El Constitucional vuelve a avisar al Govern y a la Mesa del Parlament de que deben acatar sus resoluciones
Cuatro secretarios judiciales, en nombre del Tribunal Constitucional (TC), han acudido este martes al Parlament de Catalunya y al Palau de la Generalitat para avisar a los miembros de la Mesa de la Cámara y del Govern de que deben acatar las resoluciones del TC. En concreto, la que la semana pasada anuló las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán que el Parlament aprobó el pasado 27 de julio. En la misma reunión, el Alto Tribunal pidió a la Fiscalía que investigara a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no parar la votación del texto independentista.
Al anular el texto independentista, el Constitucional solicitó que se notificara personalmente el auto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa –incluidos sus miembros de PSC, C's y CSQP– y al secretario general de la Cámara; así como al president Puigdemont y al resto de consellers. El auto notificado personalmente este martes recoge la “advertencia” de que se puede abrir la vía penal contra todos ellos si desarrollan el contenido de la resolución independentista.
El texto anulado, por ejemplo, incluía activar un “mecanismo unilateral de ejercicio democrático” para convocar una asamblea constituyente, que el Parlament y Puigdemont han fijado ahora en forma de un referéndum para septiembre del próximo año. Los avisos resultan imprescindibles para poder acusar posteriormente a los políticos independentistas de un posible delito de desobediencia si convocan el referéndum sin acuerdo con el Estado.
El Consitucional ya hizo notificar el mismo aviso el pasado mes de noviembre, después de anular la resolución independentista que Junts pel Sí y la CUP aprobaron el 9 de noviembre de 2015. El documento también avisaba a los responsables institucionales de las eventuales responsabilidades “incluida la penal, en las que pudieran incurrir” si no acataban la resolución del TC. También fueron secretarios judiciales del alto tribunal catalán y de la Audiencia de Barcelona quienes se lo entregaron, ya que de acuerdo con la nueva ley del TC, el TSJC debe prestar auxilio jurisdiccional al Tribunal Constitucional.
La principal diferencia entre noviembre y la situación actual es que el propio TC pidió la semana pasada a la Fiscalía que abriera la vía penal contra Carme Forcadell. La Fiscalía, que según La Vanguardia presentará la querella en los próximos días, investigará a Forcadell por no parar la votación de las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán en julio.
La Mesa no incluyó en el orden del día del pleno la votación tras recibir el aviso del TC, sino que lo solicitaron los portavoces de JxSí y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel. Forcadell, tal y como permite el reglamento del Parlament, sometió a votación del pleno la inclusión del punto en el orden del día, que fue aprobado por la mayoría independentista. Pero para el Gobierno, Forcadell tiene igualmente una responsabilidad penal por no parar una votación que, a su juicio, desarrollaba un texto independentista anulado, por lo que pidió al TC que abriera la vía penal contra la presidenta de la Cámara.
