Montoro apunta a que el 1-O se pagó con facturas falsas tras más de dos años controlando las finanzas catalanas
“Puede haber falseamiento de facturas, claro que puede haberlo, ¿quién ha dicho que no?”. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha abierto la puerta este jueves a que la Generalitat falseara facturas para pagar con dinero público el 1-O tras más de dos años de control sobre las finanzas catalanas.
El objetivo de la intervención económica de la Generalitat era, en palabras del propio ministro en 2015, que el Govern no destinara un solo euro a “veleidades independentistas”, expresión que todavía se recuerda en círculos soberanistas. El Tribunal Supremo y la Guardia Civil sostienen que hubo malversación sin necesidad de recurrir a facturas falsas. Los dirigentes independentistas procesados por este delito niegan el uso de fondos públicos. En Alemania, Carles Puigdemont declaró que algunas empresas renunciaron a cobrar por sus trabajos para el 1-O.
Montoro ha ofrecido la hipótesis del “falseamiento” de facturas en respuesta en el Congreso al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ciudadanos y el PP mantienen desde hace meses sucesivos choques a cuenta del dinero público presuntamente empleado en el 1-O. El partido de Albert Rivera acusa al Gobierno del PP de no haber vigilado lo suficiente a los dirigentes independentistas para garantizar que el referéndum no se financiara con fondos públicos.
La nueva tesis del ministro de Hacienda sobre cómo se pagó el 1-O supone un arma de doble filo, apuntan fuentes conocedoras de las finanzas de la Generalitat: para rectificar su negativa sobre la malversación, Montoro se abre a reconocer que algo pudo fallar en el férreo control financiero que el ministerio ejercía sobre la Generalitat desde mucho antes que el referéndum llegara a figurar en la hoja de ruta independentista.
Desde noviembre de 2015, la interventora general de la Generalitat remite a Hacienda un certificado de inicio y actualización mensual de la ejecución presupuestaria de la administración catalana, así como de las empresas y organismos públicos. En ese documento, la interventora –de quien ahora también sospecha la Guardia Civil– deja constancia de que todo el gasto de la Generalitat sobre el que ha tenido conocimiento no es contrario a la Constitución.
Además, desde hace más de dos años, Hacienda puede vigilar telemáticamente las facturas de la Generalitat. Entre las “condiciones adicionales” impuestas por Hacienda (y aceptadas por el Govern) en 2015 para que el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas asumiera las facturas de la administración catalana figura la conexión del registro contable de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACE).
Montoró justificó entonces esta medida para mejorar la “trazabilidad” de los gastos de la Generalitat, y actuar en consecuencia si se detectaba cualquier uso de dinero público no ajustado a la ley. El por entonces titular de Economía, Andreu Mas–Colell, lo describió como “un 155 encubierto”. Oriol Junqueras, hoy en prisión, no era ni vicepresidente ni conseller de Economía.
Por si el control ya existente tuviera alguna grieta, el 18 de septiembre de 2017, a 12 días de la fecha marcada para el referéndum, Hacienda tomó el control de las finanzas de la Generalitat y asumió el conjunto de los pagos de la comunidad. Todo lo pagaba Hacienda, independientemente de que la Generalitat hubiera certificado que no financiaba un gasto relacionado con el 1-O.
En el plano penal de la investigación, la Guardia Civil, en sus sucesivos informes en los que ha cifrado la malversación en 1,9 millones de euros, no ha apreciado el uso de facturas falsas de la Generalitat para costear el 1-O. Sí ha encontrado facturas, en el caso de la empresa Unipost, que ascienden a casi un millón de euros, vinculadas a los envíos postales del 1-O. Eso sí, los agentes especifican que las facturas no se llegaron a abonar ni tampoco constan en el registro oficial de la Generalitat. La defensa de los responsables de Unipost sostiene que son facturas proforma, esto es, no comerciales, sino relativas a la información de una futura factura definitiva, y vinculada al contrato que la empresa mantenía con la Generalitat para realizar sus envíos ordinarios desde 2015.
Los gastos más acreditados corresponden a los efectuados por la tarjeta Diners Club que manejaba Albert Royo, exsecretario general del Diplocat, correspondientes a hoteles y dietas para los observadores internacionales del 1-O. Y hay discrepancias en las transferencias efectuadas por la Delegación del Govern ante la UE a una fundación holandesa: para la Guardia Civil sirvieron para costear la estancia de los observadores, mientras que la interventora certificó que el dinero se destinó para recibir asesoramiento “para fijar la posición de la Generalitat ante las iniciativas legislativas” de la Unión Europea.
