El Supremo exculpa a la jueza que arrestó a un funcionario por no pagar una multa de 150 euros

Tirón de orejas, pero archivo. El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la denuncia de un letrado de la administración de justicia (LAJ) contra una magistrada de Barcelona que ordenó arrestarle por no haber pagado una multa de 150 euros, si bien ha afeado a la jueza su “incontestable desatención” al haber acordado su detención.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pone fin a un caso que vuelve a mostrar que, como en tantos otros tribunales, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la realidad a veces supera la ficción.

Los protagonistas de la causa eran la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, María del Carmen Suárez, y el LAJ (el antiguo secretario judicial) de un juzgado de lo mercantil de la capital catalana. Ambos trabajan en edificios distintos, pero a unas decenas de metros en el mismo complejo judicial, algo que el funcionario nunca comunicó al juzgado.

En febrero de 2021, Suárez impuso al LAJ una condena de 150 euros de multa por un delito leve de coacciones fruto de un conflicto vecinal. A partir de ahí, el juzgado intentó notificarle la sentencia, pero no obtuvo respuesta ni en el correo electrónico ni en el teléfono facilitado por el funcionario. Cuando acudieron a entregarle la resolución en el domicilio que él había dado, el portero les comunicó que ya no vivía allí, algo que el LAJ admitió como “un error” en su declaración.

El recurso del funcionario contra la sentencia de Suárez se desestimó, y llegó la hora de cobrar la sanción impuesta. En mayo de 2021, el juzgado requirió al LAJ para que pagara la multa en 30 días, sin encontrarle en ningún domicilio. A continuación, se averiguaron sus bienes y se descubrió que tenía capacidad para abonar la sanción. Pese a ello, la jueza terminó dictando un auto en el que acordó la “insolvencia” del hombre y sustituyó la multa por el ingreso en prisión.

Este recorrido procesal terminó con la visita de la Guardia Civil al hotel de Santa Cruz de la Palma donde el condenado estaba de vacaciones en agosto de 2021. Los agentes pidieron al funcionario que se dirigiera al cuartel y al juzgado, y así lo hizo el LAJ, que abonó los 150 euros el mismo día. La gestión le impidió acudir a una excursión que tenía contratada.

Al regresar a Barcelona, el LAJ recurrió el auto de la jueza y pidió al TSJ catalán elevar una queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el órgano de gobierno de los jueces descartó imponerle sanción alguna.

El funcionario activó luego la vía penal con una querella por prevaricación contra la magistrada. Suárez fue investigada, declaró ante el TSJ catalán, pero su caso fue sobreseído en 2023. Más de tres años después, en septiembre de 2026, el Supremo ha desestimado el recurso del LAJ y ha ratificado el archivo.

La resolución del Supremo censura tanto el comportamiento del LAJ como el de la jueza, y deja la puerta abierta a que el CGPJ reactive la vía disciplinaria contra ella. No sería la primera vez: en 2003 el Consejo la suspendió de funciones por tres años por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de las causas.

Para el Alto Tribunal, el LAJ “contribuyó de forma decisiva a dificultar lo que tenía que haber sido un acto ordinario de notificación de la sentencia” al no proporcionar su verdadero domicilio ni contestar al correo electrónico. El “contumaz desinterés” del funcionario, apostilla la Sala, resulta “impropio en la conducta de quien sabe que el desenlace del juicio es el pago de 150 euros”.

Al mismo tiempo, a juicio del Supremo resulta “incuestionable” que la jueza Suárez “quebrantó de forma palmaria y más que evidente el régimen de cumplimiento de la pena de multa”, pero no cometió un delito de prevaricación dadas las “singularidades del caso”.

“Los hechos no admiten un análisis aséptico y distanciado de la gravedad que encierran”, agrega el Supremo, que destaca que posiblemente el LAJ no pasó tiempo detenido “por la profesionalidad esgrimida por los agentes de la Guardia Civil”.