La 'vía catalana' para no poner multas por la ley mordaza a manifestantes pacíficos

La Generalitat de Catalunya ha decidido no esperar a que el Congreso termine los trabajos para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy –conocida como ley mordaza– y ha fijado nuevos criterios de interpretación de la norma para dejar sin sanción conductas pacíficas en manifestaciones o desahucios que hasta ahora podían acabar en multa. El PSC y los sindicatos policiales se muestran contrarios a los cambios.

La nueva perspectiva de la Conselleria de Interior que lidera el republicano Joan Ignasi Elena está basada en las sentencias del Constitucional y de la Justicia europea que otorgan una cobertura más amplia al derecho de reunión frente a su interpretación restrictiva realiza por sus antecesores posconvergentes en la Conselleria. Los cambios no implican que se deje de aplicar por completo la norma, sino tan solo aquellos de sus aspectos que servían para sancionar conductas que, a juicio del departamento, deben quedar amparadas por el derecho fundamental de reunión y manifestación.

En la práctica, aunque se seguirá analizando cada acta que levanten los Mossos d'Esquadra, se busca dejar de sancionar, por ejemplo, manifestaciones no comunicadas que corten una vía, o concentraciones para evitar desahucios en las que se ejerce la resistencia pasiva a los agentes. El límite siempre será que no haya agresión de ningún tipo hacia los agentes o cualquier otro acto de violencia. Tampoco se sancionará a los periodistas que saquen imágenes de los agentes durante una intervención policial.

Además de una interpretación progresista de la aplicación de la norma, los nuevos criterios de Interior para la ley mordaza –que desde hace quince días ya se han distribuido, como recomendaciones, a la cuarentena de funcionarios responsables de incoar los expedientes de sanción una vez recibidas las actas policiales– suponen una respuesta a las preocupaciones de distintos colectivos sociales.

Activistas por el derecho a la vivienda realizaron una llamada de alerta hace unos meses porque desde marzo de 2019 al menos 351 personas han sido denunciados por los Mossos d’Esquadra por participar en concentraciones pacíficas para frenar desahucios. Los fotoperiodistas también criticaron la imposición de una multa de 601 euros a la fotógrafa Mireia Comas por negarse a borrar una fotografía de un control policial en Terrassa (Barcelona) en 2021, sanción que, tras los nuevos criterios, ha sido retirada.

Buena parte de los expedientes sancionadores que ahora se acumulan en el departamento de Interior de la Generalitat –el competente en Catalunya para imponer multas– versan, precisamente, sobre concentraciones pacíficas pero no comunicadas a la autoridad, uno de los extremos sancionables por la ley mordaza que juristas progresistas más cuestionaron. Tras un largo debate, el Constitucional avaló casi todos los artículos de la ley, aunque el propio tribunal avisó de una posible fuente de inseguridad jurídica en la norma: los magistrados anticiparon que sería necesario analizar las circunstancias concretas de cada ciudadano multado que recurriera en amparo las sanciones por haber vulnerado sus derechos fundamentales.

Este es uno de los motivos aducidos por el conseller Elena y la directora general de Administración de Seguridad, Sònia Andolz, para justificar el cambio. “No tenía sentido que una sanción pudiera ser eliminada si se recurría hasta el Constitucional o la Justicia europea, ya que esto solo lo pueden hacer las personas con energía y recursos económicos”, ha argumentado el conseller en un encuentro con la prensa este viernes en el Col·legi de Periodistes. “Ni se deja de aplicar toda la ley ni se llama a la revuelta. Lo que no tiene sentido es aplicar de forma restrictiva una ley que ya lo es de por sí y que concibe la seguridad de una forma muy tradicional. La sociedad no lo entiende, y menos en momentos de crisis social”, ha aseverado Andolz.

Otro de los cambios es que los funcionarios que incoarán los expedientes sancionadores ya no dependen de la Dirección General de la Policía, sino de la Dirección General de Administración de Seguridad. Se busca así que todo el proceso administrativo –desde el acta que escribe un mosso a la imposición de la sanción– no quede en el mismo departamento. “Hasta ahora lo hacía todo la Policía, es elemental separar el procedimiento, igual que el juez instructor no es el mismo que el tribunal que juzga”, ha incidido Elena.

Elena devuelve las críticas al PSC

La posibilidad de cambios en la aplicación de la ley mordaza ya generó las críticas del primer partido de la oposición. Hace unas semanas el diputado del PSC-Units Ramon Espadaler ya afeó a Elena que los cambios “ponen a los funcionarios en la tesitura de obedecer al Govern o cumplir la ley”. El conseller comparecerá el próximo 4 de mayo en el Parlament para hablar sobre la nueva interpretación, pero ya ha querido empezar devolver los golpes a los socialistas este viernes. “El PSC tiene una obsesión con aplicar la ley mordaza, es el partido del Estado que más la defiende pese a los trabajos en el Congreso y el discurso del Gobierno”, ha lanzado Elena.

A quienes tampoco gustan los cambios es a los sindicatos de Mossos d'Esquadra. “Necesitamos una garantía jurídica en el ejercicio de nuestras funciones, y no se puede contradecir una norma estatal con criterios políticos”, lamenta Imma Viudes, portavoz de la central SAP-Fepol. “Claro que no se debe ir contra los derechos de la ciudadanía, pero tampoco se puede someter a la Policía a no aplicar y desobedecer una ley en vigor”, agrega Viudes, que alerta del riesgo de “exponer más” a los agentes en situaciones de tensión en la calle.

Para Albert Palacios, de la USPAC, los cambios responden “a un triste pacto con la CUP para continuar en los sillones”, y advierte de que dejan a los agentes “totalmente desprotegidos”. “Pero luego bien que llaman a los Mossos para proteger la sede de Educación o de ERC durante la huelga de profesores”, apostilla. Ambos representantes sindicales también critican a la Conselleria por haber introducido los cambios sin consultar a las centrales.