El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se pronuncie sobre la ampliación norte del Puerto de València. En respuesta a una queja presentada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret, la institución considera “imprecisa” la contestación que dio en su momento la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental sobre la ampliación del Puerto, recuerda que el pronunciamiento del órgano ambiental “debe de ser concluyente” y solicita, en consecuencia, “un informe en el cual expongo motivadamente su criterio” sobre la cuestión.
La Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret, que forma parte de la Comissió Ciutat-Port, se quejó al Defensor del Pueblo por la pretensión de la Autoridad Portuaria de València de trasladar la terminal de cruceros desde el dique norte a los astilleros de la Unión Naval, junto al barrio de Nazaret. En su escrito, la entidad vecinal destacaba que ese traslado no estaba previsto en el proyecto inicial de ampliación norte del Puerto y, por lo tanto, no estaba amparado por la declaración de impacto ambiental (DÍA) de 2007. La asociación denunciaba que los grandes barcos “son una grave fuente de contaminación atmosférica y acústica” y reivindicaba su derecho “a respirar aire limpio”.
En su respuesta a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret, y después de analizar el informe remitido por la Autoridad Portuaria de València, Gabilondo recuerda que hay que cumplir con el mandato “que el artículo 45 de la Constitución dirige a los poderes públicos, es decir, el de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. En ese sentido, la institución destaca tres elementos que no pueden ignorarse: el tiempo transcurrido desde la evaluación ambiental del proyecto (2007), el hecho que las obras todavía no se han ejecutado totalmente y, además, que el proyecto inicialmente evaluado ha sido modificado.
Por lo tanto, según ha informado la entidad vecinal, el Defensor del Pueblo asegura que, para cumplir con el mandato constitucional, hace falta un “pronunciamiento concluyente” sobre dos cuestiones: si los elementos y las condiciones sobre los cuales se efectuó la evaluación ambiental continúan siendo los mismos, y si las modificaciones introducidas en el proyecto pueden generar nuevos impactos, lo cual haría necesaria alguna clase de evaluación reglada o la modificación de la DÍA. La institución, aunque admite que “la legislación hace descansar gran parte del peso de la evaluación ambiental sobre el promotor del proyecto y sobre el órgano sustantivo”, señala que “el órgano ambiental no puede permanecer pasivo ante el alcance de las modificaciones introducidas”.
La Comissió Ciutat-Port reclama la paralización de la ampliación norte por el gran impacto que tendrá sobre toda el área metropolitana de València (movilidad, contaminación...) y sobre el parque natural de la Albufera y las playas del sur de la ciudad.