Víacrucis de un imputado: tres semanas de cárcel y 8 años después, libre de cargos por una trama en la que no estuvo
Pasó tres semanas en la cárcel de Picassent, donde sufrió un episodio de hipertensión del que tuvo que ser atendido, tras ser detenido en mayo de 2010 en una operación contra una trama que estafaba a inmigrantes en la tramitación de documentos falsificados, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet (Valencia) a iniciativa del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Ejercía entonces como abogado especializado en extranjería y le acusaron de agilizar expedientes de regulación para obtener permisos de trabajo que falsificaba la banda desarticulada, “a cambio de una compensación económica”, mediante su entrega directa en la Subdelegación del Gobierno, “sin necesidad de conseguir la obligatoria y correspondiente cita previa”.
Ocho años después, se han archivado los cargos contra él porque, según la fiscalía, “no ha resultado acreditado que el mismo facilitara o recibiera, a sabiendas de su falsedad, documentación alguna presuntamente falsa y, en consecuencia, tampoco resulta acreditado que el mismo percibiera cantidad alguna por parte de alguno del resto de los investigados”. Añade el fiscal que, en todas las declaraciones de testigos y pruebas documentales, “se reconoce desde un primer momento que las cantidades que se percibían eran las acordadas por la tramitación de este tipo de asuntos de forma ordinaria, por la gestión realizada ante la Administración, dada su condición de letrado en la especialidad de extranjería”.
Francisco Serrano Martín fue director general en algunos de los gobiernos socialistas de la Generalitat Valenciana que presidió Joan Lerma, y era la persona más conocida de las que fueron detenidas en 2010. Ser apartado del PSPV-PSOE y del cargo de secretario de la Fundació Societat i Progrés, vinculada al partido, fue la consecuencia inmediata. “Sabía que no había hecho nada”, comenta al recordar los días en la cárcel, de la que solo pudo salir en libertad provisional sin fianza con la obligación inicial de comparecer cada 15 días que posteriormente le fue también levantada. No sabía entonces que su víacrucis judicial se prolongaría durante más de ocho años.
“Ha tenido que llegar un fiscal que se lo ha leído”, exclama sobre el desenlace de su caso este septiembre de 2018. Serrano explica que, más que “dilaciones indebidas”, lo que ha ocurrido es que el caso ha permanecido en el juzgado de Carlet, donde se mantuvo la causa tras rechazarse la propuesta de la defensa de trasladarlo a un juzgado de Valencia, sin que se hayan producido actuaciones durante varios años.
“El fiscal se ha basado para pedir el sobreseimiento provisional en declaraciones y pruebas documentales que se habían realizado seis años antes”, enfatiza con tristeza. Junto a la suya han sido archivadas las imputaciones de más de la mitad de los cerca de 70 investigados, entre los que figuraba una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno y algunas personas de origen magrebí.
“Es cierto que había una banda que operaba en la comarca de La Ribera, eso lo he sabido después, en la que participaban algunos empresarios e intermediarios de origen marroquí. Estafaron a un magrebí y denunció la estafa. Pero ni la funcionaria de la Subdelegación ni yo teníamos nada que ver”.
Tras dictarse el auto de procedimiento abreviado en mayo de 2016, Serrano vio rechazadas hasta en tres ocasiones sus peticiones de archivo por “falta de motivación” en las imputaciones que se le hacían. La última, el pasado mes de junio. La intervención del fiscal, en una diligencia de agosto pasado en la que pidió el sobreseimiento, propició el auto del 20 de septiembre que archiva la investigación a 39 de los imputados.
“Me he sentido en una situación de indefensión absoluta y de impunidad jurídica absoluta”, se queja Serrano, que no ha podido en ese tiempo reingresar a su plaza de letrado por oposición en la Sindicatura de Comptes, organismo fiscalizador de la gestión económica de la Generalitat Valenciana.
“Ineficacia, ineficiencia, incompetencia, algunas dosis de frivolidad, falta de medios humanos y materiales, irresponsabilidad, banalización de los efectos sobre terceros, tendenciosidad policial en los atestados, inexperiencia de los jueces y fiscales en los juzgados mixtos [que atienden los casos civiles y penales] como el de Carlet”, desgrana Serrano cuando se le pregunta por las causas de lo ocurrido. Su abogado prepara una reclamación económica. Será por el “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y de la Guardia Civil”, concluye.
