Las defensas de los agresores ultras del 9 d'Octubre revientan a última hora el pacto mientras el juez pide “seriedad”

Algunos de los abogados de los neonazis acusados de las salvajes agresiones del 9 d'Octubre del 2017 han reventado a última hora el pacto de conformidad cocinado esta última semana con la Fiscalía y las acusaciones para enfado del presidente del tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha pedido a las defensas “un poco de seriedad” antes de suspender la vista y convocar a las partes para el próximo 4 de marzo de 2024.

El pacto incluía penas de un año y cuatro meses de prisión, además de una responsabilidad civil de 1.700 euros (ya abonada) y el pago de las costas procesales para 25 de los 28 acusados. Otros dos acusados, entre ellos el exlíder de Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, alias El Alfarrasí, aceptaban una pena de un año y siete meses de cárcel. El único que no ha aceptado el pacto ha sido el comunicador fallero José Antonio García Herrero.

La negociación entre las partes, coordinada por el letrado de las defensas Vicente Boluda, se había reactivado la pasada semana, tal como informó elDiario.es. “Había unas conversaciones y un escrito muy adelantado”, afirmó la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert, tras la suspensión de la sesión. De hecho, la vista de este lunes estaba convocada exclusivamente a efectos de un posible acuerdo de conformidad entre las partes.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia arrancó la sesión a las 10 de la mañana. Sin embargo, no fue hasta tres horas más tarde cuando se reanudó (algo habitual en negociaciones de este calibre con 28 acusados y múltiples acusaciones, tanto particulares como populares).

El letrado de José Antonio García Herrero expuso su argumentario, asegurando que su cliente había sufrido una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales y alegando que en la tradicional manifestación progresista de la tarde del 9 d'Octubre hubo “gritos de enaltecimiento de una organización terrorista como Terra Lliure”, disuelta oficialmente en 1995.

Tras la intervención de esa defensa, otro letrado dijo que las penas de alejamiento previstas en el pacto de conformidad suponían “prácticamente el destierro de los acusados de la ciudad de Valencia”. En ese momento, el presidente del tribunal empezó a perder la paciencia. El repentino desencuentro venía a cuenta del alejamiento de 300 metros, tanto de las víctimas de las agresiones como de las sedes de las entidades que organizan cada año la marcha, encuadradas en la Comissió 9 d'Octubre. “Esto ha hecho enfadarse, con razón a mi entender, al presidente [de la Sala]”, relató la fiscal.

La paciencia del magistrado, que había concedido una pausa suplementaria de 20 minutos tras el inicio de la vista, se agotó abruptamente. El juez pidió un “poco de seriedad” a las defensas y convocó una nueva vista para el año que viene. “No podemos empezar a la una menos diez y no sabemos quién se conforma y quién no se conforma”, dijo visiblemente molesto.

Tras la suspensión, uno de los letrados de las defensas reiteró que, con el alejamiento previsto, “prácticamente no se puede vivir en Valencia” (a pesar de que reconoció que su cliente vive en Castelló). “Sabíamos que había un alejamiento pero no como estaba redactado, eso es prácticamente imposible de cumplir para la gente que vive en Valencia”, afirmó.

La fiscal destacó que ese punto en concreto “ya estaba en el acuerdo” originalmente pactado y que, sin embargo, “algunas de las defensas han caído hoy en que no era de su gusto”. El alejamiento figuraba en la negociación desde el principio: “A lo mejor sus clientes han cambiado de idea, no se puede saber”, aventuró la representante del Ministerio Público a modo de hipótesis. Aunque “nunca se puede decir que no hay posibilidades de nuevo acuerdo”, el pacto “queda en el aire”, apostilló la fiscal especializada en delitos de odio.

Las acusaciones: el pacto “se ha esfumado”

Por su parte, Maria Josep Martínez, letrada de las acusaciones particulares y representante de la entidad Alerta Solidària, relató que el acuerdo perfilado “se ha querido apretar un poco por parte de las defensas”. Martínez confirmó que el desacuerdo sobre el alejamiento “no se había planteado antes”. “Ahora mismo no hay acuerdo”, dijo tajante.

La letrada reconoció que “no es fácil” el pacto con las defensas de los neonazis, representados en algunos casos por conocidos abogados de la ultraderecha. “Todo el esfuerzo que habíamos hecho lo repensaremos”, concluyó. En definitiva, el escenario del pacto “se ha esfumado”, dijo la abogada.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas de entre tres y siete años y medio de prisión para los ultras por los presuntos delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas y lesiones, según indica el escrito de conclusiones provisionales. Se trata de un escenario delicado para los ultras a tenor de la abundante prueba que apuntala la acusación, incluyendo material gráfico de las agresiones.

Además, cuatro de los acusados arrastran antecedentes penales y condenas firmes: Vicente Javier Estruch Cortés, alias El Alfarrasí; Vicente Rico Manzanares; Miquel Fabián Gil, condenados por un delito de lesiones, y Bernardo Manzanero Anreus, condenado dos veces por un delito de atentado. 

El conocido neonazi El Alfarrasí, para quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel, llegó a primera hora de la mañana a la Ciudad de la Justicia y se encaró con la concentración antifascista convocada en apoyo a las víctimas de las agresiones del 9 d'Octubre. “Tot el dia plorant, xe” (todo el día llorando, ché), espetó antes de acceder al recinto.

Varias furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se desplegaron durante toda la jornada en los alrededores de la Ciudad de la Justicia. Tras la suspensión de la vista, el acusado salió acompañado por su abogado y otros jóvenes de estética neonazi y se volvió a encarar con la concentración, cuyos participantes corearon lemas como “Fora feixistes dels nostres barris” (fuera fascistas de nuestros barrios). Otro de los acusados, en un rifirrafe con uno de los participantes en la concentración, acabó golpeando a un agente de la UIP. Ninguno de los neonazis fue identificado por la policía.

Identificados varios antifascistas: “Déjeme el DNI”

Sin embargo, los agentes procedieron a identificar a un participante en la concentración, alegando que se había superado la hora comunicada a la Delegación del Gobierno para manifestarse. Se trata de una de las víctimas de las agresiones del 9 d'Octubre y la abogada que ejerce la acusación particular tuvo que interrumpir sus declaraciones ante los medios de comunicación para atender a su cliente.

El responsable del dispositivo policial anunció se le iba a proponer para una sanción: “Esto estaba aprobado hasta una hora, se ha incumplido la hora, a las 12.30 tenían que haber replegado las pancartas y no lo han hecho”. El identificado figura en la causa como una de las víctimas de los ultras. “Yo soy uno de los agredidos y estoy aquí defendiendo mis derechos”, dijo el antifascista. “Me parece muy bien, déjeme el DNI”, contestó el agente.

Poco después, varios jóvenes que habían participado en la concentración también fueron identificados en la calle del Escultor Antonio Sacramento, adyacente a la Ciudad de la Justicia, mientras se dirigían a una parada de tranvía.