Castelló en Moviment ya denunció en 2018 a Antifraude las irregularidades del secretario de la Cámara de Castelló

El 29 de marzo de 2018, Sergi Salvador, entonces asesor del grupo municipal de Castelló en Moviment, con cuatro concejales, atiende una llamada anónima. Se trata de un hombre que asegura haber trabajado en la Cámara de Comercio de Castellón y le pone sobre aviso de un par de asuntos que considera irregulares. El primero es que Jesús Ramos Estall, secretario de la Cámara se adjudica, a través de sus empresas, los mejores contratos que la entidad saca a licitación. Y, acto seguido, le sugiere investigar quién está detrás de la delegación valenciana de Andersen Tax&Legal, la consultora contratada por la Cámara para realizar un informe sobre los impactos en la economía local del polémico Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), encargado desde el Ayuntamiento de Castellón por 21.780€. El informante anónimo le comunica a Salvador que detrás de Andersen habría gente vinculada estrechamente al Partido Popular, por lo que duda de la imparcialidad de un documento que, además, Castelló en Moviment denunció que había sido plagiado un 60% de varios artículos publicados en internet.

Salvador consulta el Portal de Transparencia de la Cámara y constata que, efectivamente, las licitaciones más cuantiosas han ido a parar a dos empresas que Ramos administra junto a su esposa, María Soledad Miravet. Se trata de las mercantiles Adade Castellón SL y Jesús Ramos Abogados SL. En 2014, año en que Ramos llegó a la Cámara como asesor externo, facturó, a través de Adade Castellón SL, 52.000€ por la “contratación del servicio de asesoramiento jurídico, financiero, contable, fiscal y laboral”, que fue renovando sucesivamente en 2015 (66.000€), 2016 (72.000€) y 2017 (150.000€). A estos 340.000€ se añaden los 35.500€ que Jesús Ramos Abogados SL ingresó en 2017 por la “contratación de los servicios jurídicos para la asistencia letrada en representación de la cámara”.

“Parecía un secreto a voces”, recuerda Salvador sobre la sensación que le produjo la llamada anónima con el relato de las presuntas anormalidades en la Cámara, por lo que, desde su grupo decidieron comunicarlas a la Agencia Valenciana Antifraude. Junto a los datos por el supuesto plagio del informe sobre el CETA, Salvador incluyó los tres contratos a empresas de Ramos desde 2016, año en que fue nombrado secretario general en funciones, y que alcanzaban 257.500€. Salvador explica que al mes recibió la primera y única respuesta de Antifraude: habían iniciado un análisis del caso y solo volverían a ponerse en contacto en caso de archivar la investigación.

Ramos y Miravet, investigados

La siguiente denuncia a Antifraude, casi un año después, el 22 de mayo de 2019, es la que ha llevado a los tribunales a Ramos y Miravet una vez que el juzgado de instrucción número 5 de Castellón iniciara, el pasado mes de febrero, diligencias por los presuntos delitos de prevaricación y corrupción entre particulares. Su denunciante, que goza del estatuto de protección de Antifraude desde el 18 de octubre de 2019, se negó a firmar el último contrato a Adade Castellón SL, por un máximo de 156.000€, al no querer validar un presunto ilícito contra la ley valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. En base a esta normativa, Ramos no podría ejercer como secretario general, máximo garante de la legalidad en la corporación, y, al mismo tiempo, permitir que ésta adjudique contratos a sus propias empresas, por cuestiones además, las de tipo jurídico, implícitas entre las funciones del secretario.

Por su parte, Natxo Costa, subsecretario de Economía Sostenible, organismo público que tutela las cámaras, niega que Ramos sea cargo público, “lo eligen los empresarios”, a pesar de que fue la propia conselleria quien permitió a Ramos compaginar su trabajo como secretario, por tres horas diarias y un suelo de 60.000€ anuales, con el desempeño en las empresas que han acabado adjudicándose los mejores contratos de la Cámara. Costa confía en que la causa judicial de Ramos y su esposa, que comparten cuatro empresas con un patrimonio neto de 5,5 millones, acabe archivándose. “Estamos tranquilos, creemos que no hay ninguna ilegalidad”, asegura. Tampoco cree que existan irregularidades en el despido de la trabajadora denunciante pese al estatuto de protección de Antifraude, estar de baja por depresión y haber sido elegida delegada sindical el pasado 15 de enero, lo que ha llevado a Comisiones Obreras a denunciar a Ramos por despido improcedente. “Tutelamos, pero no mandamos dentro de la Cámara, que es soberana para contratar o cesar a quien quiera”, observa Costa.