El partido de Colau se lo juega todo en Barcelona tras un mandato marcado por la vivienda, el turismo y el procés

Después de ganar Barcelona ha tocado gobernarla, y los cuatro años en minoría al frente del Ayuntamiento han obligado a Ada Colau a añadir una acotación al lema que se llevó de la PAH: sí se puede, pero no siempre. A la histórica victoria obtenida por Barcelona en Comú en 2015 le ha sucedido un mandato condicionado por su dificultad para pactar con la oposición y por un 'procés' que ha tensionado el debate municipal, pero que aun así le ha permitido sacar adelante sus planes de vivienda y turismo –dos pilares programáticos– y aumentar el gasto social en la ciudad.

Cuatro años después, y con una lista de la que han salido fundadores del proyecto como Jaume Asens o Gerardo Pisarello, Colau busca mantenerse en la alcaldía de la capital catalana con un doble objetivo. En primer lugar, dar continuidad a la parte inconclusa de su obra de gobierno, como son las promociones de vivienda pública o los incipientes servicios públicos de electricidad u odontología. Y, en segundo lugar, conservar el principal bastión en Catalunya de los 'comuns', un espacio en retroceso desde que Xavier Domènech ganara las elecciones generales en 2016.

No sería ninguna sorpresa que el Ayuntamiento de Barcelona, bandera junto con Madrid de las llamadas ciudades del cambio, acabara en manos de ERC tras el 26M. Según las encuestas, Ernest Maragall pisa los talones de Colau, que ha de contener además el ascenso del PSC a rebufo del éxito de Pedro Sánchez. En la sala de máquinas de BComú, sin embargo, confían en el liderazgo de su candidata –que resiste mejor que el partido en los sondeos– y en su capacidad de movilización en campaña electoral para revalidar el inesperado triunfo frente a CiU de 2015.

Colau arrancó su mandato aquel verano con dos mensajes potentes –y de signo opuesto– para el establishment barcelonés: la renovación del contrato del Mobile World Congress, por un lado, y la prohibición temporal de crear nuevas plazas hoteleras en la ciudad, por el otro. Pero la aritmética consistorial pronto le iba a brindar también sus primeros fracasos, entre los que destacó la unión del tranvía por la avenida Diagonal, prometida para el primer tramo de mandato y que se ha acabado pactando 'in extremis' sin presupuesto ni fecha.

El equipo de los 'comuns' ha tenido que lidiar además con fenómenos como el precio desbocado de los alquileres –250 euros más al mes de media en cuatro años– o el aumento de la criminalidad en el centro de la ciudad. Para ambos, allí donde Colau ha lamentado falta de competencias para abordarlo –incapacidad para regular las rentas o para destinar más Mossos d'Esquadra–, la oposición ha visto elusión de responsabilidades. La contundencia de los partidos a medida que avanzaba la legislatura se refleja en el inédito marcador de hasta ocho reprobaciones a la acción de gobierno, aunque más de la mitad de ellas han sido ya en 2019, en pleno ciclo electoral.

La bandera del derecho a la vivienda

Colau llegó al Ayuntamiento enarbolando el derecho a la vivienda y, ahora que toca hacer recuento, los 'comuns' se saben víctimas de las expectativas generadas. La oposición trata de ridiculizarles esgrimiendo que sólo han entregado 834 pisos sociales de nueva construcción de los 4.000 que prometieron. Pero tan cierta es esa cifra como que el consistorio ha puesto en marcha una maquinaria sin precedentes para aumentar el raquítico parque público de vivienda –que representa menos del 2% del total– que verá madurar sus frutos en los próximos años.

Entre reservas de suelo, proyectos y construcciones hay en proceso ahora mismo más de 4.600 viviendas públicas, una cifra por encima de los mandatos anteriores. A ello hay que sumar ya los 676 pisos adquiridos bien sea por compra de fincas o por convenios como el de la Sareb, de nuevo lejos de las promesas (4.000) pero también de los gobiernos precedentes (274 con Xavier Trias). El equipo de vivienda del consistorio estima que, a este ritmo, en cuatro años más de mandato habrán conseguido duplicar el parque público que se encontraron (de 7.000 a 14.000 pisos asequibles), más aún si funciona la recién aprobada medida de obligar a los promotores a reservar un 30% de la nueva vivienda a protección oficial. El sector asegura que esto frenará la inversión y ya lo ha recurrido a los tribunales.

La otra cara de la misma moneda ha sido la de los desahucios, que pese a pasar de 3.244 casos en 2015 a 2.519 en 2017 -según los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial- siguen siendo uno de los problemas más graves de la ciudad. Alrededor del 90% por impago del alquiler. La lista de espera para los pisos de emergencia ha aumentado en los últimos tiempos hasta alcanzar el medio millar de familias y la PAH se lo ha reprochado a Colau en más de una ocasión. Por su parte, la regidora lo achaca en parte a la falta de compromiso de la Generalitat en su aportación económica al Consorci de l'Habitatge (debería ser del 60% y es del 20%). Y esgrime otras medidas exploradas por el consistorio para defender el derecho a la vivienda como las multas grandes propietarios que tienen pisos vacíos o que hacen 'mobbing' para expulsar a inquilinos.

