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El Consell reclama sueldos indebidos que el PP pagó en empresas públicas

Un instante de la concentración en repulsa de los atentados de Bruselas en el Palau de la Generalitat.

Adolf Beltran

“Al cierre de 2014 ascendían a 93.000 euros las retribuciones que se pagaron indebidamente sin el visto bueno de la dirección general de Presupuestos”. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, solo ha cuantificado la cifra correspondiente a irregularidades en el abono de salarios, pero ha explicado este miércoles, al término del pleno del Consell, que el informe de auditorías de la Intervención General sobre el sector público empresarial y fundacional correspondiente al ejercicio de 2014 ha revelado irregularidades en la páctica totalidad de las entidades analizadas.

Así, en el último ejercicio completo del PP en el gobierno autonómico, sobre las 35 entidades, empresas y fundaciones auditadas, se señalan incumplimientos como el fraccionamiento de contratos, el abuso del procedimiento negociado sin publicidad para otorgar adjudicaciones o el pago de salarios sin autorización. Oltra ha anunciado que el Consell va a iniciar gestiones para reclamar la devolución de las cantidades pagadas irregularmente. En el caso concreto de los sueldos, si no se recupera ese dinero de quienes lo cobraron, ha advertido de que la Generalitat irá contra los responsables políticos que los abonaron “a través de un procedimiento de alcance en el Tribunal de Cuentas”.

La vicepresidenta, que no ha descartado recurrir a la justicia penal contra los responsables si lo ve posible la Abogacía de la Generalitat, ha añadido que los datos refuerzan “la necesidad de una Ley del Sector Público”, que el Consell que preside Ximo Puig tiene intención de enviar a las Corts Valencianes a lo largo de este año.

Aparte de las salvedades que la Intervención ha puesto a las cuentas de la mayoría de las empresas, entidades y fundaciones, destaca en el informe de 2014 el hecho de que el auditor haya rechazado emitir opinión sobre tres entes: la empresa del aeropuerto de Castellón Aerocas, porque no se ha justificado la rentabilidad de la infraestructura; la Ciudad de la Luz, que debe ser subastada tras la resolución de la UE que declaró que su construcción con dinero público vulneró las reglas de la libre competencia, y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, de la que depende Ciudad de la Luz, pero que también destinó 25,9 millones de euros a proyectos sobre los que no se ha hecho inversión alguna, como la Ciudad de las Lenguas y el Centro de Convenciones de Castellón.

Por otra parte, el Consell ha aprobado el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Gobierno de repercutir al actual Ejecutivo valenciano la multa de 18,9 millones de euros de la Unión Europea por manipulación del déficit en las etapas de gestión de Francisco Camps y Alberto Fabra como presidentes. “La decisión de endosar la sanción al actual Gobierno de la Generalitat por la gestión del anterior Consell es claramente contradictoria a los intereses de los valencianos”, ha alegado Oltra, que ha recordado que las autoridades europeas impusieron la multa al “constatar que los anteriores gobiernos valencianos incurrieron en una manipulación de los datos de déficit al no contabilizar gastos de Sanidad por importe de 1.891 millones, correspondientes al periodo 2008-2011”.

La multa será uno de los aspectos que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abordará con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión que celebrarán el próximo 4 de abril, en la que también se planteará la gestión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Oltra ha reconocido que existe un clima tenso en materia de financiación con el Gobierno central. “No lo hemos generado nosotros”, ha recordado, sino la injusta financiación autonómica y la falta de soluciones. “Somos un Gobierno contundente en la defensa de los intereses de los valencianos”, ha advertido la portavoz del Consell, que también ha matizado que eso no impide que se trate de un Ejecutivo dispuesto siempre al “diálogo”.

Antes de la referencia del pleno, en el patio gótico del Palau de la Generalitat, el Consell, acompañado de diversos cargos públicos, ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por los atentados de Bruselas. Oltra ha leído una declaración institucional en la que se destaca que los atentados suponen “un ataque contra la democracia en el corazón de Europa” y se reafirman “la democracia, la justicia, la paz, la igualdad y la libertad” como “valores universales que hay que defender contra cualquier tentación totalitaria”.

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