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La Justicia de Castilla-La Mancha da por bueno el proyecto Puy du Fou Toledo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha rechaza el recurso de la plataforma 'Queremos saber la verdad sobre el Puy du Fou' para paralizar las obras

Lo ha dado a conocer la Consejería de Fomento a la que le acaba de ser notificada la decisión del Alto Tribunal en un auto

“Se ha demostrado que el Tribunal no observa ningún tipo de disfunción, ni de vicio, en la actuación Administración regional a la hora de tramitar este proyecto"

Uno de los espectáculos de Puy du Fou Francia

Uno de los espectáculos de Puy du Fou Francia Foto: puydufou.com

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha acordado que “no ha lugar a la suspensión del acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de Castilla-la Mancha y otros organismos, para la puesta en marcha de las obras del Proyecto de Singular Interés (PSI) del Parque Temático Puy Du Fou en Toledo”, en un auto que este viernes ha dado a conocer la Consejería de Fomento, y que da respuesta al recurso planteado por la plataforma ciudadana 'Queremos saber la verdad sobre el Puy du Fou', pidiendo la paralización del proyecto como como medida cautelar.

El Gobierno regional se ha mostrado "muy satisfecho" tras conocer el auto del Alto Tribunal castellano-manchego.  La Consejería de Fomento, a través de los servicios jurídicos, ha recibido este mismo viernes dicho auto, que desde la Dirección General de Planificación Territorial y Sostenibilidad se valora de forma "muy positiva".

Explican que el auto del Tribunal “viene a decir que no se puede poner en duda en ningún momento el proceso”, ha dicho el director general, Javier Barrado, quien ha añadido que “estamos ante una decisión crucial para el proyecto porque, de haber admitido estas cautelares, se habrían paralizado las obras de Puy du Fou y podría haber decaído esta importantísima iniciativa para la capital regional”. 

El primer argumento que esgrime el TSJCM para no aceptar este recurso, como ha explicado Barrado, es que no existe peligro en el retraso, es decir, el propio proyecto recoge un plan de restauración del terreno, lo que se traduce en varios informes medioambientales del Gobierno regional que lo sustentan. Y es que, abunda, el propio Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque contempla que, cuando se desmantele éste, hay un plan para desmontarlo y la obligación de dejar el terreno en sus circunstancias naturales. 

“Esta es la base para rechazar las medidas cautelares que han pedido los recurrentes porque, el Alto Tribunal deja claro que, el propio proyecto, en caso de tener que parar las obras en algún momento determinado, se podrá restablecer el terreno y además en las condiciones medioambientales que tenía”, ha indicado el director general.

Hay que recordar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue favorable y que en el proyecto se han tenido en cuenta todas las medidas compensatorias que se reflejaban en dicha DIA.  En palabras de Barrado, “este auto vuelve a dar la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha porque hay que recordar que ya desestimó, en primer lugar, las medidas cautelarísimas que pretendían la suspensión del proyecto, y hoy nos vuelve a dar la razón ante las cautelares que volvían a exigir los recurrentes”. 

Al auto recoge el aval de todas las administraciones implicadas 

Como ha explicado, además, el TSJCM "quiere decir en su auto que el PSI ha pasado por todas las administraciones (estatal, autonómica y local)". Además, la motivación al ser avalada por la Administración autonómica se presume válida y le dice a los demandantes que presenten argumentos más sólidos para poder parar el proyecto, es decir, que no ve ninguna apariencia de mal derecho que le lleve a paralizarlo. 

“Se ha demostrado que el Tribunal no observa ningún tipo de disfunción, ni de vicio, en la actuación Administración regional a la hora de tramitar este proyecto. Que la tramitación llevada a cabo a través de la Consejería de Fomento y del resto de Consejerías de la Junta (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural), supone la pluralidad de participación de las administraciones y que su tramitación ha sido escrupulosa y ha revestido al procedimiento de todas las garantías”. 

También viene a decir este auto que la participación de la sociedad está garantizada en el procedimiento y que, por tanto, los argumentos de los recurrentes, en este caso las organizaciones ecologistas, “han sido tan mínimos que no son importantes”. 

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