El 'procés' y la ruptura con el PSC

El Ayuntamiento de Barcelona no ha sido ajeno al ciclo de mayor tensión política de la historia reciente de Catalunya, el proceso de independencia, hasta el punto que ha condicionado mucho más la vida municipal que el suceso más trágico vivido en la ciudad en los últimos 30 años: el atentado de la Rambla. “Ni DUI ni 155” fue el mensaje que quiso mandar la alcaldesa tras el 1-O, lo que no le ahorró los calificativos de independentista o equidistante por parte de unos y otros.

La consecuencia más inmediata del 'procés' para su gobierno fue la ruptura con el PSC, al que habían incorporado al ejecutivo un año y medio antes y echaron por su apoyo al 155. Ni los socialistas ni siquiera amplios sectores dentro de los 'comuns' entendieron una decisión que les dejaba más solos en el consistorio. Esa expulsión se la recuerda siempre que puede Jaume Collboni cuando Colau, ahora en campaña, les ofrece a ellos y a ERC un pacto de izquierdas en la ciudad.

Políticas de seguridad y narcopisos

Si algo ha sacudido la política local en los últimos meses ha sido el aumento de la criminalidad en Barcelona, que sumado al fenómeno de los narcopisos le ha valido a Colau duros reproches por parte de vecinos de barrios como el Raval y de los grupos municipales. Los recelos que mostró hacia la Guardia Urbana antes de acceder al cargo no la han ayudado en un contexto en el que delitos como los hurtos o los robos con violencia han subido alrededor del 20% en solo un año, entre 2017 y 2018.

Colau defiende por su parte que han convocado todas las plazas de Guardia Urbana que les ha permitido la 'ley Montoro' y que si alguien no ha arrimado el hombro lo bastante han sido los Mossos d'Esquadra. Con ellos pactó una mayor presencia en Ciutat Vella que sí tuvo un efecto sobre los pisos ocupados por narcotraficantes –llegó a haber más de 70, una cifra que se ha ido rebajando–, pero recientemente, y ya en plena precampaña, les ha echado en cara que hayan reducido su colaboración, algo que desde la Generalitat niegan tajantemente.

En el cajón de la seguridad, aunque sea cuestión de espacio público e inmigración, ha acabado cayendo el conflicto de la venta ambulante irregular. La foto al final de mandato es la misma que la del inicio: decenas de manteros recurren a esta actividad en el frente marítimo para ganarse la vida, sobre todo en vísperas del verano. Colau prometió soluciones “sociales” y no “policiales”, y con las primeras ha conseguido 132 contratos en programas de inserción para un colectivo sin papeles. Pero con las segundas no ha contentado a nadie: los operativos de la Urbana para ocupar la calle y disuadirles han acabado desplazando los puntos de venta, mientras que la menor persecución ha indignado a los comerciantes.

La regulación del turismo

La moratoria hotelera aprobada por Colau al mes de llegar a la alcaldía encendió todas las alarmas en el sector turístico, pero los datos acabaron por mostrar que lo que hizo la medida fue tan solo moderar el crecimiento de los alojamientos turísticos. A excepción del bache posterior al 'procés' y el atentado del 17-A, Barcelona sigue instalada en cifras récord en cuanto a pernoctaciones de turistas.

El Plan Especial de Alojamientos Turísticos de Barcelona (PEUAT), consensuado con ERC en 2016, ha cerrado a nuevos alojamientos los barrios con mayor presión, como Ciutat Vella, con la intención de distribuir hoteles y albergues hacia la periferia.

La retirada de grandes proyectos hoteleros como el Four Seasons a raíz del PEUAT no han hecho temblar el pulso a un gobierno que celebra que en las zonas más turística se hayan reducido en 96 las habitaciones de hotel. Pero el contador que más enorgullece a los 'comuns' es el de los apartamentos ilegales. Han encarrilado la batalla con 3.000 pisos cerrados y tienen en su haber un logro por el que nadie habría apostado: el compromiso de Airbnb de retirarlos de sus plataformas.

Supermanzanas, bicis y poca reducción del tráfico

El icono de la intervención urbanística y de movilidad durante el mandato de Colau han sido las supermanzanas, hasta la fecha cinco vecindarios que han restringido el tráfico con el objetivo de recuperar espacio público para los ciudadanos. Esta política, sumada al incremento de carriles bici –han duplicado los kilómetros–, son las bazas del balance de una “revolución verde” que, según la alcaldesa, ha de llegar la próxima legislatura con el cierre de más carriles de coche tanto en el Eixample como en grandes arterias urbanas como Meridiana o Gran Via.

Pero el mandato acaba ahora y las entidades en defensa de la calidad del aire ven insuficiente lo que ha hecho el gobierno. Y la comparación con Madrid Central no ayuda. Solo a partir de 2020 se empezará a reducir el acceso de coches a la ciudad –los más contaminantes, que son el 7% del total– y se ha descartado el peaje de congestión. En datos oficiales –los últimos son de 2017– hoy sigue habiendo los mismos 360.000 coches y motos diarios circulando por las principales vías de la capital que cuando los 'comuns' llegaron a la plaza Sant Jaume.

En cuanto a las grandes reformas, Colau ha celebrado la recuperación del espacio de la cárcel Modelo o el inicio de la pacificación de la avenida Meridiana, pero se han quedado en el cajón las de la Diagonal –asociada al tranvía– o la de la Rambla, que debía iniciarse en 2019 pero ha quedado aplazada. Mención aparte merece la negociación abierta con la Sagrada Familia, a punto de culminar con un éxito que significaría la regularización de sus obras 134 años después. El fleco que aún queda por cerrar es la tasa que deberán pagar por la licencia.