La prueba del algodón de la emergencia climática: el ejemplo de la ampliación del Puerto de València

“Hoy solo un puñado de fanáticos niega la evidencia. No hay más alternativa que actuar con hechos”. Así se pronunció el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante los negacionistas del cambio climático en la ceremonia de inauguración de la COP25 en Madrid.

Como él, muchos han sido los políticos que han desfilado por la Cumbre para mostrar su compromiso con el calentamiento global. Entre ellos, el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, quien anunció que la energía consumida por la administración valenciana será “cien por cien renovable” al final de la presente legislatura.

Sin embargo, el caso de la ampliación del Puerto de València es un ejemplo claro de que no siempre casa el discurso que se enarbola públicamente con los hechos. La Autoridad Portuaria local (APV) pretende construir un muelle de 137 hectáreas de superficie y dos kilómetros de largo que duplicará su capacidad de contenedores sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) acorde al proyecto.

La obra se planificó en el año 2001 en el plan estratégico del Puerto, con el Partido Popular al frente de las administraciones del Estado, de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de València.

La ampliación estaba dividida en dos fases: la primera, cuyas obras finalizaron en 2012, han supuesto la construcción de los diques de abrigo; la segunda suponía la ejecución de los muelles para la terminal de contenedores y de cruceros en el interior de los diques.

Sobre este proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó una DIA favorable sujeta al control de los efectos de la ampliación en las playas del entorno, entre ellas las ubicadas en el Parque Natural de la Albufera, y a implementar medidas correctoras en caso de afección.

Sin embargo, la segunda fase del proyecto, paralizada hasta ahora por la crisis, se ha reactivado y el consejo de administración de la APV que preside el socialista Aurelio Martínez aprobó el pasado año el anteproyecto de la segunda fase, que contempla importantes modificaciones sobre el proyecto inicial que obtuvo la DIA.

Entre los cambios más importantes destacan la prolongación de 500 metros del actual dique de abrigo, la eliminación del actual contradique, el traslado a los astilleros de Boluda (junto al barrio de Natzaret) de la terminal de cruceros que ha supuesto una compensación para el empresario, y el cambio de configuración de los muelles que se destinarán en su totalidad al tráfico de contenedores, lo que implica el uso de 4 millones más de metros cúbicos de material de relleno de lo que establece la DIA de 2007.

Pese a todas estas modificaciones, Martínez mantiene que la DIA del año 2007, basada en una ley caducada menos restrictiva que la actual, sigue siendo válida porque asegura que los cambios están localizados en el interior de las aguas abrigadas por los diques.

Además, se opone a iniciar los trámites para solicitar una nueva evaluación ambiental del proyecto porque asegura que la naviera MSC, a través de su filial TIL, única que se ha presentado al concurso para equipar y explotar el futuro muelle con una concesión de 50 años y una inversión de 800 millones de euros, no esperaría los al menos tres que costaría hacer una nueva DIA y se llevaría la inversión a otro puerto.

Con todo, el Ayuntamiento de València, con su alcalde Joan Ribó (Compromís) al frente, se ha opuesto frontalmente a que se ejecute el proyecto mientras no se realice un nuevo informe ambiental que garantice que las playas de El Saler y la Albufera no se van a ver afectadas. El alcalde votó en contra de iniciar el proceso de adjudicación de la ampliación en el seno del consejo de administración de la APV.

Y es que, la primera fase de la ampliación portuaria ya ha causado graves daños a la costa. Según estudio de la Universidad Politécnica, las playas del sur de València han perdido entre 9 y 65 metros de arena en 30 años.

Además, el Ayuntamiento ha aprobado este mismo viernes una moción con los votos a favor de Compromís y la abstención del PSPV, acompañada de siete informes municipales, por medio de la cual solicitan al ministerio de Fomento, del que dependen Puertos del Estado y la APV, que inicie los trámites para elaborar una DIA sobre el nuevo proyecto de ampliación.

También la Conselleria de Cambio Climático que dirige Mireia Mollà, de Compromís, ha solicitado a Fomento que se pronuncie sobre la necesidad de una nueva DIA, tras derivarle a este Ministerio desde el de Transición Ecológica. Sin embargo, esta petición no ha contado con el apoyo público de los socialistas en el seno del Gobierno valenciano que preside Ximo Puig, del PSPV-PSOE, que se han puesto de perfil en este tema y son partidarios de un crecimiento del puerto en términos de sostenibilidad y siempre cumpliendo la legalidad.

Por su parte, desde Fomento, aunque Puertos del Estado sí que descartó la necesidad de una nueva DIA, el ministro socialista, José Luis Ábalos, tampoco se quiso posicionar en una reciente visita a València, en la que afirmó que estudiarían si es necesario realizar una nueva evaluación ambiental.

La posición de Ábalos no es nada cómoda puesto que en su etapa de concejal, el grupo municipal socialista del que formaba parte en el Ayuntamiento de València en 2007 alegó en contra de la ampliación y apostó por trasladarla al puerto de Sagunt.

Con este panorama dibujado sobre el tablero, el Gobierno, al menos hasta ahora, no ha querido asumir el coste político de apostar decididamente por la ampliación, por las connotaciones medioambientales que puede tener para las playas, pero tampoco se ha manifestado contra ella, por la posible pérdida de una iversión millonaria.