La doble condena de Daniel, “preso” en su casa sin ascensor y rehén de una hipoteca

Daniel Agulló lleva tres semanas viviendo con su suegra en Santa Pola, localidad costera a la que acuden cada verano decenas de miles de ilicitanos para tratar de esquivar el calor de la ciudad. En su caso, no ha acabado allí con su mujer y su hijo por una cuestión vacacional sino por “fuerza mayor”. Llevaba cuatro años atrapado en su vivienda de Elche, un tercero sin ascensor en el barrio de El Raval.

Este extécnico de mantenimiento de elementos de detección y extinción de incendios en el aeropuerto de Alicante había perdido la movilidad de la pierna derecha por una hernia que se calcificó en parte del disco de la médula. Entonces lograba bajar a la calle al menos dos veces por semana. Pero llegó el pasado 16 de febrero y la parálisis se extendió a la pierna izquierda. Había quedado postrado en una silla de ruedas y ya no había forma de bajar o subir sin ayuda.

“Tengo 42 años; me queda mucho por hacer en la vida pero encerrado no puedo hacer nada”, se lamenta. “Psicológicamente me está afectando mucho, por ejemplo, las horas que me he perdido de jugar con mi hijo [de seis años] en el parque”, añade.

Desde que iba con muletas había intentado convencer a los 11 vecinos del piso de la importancia de instalar un ascensor. Logró solo tres síes, el de una pareja de edad avanzada que vive en el primero o el del ático que no ponía pegas a pagar su parte de la reforma. Una reforma cuyo proyecto se había encargado de redactar el propio Agulló, que también había sido técnico ascensorista.

Pensando en reducir al máximo la afectación de las propiedades, la reforma para instalar un ascensor pasaría por detraer una parte de la superficie de las viviendas. Así halló “la solución más justa”, que pasaba por “coger los mismos metros de cada casa”, unos 70 centímetros de ancho por un metro y medio de largo, “lo que viene a ser el tamaño de un armario empotrado”, explica “por lo que el que tiene una habitación no la pierde, la mantiene, igual que el salón”.

Los ocho vecinos restantes le contestaron que no. “Mi intención es que todos pagaran su parte proporcional”, dice, de un importe que ascendía a 72.000 euros en total. “Saliamos a 5.000 euros y poco, restándole las ayudas”, y con una financiación de hasta 9 años, “se quedaba a 3 euros al mes por familia”, concluye. Al final piensa que sus vecinos no han querido pagar no porque no tengan dinero, “sino porque no quieren”.

La negativa de la mayoría de los inquilinos le ha llevado a juicio pero, lejos de salir victorioso como pensaba, el juez de primera instancia ha resuelto que Daniel puede dar la orden para instalar el ascensor siempre y cuando sufrague casi la totalidad de la obra, ya que la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 10.1.b establece que solo puede exigirle a los vecinos 12 mensualidades en forma de derrama.

Daniel piensa recurrir la sentencia porque considera que no se ha tenido en cuenta el Real Decreto de 2013 que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, por el cual se obliga a eliminar los obstáculos que pueda haber. El fallo de la Justicia, en la práctica, significa que este ilicitano acabaría sufragando 68.000 euros, más del 90%. “Y no estoy dispuesto a pagarlo yo y que lo utilicen todos los que se han negado”, aduce.

Hipoteca

Preguntado por las opciones que le quedarían y si ha pensado en vender la casa para poder irse a otra que responda a sus condiciones, Agulló tira de ironía. “No puedo, vuelvo a estar atrapado y encima seguiría pagando mi cárcel”. Explica así que le quedan 80.000 euros que pagar al banco por un piso que adquirió con su pareja en 2006, en plena burbuja inmobiliaria, por 120.000 euros.

“Hemos mirado precio y de venderla perdería dos tercios de lo que costó y aun así seguiríamos pagando la mitad de la hipoteca”, insiste. ¿E irse de alquiler? “Es la misma situación y encima sería como si estuviera pagando por dos, por la nueva vivienda y por esta”, cuenta este pensionista al que le han reconocido la incapacidad absoluta y un grado 2 de dependencia.

Desde el Ayuntamiento de Elche responden que van a analizar el caso de Daniel y recuerdan que el nuevo equipo de gobierno de PSOE y Compromís adoptó como primer acuerdo de la Junta de Gobierno Local la creación de la Oficina Municipal de Rehabilitación y de Mejora de la Accesibilidad de las Viviendas con el objetivo de rehabilitar unas mil viviendas en cuatro años –a razón de 250 por año- y que contaría con una inversión de 10 millones de euros.

De esta manera, Daniel y otras miles de personas de Elche verían solucionada una problemática que afecta a 100.000 personas en toda España según el estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’ elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y que fue publicado el pasado 12 de junio.

El documento también concluye que más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida (74%) precisan de ayuda para salir de sus casas de un total de 2,5 millones de personas que tienen limitada la capacidad de moverse.