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La Audiencia de Castellón frena el juicio con jurado por blanqueo de capitales a la antigua mano derecha de Carlos Fabra

Francisco Martínez, a la derecha, junto con Carlos Fabra.

El juicio contra la antigua mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón se tambalea. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha estimado los recursos de Francisco Martínez, exalcalde de la Vall d'Alba, de su hija Andrea y del empresario Raúl Babiloni contra el auto dictado por el instructor de la causa que los enviaba a un juicio con jurado. Los tres han sido investigados por las compras de terrenos en la localidad castellonense para supuestamente revenderlos tras la pertinente recalificación (en algunos casos por cinco veces su precio).

Las fincas de quien fue la mano derecha de Carlos Fabra: las vendía por cinco veces su precio de compra tras recalificarlas en dos días

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El auto de la Audiencia Provincial de Castellón pide con contundencia la nulidad de la resolución del juez instructor para que "sin más dilación" dicte un nuevo auto de procedimiento abreviado "que contenga una relación de hechos punibles" o, por el contrario, el sobreseimiento de la causa. La sección segunda ya reprochó a la primera instructora que no se detallaba la motivación de no dictar el sobreseimiento de la causa. Los magistrados de la sección segunda estiman que no hay "una exposición precisa de hechos punibles" y destacan la "falta de motivación" ante los alegatos de las defensas en referencia a la "ausencia de indicios de criminalidad".

El segundo instructor, el juez Jacobo Pin, tampoco añadía más indicios de los presuntos delitos de uso de información privilegiada ni del blanqueo de capitales. "Es evidente", señala el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, que "no se da cumplimiento a lo ordenado por esta Audiencia Provincial". Al contrario, "insiste en argumentos ya desautorizados (repetidamente) por este tribunal", añade.

El auto sostiene que hay una "absoluta indeterminación temporal" y recuerda que toda la imputación "se articula a partir del supuesto uso de información privilegiada" por parte del entonces alcalde de la Vall d'Alba, el popular Francisco Martínez. Sin embargo, en la resolución del instructor que lo enviaba a un juicio con jurado "no se precisa" la información privilegiada "de carácter concreto" que habría usado el primer edil y entonces vicepresidente de la Diputación de Castellón. Martínez "tendría conocimiento exclusivamente por razón de su oficio o cargo público" sin que la instrucción haya permitido detallar "ni cómo ni cuándo habría sido usada".

"Bastantes de las fincas relacionadas son adquiridas en circunstancias que no permiten atisbar un componente de sospecha (...), sobre las que no se ha hecho actuación alguna tras su adquisición y sobre las que no se ha hecho comprobación pericial alguna acerca de su valor de adquisición y actual", señala el auto. 

La Audiencia Provincial de Castellón recuerda que un "voluminoso" tomo de la causa contiene información registral sobre casi setenta fincas del presunto entramado del exalcalde y el empresario. Sin embargo, el juez instructor "no precisa los hechos presuntamente delictivos cometidos en relación con cada una de las fincas que enumera". "Las circunstancias y las actuaciones sobre cada finca son muy distintas", apostilla.

El empresario alega que se dedica a "ganar dinero"

El auto acepta prácticamente todo el argumentario del exalcalde del PP y del empresario y aboca la causa a un más que probable sobreseimiento. La defensa del constructor Raul Babiloni considera que la adquisición de los terrenos obedece a "operaciones mercantiles frecuentes y habituales" ya que "su actividad es la de comprar y vender fincas y ganar dinero". 

El exalcalde alega una "grave indefensión" y considera que la "única resolución posible" es el sobreseimiento de las actuaciones. Además, "cualquier presunta conducta delictiva habría prescrito" y los acuerdos adoptados "por unanimidad" en la Junta de Gobierno del consistorio contaban con los "correspondientes informes técnicos". Martínez también sostiene que ni la querella inicial ni el auto de incoación de diligencias previas aluden al presunto delito de blanqueo de capitales. La hija del exalcalde, que acabó trabajando en la empresa del constructor, argumenta que las operaciones de compra y venta de las fincas "carecen de relevancia penal o, en el peor de los casos, estarían prescritas".

Los tira y afloja entre el Juzgado de Instrucción número 4 y la sección segunda de la Audiencia de Castellón se remontan a hace más de tres años cuando la magistrada anterior ya recibió un reproche inicial. El siguiente sustituto en el juzgado, Jacobo Pin, optó finalmente por rechazar las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE, y dictar un auto que ponía a los investigados al borde del banquillo ante un tribunal del jurado. El nuevo varapalo de la Audiencia de Castellón le tocará resolverlo a otro magistrado ya que Pin optó a un concurso voluntario para un juzgado de lo social en Cuenca.

Los negocios del exalcalde de Vall d'Alba

El informe de la Unidad de Policía Judicial incorporado a la causa detalla las fincas adquiridas por el expolítico del PP y su socio promotor en la localidad castellonense a través de varias mercantiles poco antes (en ocasiones apenas unos días) de la presentación de los programas urbanísticos del Plan Parcial Residencial Pla de Parc, del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Mas de Lluna y de la ampliación del casco urbano de Vall d'Alba.

El juez Jacobo Pin detectó durante la investigación sobre el presunto enmascaramiento del patrimonio de Carlos Fabra que el expresidente de la Diputación de Castellón tenía en propiedad terrenos colindantes con los de su entonces número dos, Francisco Martínez.

La Policía destacaba que el exalcalde, conocedor del contenido de los programas urbanísticos, habría adquirido a través de una sociedad a nombre de su hija terrenos "para luego lucrarse con su venta por un precio muy superior" a Calviga SA, una promotora de Lubasa. Esta firma, "por sus contactos" con el alcalde del PP, "conocía de antemano o tenía la seguridad" de que los programas urbanísticos los iba a aprobar el gobierno municipal liderado por Francisco Martínez.

El auto de la Audiencia Provincial de Castellón describe a Lubasa como una "empresa experimentada dedicada a la promoción inmobiliaria (...) integrada en un grupo empresarial grande (...) y que tenía casi 300 PAI" en todo el territorio valenciano. Francisco Martínez, según la instrucción, intervino en "numerosas compraventas", tanto en su condición de alcalde como de particular, con la filial de Lubasa (una de las financiadoras del PP).

El exalcalde reconoció en su declaración ante el juez que era socio de varias empresas que adquirieron las fincas pero negó que conociese que los terrenos estuvieran afectados por un plan urbanístico.

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Publicado el
12 de octubre de 2021 - 06:30 h

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