La Fiscalía rebaja su acusación contra Trapero a 10 años de cárcel por sedición y abre la puerta a una pena de inhabilitación

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado de 11 años de prisión por rebelión a 10 años de cárcel por sedición su petición de pena contra el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y ha planteado como alternativa una condena por desobediencia que no implica cárcel pero sí un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer de policía además de una multa de 60.000 euros.

La diferencia de 10 años de cárcel entre ambas condenas planteadas por la Fiscalía ha sido recibida de forma agridulce por la defensa del major. En declaraciones a los periodistas, la abogada Olga Tubau ha constatado que el descarte del delito de rebelión “objetivamente es una buena noticia”.

No obstante, Tubau ha matizado que tanto la sedición como la desobediencia son “graves igualmente” porque implican algo que siempre ha negado el major, esto es, que actuó en contra de su “obligación constitucional” de obedecer a la Justicia el 1-O. La letrada de Trapero se ha mostrado confiada en lograr la absolución. “Tenemos prueba apabullante frente al desierto probatorio de la Fiscalía”, ha sentenciado.

El juicio al major de los Mossos, la intendente Teresa Laplana y la antigua cúpula política de la conselleria de Interior se ha retomado este lunes tras la reactivación de la actividad judicial suspendida por la crisis del coronavirus. Cuando la vista oral se suspendió en marzo, el juicio ya estaba en su recta final y solo quedaba que las partes expusieran sus conclusiones definitivas una vez oídos acusados y testigos.

Tal y como insinuó al inicio del juicio, la Fiscalía ha rebajado de rebelión a sedición la acusación principal contra el major, el exsecretario general de Interior, Cèsar Puig, y el exdirector general de los Mossos, Pere Soler, para armonizar la causa del major con la sentencia del Supremo que condenó por sedición a los líderes del procés. Al inicio del juicio los fiscales pedían para los tres 11 once años de cárcel por rebelión y cuatro años de prisión por sedición para la intendente Teresa Laplana.

Más allá del marco fijado por la sentencia del Supremo, el desarrollo del juicio al major ha desdibujado las tesis fiscales y no ha mostrado con claridad que Trapero estuviera alineado con el expresident Puigdemont para lograr la independencia de Catalunya, sino más bien que el major y sus jefes políticos estaban enfrentados.

Los testigos de cargo más importantes de la Fiscalía, como el coordinador policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, o el teniente coronel Daniel Baena, tuvieron que terminar reconociendo que sus afirmaciones sobre un supuesto acuerdo entre Trapero y sus jefes políticos para impulsar la votación no se basaban en documentos o elementos objetivos, sino en sus opiniones personales. Además, un testigo de relevancia como el que fuera jefe de los Mossos durante el 155, el exalto cargo de Interior Juan Antonio Puigserver, negó explícitamente que Trapero y Puigdemont estuvieran alineados en favor del procés.

Pese a ello, la Fiscalía sigue enrocada en una importante condena de prisión para el major y los exaltos cargos de Interior, que de ser asumida por el tribunal se situaría al nivel de los exconsellers condenados por el Supremo a diez años y medio de prisión. El Ministerio Público se agarra a la inacción de los Mossos el 1-O –que Trapero desmiente y alega que fue una actuación policial proporcionada– para mantener a flote la acusación.

Tras la breve sesión de este lunes, el juicio seguirá el 15 de junio, cuando las defensas elevarán a definitiva su petición para absolver a los acusados. En esa misma fecha los fiscales expondrán su informe. Por último, el 16 y el 17 de junio será el turno de los alegatos finales de las defensas y del derecho a última palabra de los acusados.