las formaciones independentistas hay puntos de más peso, como acabar con la intervención financiera de la Generalitat, impuesta mediante diferentes decretos y órdenes ministeriales desde 2015, el relevo del Fiscal General o el acercamiento de los presos. Pero la retirada del decreto sería un elemento sin contrapartidas para Sánchez y que enviaría un claro mensaje de que la guerra económica ha acabado.
“De entrada, hará falta que se produzca el encuentro entre Sánchez y Torra. Después, hay negociaciones que deberán hacerse en la sede parlamentaria”, explica el portavoz, que saluda el cambio de gobierno como “una oportunidad para negociar a todos los niveles”. Con su apoyo a la moción de censura, el PDeCAT vino a reflejar un abandono de las posiciones de máximos para centrarse en la negociación de medidas concretas, algo que dejó patente el discurso de Campuzano.
Un decreto de efectos discutidos
El Gobierno de Rajoy aprobó el decreto sobre el cambio de sedes empresariales en el primer Consejo de Ministros posterior al referéndum del 1 de octubre. La modificación permite a cualquier empresa trasladar la sede social dentro del territorio español con la mera aprobación del consejo de administración y, por tanto, sin pasarlo por la junta de accionistas, un trámite que retrasa y obstaculiza el proceso. En septiembre eran varias las empresas que habían tanteado llevar a cabo estos traslados fuera de Catalunya, comenzando por el Banco de Sabadell.
El real decreto, por tanto, sirvió para acelerar y fomentar la salida de sedes sociales de empresas, llegado a contarse por cientos las compañías que optaron por esta medida. Así lo hicieron compañías como Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural o Abertis. Pese a esto, los efectos económicos fueron discutidos en el momento y todavía es controvertido entre los expertos que la supuesta fuga de empresas de otoño de 2017 pueda considerarse como tal. La mayoría de estas empresas mantuvieron en Catalunya tanto la producción o centro productivo, oficinas e incluso sede fiscal.
De hecho, el decreto no ha evitado que varias compañías internacionales hayan elegido Catalunya recientemente. Amazon, Nestle, Siemens, Volkswagen o Facebook han anunciado inversiones y apertura de centros empresariales en la comunidad, en un momento en el que quienes auguraron en octubre un futuro catastrófico para la economía catalana reconocen que esas previsiones no se han cumplido.
