Castellón estará regulado por un PGOU antes de que finalice la actual legislatura
“Objetivo cumplido con creces”. Esa es la valoración de la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, para resumir el primer año del bipartito (PSPV-PSOE y Compromís) al frente del Ayuntamiento de Castellón, con el respaldo de su socio CsenMov. Desde la salida del Partido Popular, que acumulaba 24 años como responsable de la gestión local, el nuevo equipo de gobierno suma más de 250 acciones, que se traducen en un superávit histórico de 22,6 millones de euros, reducción del endeudamiento municipal (del 80% al 50%) o de un ahorro de 10 millones de euros en cuanto a pagos de amortizaciones e intereses a entidades financieras.
La exposición de cifras delata uno de los principales desafíos para la actual legislatura. Las inversiones en bienestar social, empleo o vivienda ponen de manifiesto que la ciudad sienta las bases “para sufrir un gran cambio antes de 2019”, según puntualiza Marco. Y esa transformación se llama Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Castellón lleva desde 2008 sin tener un marco jurídico que permita su desarrollo urbanístico. Hasta mayo de 2015 el PP trató de esquivar con alegaciones una sentencia inicial del Tribunal Supremo que declaraba “nulo de pleno derecho” su modelo, fallo que posteriormente fue ratificado en 2013 al rechazarse los recursos presentados por el ayuntamiento y la Generalitat. Curiosamente, el entonces jefe del Consell, Alberto Fabra, había intensificado la batalla judicial cuando ejercía como alcalde de la ciudad y su segundo, como concejal de Urbanismo, era el actual presidente de la diputación, Javier Moliner.
Ese vacío legal ahuyenta a los inversores interesados en impulsar proyectos basados en el ladrillo. De ahí que la obsesión del equipo de gobierno resida en aprobar un PGOU cimentado, además, en el consenso ciudadano a través de la participación de las diferentes asociaciones vecinales. “Lo único que pretendemos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y poner a Castellón en el mapa de lo positivo”, recalca la alcaldesa.
En este sentido, y como subraya el vicealcalde, Enric Nomdedéu, se han destinado 1,7 millones de euros en la modernización de la estructura organizativa del consistorio. Con ello, se pretende agilizar y mejorar el serivicio a los ciudadanos en la tramitación de documentos. “Queremos rediseñar y delimitar las funciones de los empleados públicos para acabar con la desorganización que existía con el PP. No era normal que, por ejemplo, se cruzaran tres departamentos diferentes para atender una petición vecinal”, explica.
