“No puede ser que tengamos a jóvenes con discapacidad en casa sin hacer nada, como hace 40 años”
El sector de la discapacidad, que en Cataluña representa alrededor de medio millón de personas, lanza este martes, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un amargo y desesperado SOS. Los recortes sociales de los últimos años, acentuadas este 2013, están triturando muchas de las metas conseguidas durante decenios y están llevando el colectivo a situaciones propias de hace 40 años, según alerta el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi). La realidad más cruda afecta a aquellos jóvenes y adultos en edad laboral que, en gran parte debido a la inacción administrativa, se ven abocados a quedarse en casa todo el día sin hacer nada, una situación que a la larga tiene un coste en atención sanitaria (a la persona y a su familia) muy superior al ahorro de las ayudas y prestaciones que en los últimos tiempos se han ido suprimiendo.
“La consecuencia real de estos recortes -señala el manifiesto que el Cocarmi presenta este martes- es que miles de niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad y sus familias están viviendo situaciones que rozan la pobreza, la marginación y la exclusión, sin olvidar los que ya están inmersos en ella”. “La apuesta por los servicios sociales -añade- es una obligación de todo gobierno y no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión de futuro hacia el pueblo: una inversión en creación de puestos de trabajo, en integración social y laboral, en independencia y autonomía personal y en igualdad de oportunidades para un colectivo que vive con desventajas. Esta inversión social hace que la sociedad sea más inclusiva y más justa”. Hoy, el Cocarmi ha convocado la lectura de este manifiesto ante la sede del departamento de Economía, donde llevará a cabo una acción simbólica de protesta antes de que una delegación se entreviste con el consejero Andreu Mas-Collell.
En los últimos diez días, las diez federaciones que forman parte del Cocarmi (y que en conjunto reúnen alrededor de un millar de entidades catalanas dedicadas a la atención de las personas con discapacidad intelectual, física, sensorial o con problemas de salud mental) han estado lanzando tuits en los que precisan algunos de los aspectos más problemáticos que se derivan de la crisis y las políticas de austeridad. Por ejemplo, el presupuesto de las llamadas PUA (ayudas directas a la compra de material para la mejora de la autonomía personal y la calidad de vida de personas con discapacidad) ha caído un 95% en 2013 respecto al año anterior , que ya estaba recortado. “Dicen que lo han incorporado en otro programa, pero todavía no nos han dicho cual”, explica Francisco Pérez, presidente del Cocarmi.
La mejora de la autonomía de las personas con discapacidad ya recibió un duro golpe a mediados de año, cuando Bienestar Social anunció la reducción de un 20% de la ayuda para los programas de vida en el propio hogar (se pasó de 626 euros mensuales por persona a 500), y lo hizo con carácter retroactivo para todo el año, lo que generó un déficit difícil de asumir muchas entidades que habían sido adelantando el dinero. En señal de protesta, en septiembre la plataforma Dincat organizó una cadena humana integrada por cientos de personas con discapacidad ante la sede del departamento.
La parálisis de los vistos buenos
Otro ejemplo de involución, explica Francesc Pérez, se encuentra en los llamados vistos buenos, que es como se conoce al trámite administrativo por el que una persona con discapacidad severa que termina su etapa formativa obtiene una plaza en un centro de atención diurna (como un centro ocupacional) o en un servicio residencial. Estas plazas las otorga Bienestar Social y hasta ahora iban acompañadas de una dotación dineraria, pero Economía ha suprimido estas partidas y esto ha forzado al departamento que dirige Neus Munté a demorar sine die cualquier visto bueno. “Pedimos al menos que se haga el trámite administrativo para que cada persona tenga una plaza donde le corresponda y no tenga que quedarse en casa, no puede ser que tengamos chicos de 21 años en casa sin nada que hacer, como hace 40 años” señala Pérez. Después de un año de parálisis, añade, “ahora parece que quieren empezar a otorgar vistos buenos, si bien no dotan estas plazas económicamente, es decir, te dicen 'cójalo y ya le pagaré cuando pueda'”.
Otros aspectos denunciados por Cocarmi tienen que ver con el mercado laboral, ya sea el ordinario (hace dos años que Empresa y Empleo no convoca las ayudas para la contratación indefinida de personas con discapacidad) o en Centros Especiales de Trabajo (han caído mucho las ayudas a la contratación y al empleo con apoyo), a la educación (los recortes en la escuela pública están provocando que el porcentaje de alumnos con necesidades educativas escolarizado en centros ordinarios se reduzca por primera vez en diez años); o a la inacción legislativa (aún no se ha desarrollado la normativa de la Ley de la Lengua de Signos catalana, aprobada en 2010, mientras que la Ley de Accesibilidad para las personas sordas que utilizan la lectura labial, ahora en tramitación parlamentaria, lo hace a paso de caracol).
El Gobierno del Estado también recibe: el recorte a la ley de la Dependencia a los presupuestos del año 2014 es del 47%, y esto se produce en un contexto en el que los anteriores recortes ya han dejado varios miles de personas sin derecho a ayuda, mientras que hay cerca de 200.000 personas dependientes en España con el derecho reconocido pero que todavía no han comenzado a percibir cantidad.
