El CGPJ reconoce un “funcionamiento anormal” de la Justicia en el víacrucis de un exdirector general valenciano detenido y absuelto

Un “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”. Así define el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el víacrucis sufrido por el letrado Francisco Serrano Martín, director general en algunos de los gobiernos socialistas de la Generalitat Valenciana que presidió Joan Lerma, detenido en una operación del Servicio de Información de la Guardia Civil contra una supuesta trama de estafa a inmigrantes y libre de cargos ocho años después.

Serrano estuvo en prisión provisional durante 39 días, acusado por los presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, cohecho y asociación ilícita, y su calvario judicial duró ocho años. El abogado estuvo en el centro penitenciario de Picassent desde el 18 de mayo hasta el 25 de junio del 2010, periodo en el que sufrió un episodio de hipertensión del que tuvo que ser atendido.

Ocho años después, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Finalmente, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valenciana corrigió al instructor y declaró, en un auto del 18 de diciembre del 2018, el sobreseimiento libre.

El letrado, especializado en materia de extranjería, estaba acusado de agilizar expedientes de regulación para obtener permisos de trabajo que falsificaba la banda desarticulada. El problema es que era inocente. Así, Serrano interpuso una reclamación de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. “Es sobre todo por un tema moral, un último reconocimiento del fallo que cometieron”, explica Serrano en una conversación telefónica con elDiario.es. 

El certificado de la Comisión Permanente del CGPJ destaca que el auto de sobreseimiento libre de la causa “reconoce expresamente la absoluta inexistencia de participación en lo delitos objeto de investigación”. El letrado reclama una indemnización por los 39 días que pasó en prisión preventiva de 956,67 euros. “Por supuesto es un resarcimiento moral, esto no tiene reparación”, dice Serrano. “Es el reconocimiento de la tropelía por parte de una jueza que me jodió la vida y de una actuación interesada de la Guardia Civil”, agrega.