Batalla parlamentaria por la investigación de los sobrecostes en la construcción de colegios en la época del PP
Casi un año después de que se aprobara crear la comisión, este lunes se han reunido los diputados para aprobar el plan de trabajo que investigará los sobrecostes de 1.000 millones de euros en la construcción de colegios. Todavía no ha comenzado la investigación y a juzgar por la tensión de los procedimientos, los representantes de los partidos ya han ofrecido un aperitivo de lo que será la comisión de Ciegsa.
La situación es algo engorrosa para la formación popular, ya que la investigación parlamentaria apunta directamente a la gestión de este partido y en los tribunales se investiga la presunta financiación ilegal del partido a través del cobro de comisiones -la trama del 3%-. Ello los convierte en “juez y parte” de la causa, según el resto de diputados.
A juzgar por los planteamientos, PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos están bastante de acuerdo en la línea de la investigación. Los partidos consensuaron su plan de trabajo el pasado octubre, en el que solicitan las comparecencias de los expresidentes de la Generalitat Alberto Fabra y Francisco Camps -Eduardo Zaplana, bajo cuyo mandato se creó la empresa Ciegsa, no ha sido citado-, así como de responsables de Educación del Consell, directivos de la empresa y cargos del PP actualmente en activo.
El PP presentó el mismo día un plan alternativo en el que pedía comparecencias de consejeros y directores de Ciegsa, constructores de los 30 centros investigados por la Intervención de la Generalitat, redactores de los proyectos de obra, incluso de Ximo Puig, actual president de la Generalitat, en calidad de exalcalde de Morella, donde Ciegsa construyó un colegio y el de Vicent Marzà, conseller de Educación, para que explique por qué el Gobierno sigue contratando con dicha empresa.
Un mes después de hacer públicos los planes, se ha reunido la comisión para aprobar el itinerario de trabajo. En la sala se ha hecho notar la tensión que existe en torno a esta investigación, cruce de acusaciones incluido. El PP recrimina que el resto de partidos ya tiene las conclusiones elaboradas sin haber comenzado a investigar y de utilizar un consenso ficticio como excusa para legitimarse: “les hemos llamado durante varias semanas para acordar un plan de trabajo y no nos respondido”, ha dicho Jose Juan Zaplana, portavoz popular. Desde Podemos niegan la llamada. Desde el PSPV consideran que “sacan los fuegos artificiales”, en referencia al tono.
Por su parte, el resto de partidos acusa al PP de querer boicotear la investigación dada la ingente cantidad de documentación que solicitan -informes demográficos, contratos de aulas prefabricadas, relación de obras en fase de ejecución, adjudicación y licitación, alumnos escolarizados por municipios desde 1983-.
Siguiendo la comisión, el PP ha defendido que “los sobrecostes no son un delito”, a lo que el PSPV ha replicado que esa cuantía -1.000 millones de euros- “genera sospecha”. “Ciegsa no es Imelsa”, ha enunciado el PP, que ha preguntado en tono acusador: “¿ha servido Divalterra para financiar el PSOE?”. Los diputados se han peleado hasta por el tiempo de réplica que correspondía a cada portavoz.
Tras un bronco receso, se ha aprobado el plan de trabajo que incorpora algunas peticiones del PP. Se reduce el volumen de expedientes a los 30 investigados por la Intervención de la Generalitat, se elimina la comparecencia del president Ximo Puig -aunque sí se investigará el colegio-, y se reducen algunas comparecencias, como las de los directores de obra a 6 personas.
La lista del plan de trabajo presentado por PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos cuenta con 62 nombres, de los cuales una cuantía sustancial es de altos cargos y responsables del PP, muchos de ellos en activo y otros investigados en Imelsa. Comparecerán exconsellers de Educación como Esteban González Pons (actualmente portavoz del PP en el Parlamento Europeo), Alejandro Font de Mora (vicepresidente segundo de les Corts, implicado por Benavent en el reparto de comisiones en el caso Imelsa), Maria José Catalá (ahora diputada autonómica) y José Císcar. También se ha solicitado la comparecencia de responsables de la Diputación de Valencia como Alfonso Rus, Marcos Benavent (el 'yonki del dinero'), así como secretarios autonómicos de Hacienda y Educación, como Beatriz Gascó, actual diputada autonómica.
Se trabajará, según explicaron los portavoces, en base a los informes de la Sindicatura de Cuentas, que en sus primeros trabajos ya apuntaba a sobrecostes en la construcción de colegios y a irregularidades en la contratación. También se utilizarán los los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y los informes de la Abogacía General de la Generalitat en relación a Ciegsa emitidos entre los años 2001 y 2014.
Una vez llegue la documentación solicitada a les Corts -aproximadamente en un mes-, volverá a reunirse la comisión para aprobar el calendario de trabajo.
