El juez avala la intervención policial en seis colegios el 1-O en Barcelona y archiva 50 denuncias
El juez que investiga la intervención policial del 1-O en Barcelona ha archivado 50 denuncias por lesiones contra la Policía Nacional, correspondientes a la actuación para impedir el referéndum en seis colegios de la capital catalana. El carpetazo a la investigación se ha producido porque el juez, tras analizar el material audiovisual aportado por los heridos, ha concluido que ningún agente actuó de forma que pueda considerarse “desproporcionada”.
En seis autos, a los que ha tenido acceso este diario, el juez avala la intervención policial y decreta el sobreseimiento provisional de la investigación referente a los puntos de votación ubicados en los colegios Prosperitat, Aiguamarina y Estel, la escuela de jóvenes de Trinitat Vella y los institutos Víctor Català y Joan Boscà. Se trata de seis de las 29 piezas separadas en las que se dividieron las más de 230 denuncias que dieron inicio a la causa (una por cada colegio donde actuó la Policía el 1-O). En todas ellas el Ayuntamiento de Barcelona ejerce la acusación popular.
En síntesis, el juez concluye que los heridos no han podido aportar fotos o vídeos que muestren al agente concreto que habría efectuado las agresiones denunciadas –bofetones, tirones de pelo, agarrones en el cuello, porrazos en distintas partes del cuerpo...–. Es el caso de un agente que aparece en un vídeo aporreando el teléfono móvil de un votante que le grababa en el colegio Prosperitat. Sin embargo, en el vídeo no aparece el número de identificación del policía, por lo que se ha archivado la denuncia.
Tampoco hay ni una grabación de las denuncias por las intervenciones en el colegio Estel y el IES Joan Boscà que permita identificara los agentes supuestamente responsables de las lesiones. En el Joan Boscà, un hombre aseguró que un agente le había tirado por las escaleras y propinado patadas en los testículos, además de tirarle de las orejas y la boca. Otro denunció agresiones de un grupo de agentes con patadas y porrazos mientras le decían “catalán de mierda”, lanzándole finalmente de las escaleras. Al no haber ni fotos ni vídeos de los hechos, no se puede imputar a ningún agente las agresiones denunciadas, por lo que el juez archiva las denuncias.
Del conjunto de vídeos y fotografías que sí se han aportado a la causa respecto a los otros cuatro colegios, el juez destaca que los agentes se limitaron a cumplir con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), es decir, incautar el material del referéndum. Como máximo, añade, apartaron a los congregados frente al colegio, que se negaban a moverse.
“No aparece ninguna actuación individual o colectiva de los agentes que pueda considerarse desproporcionada, ya que se limitan a apartar a las personas que entorpecen la laboral policial, bien empujándolas, bien arrastrándolas en casos en que no acceden a moverse”, razona el juez en sendos autos de archivo de las piezas separadas de los colegios Prosperitat, Aiguamarina, la escuela de jóvenes de Trinitat Vella y el instituto Víctor Català.
La única excepción es la de un votante del colegio Prosperitat, que logró identificar y querellarse contra el agente que le habría “lanzado por unos escalones”, provocándole, según el parte médico de su denuncia, una lesión en la oreja. Esta investigación continúa y el juez ya ha citado al hombre para que declare como querellado.
Sin agresiones de votantes
Por otro lado, el magistrado niega que las lesiones que denunciaron algunos agentes fueran provocadas por los votantes. “No aparece en ningún momento agresión alguna a los agentes por parte de los allí congregados, siendo su actitud consistente en ocupar espacio con su cuerpo sin arremeter contra funcionario alguno”, asevera.
Asimismo, se ha archivado la investigación por daños materiales, uno de los delitos por los que la Generalitat denunció a la Policía el mismo 1-O, al no poder identificar a los agentes causantes de los desperfectos en el mobiliario y las puertas de los colegios, cuya reparación costó 870,75 euros en el colegio Prosperitat. En el caso del Joan Boscà, el director llegó a denunciar la “aprehensión policial de diversos ordenadores”. Tanto las acusaciones particulares de los heridos como la popular, ejercida del Ayuntamiento, pueden recurrir el archivo decretado por el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona.
De esta forma, en una semana el juez ha dejado por escrito un criterio muy claro para las acusaciones particulares de los heridos y la popular del Ayuntamiento de Barcelona: si aportan vídeos o fotografías que permitan identificar con claridad a un agente en una actuación desproporcionada, la causa seguirá adelante. Si no, se archivará. En el primer caso se enmarca la citación como imputados de un subinspector y un mando actuantes en la escuela Mediterrània por una actuación, en palabras del juez, “como mínimo indiscriminada y desproporcionada”.
Por contra, en las escuelas en que se ha archivado la investigación el juez subraya que, pese a los momentos de tensión, “no se aprecia una actuación policial que no vaya destinada a conseguir el objetivo ordenado por el TSJC de acceder y clausurar el centro de votación”. Cabe recordar que la acusación de la Fiscalía abogó por archivar todas las 29 piezas separadas salvo una porque los heridos solo fueron el 0,037% de los votantes, algo que el instructor rechazó.
