El empresario investigado en el 'caso Azud' acepta seis meses de cárcel por fraude fiscal en un proyecto urbanístico en La Vila Joisosa

El empresario Jaime Febrer, uno de los principales protagonistas del 'caso Azud' ha abandonado este martes por unas horas el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent (Valencia), donde permanece desde hace un par de meses en prisión provisional, para sentarse en el banquillo de los acusados por otra causa que tenía pendiente. Febrer, cuya codefensa en el 'caso Azud' de presunta corrupción urbanística ejerce el penalista y portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha pactado una pena de seis meses de prisión, además de una multa de 5.400 euros, y ha reconocido el fraude fiscal.

La causa se ha archivado para uno de los 10 acusados tras un informe forense que ha determinado que no estaba capacitado para tomar decisiones en el momento de los hechos al padecer un trastorno psíquico. La Fiscalía solicitaba inicialmente para el empresario una pena de tres años de prisión por un delito contra la Hacienda pública en grado de tentativa y una multa de 10.800 euros. Sin embrago, la defensa de Febrer, que en esta causa ejerce el letrado Javier Boix, ha conseguido un pacto de conformidad por el que acepta la mitad de la multa y seis meses de prisión.

El empresario encarcelado se especializó en proyectos urbanísticos en los que utilizaba su firma Construcciones Valencia Constitución SL para participar en sociedades constituidas con otros promotores inmobiliarios. Una de estas empresas, L´Illa de Naxos S.L, solicitó “indebidamente” una cuota a devolver en el impuesto del IVA del ejercicio de 2007 superior en 256.000 euros, a la que correspondería de no haber consignado en la declaración del impuesto como IVA soportado el importe derivado de cuatro facturas por importe cada una de ellas de 464.000 euros, según la sección de delitos económicos y contra la corrupción del Ministerio Público.

La firma, cuyo consejo de administración estaba formado por Murcia Puchades SL, Construcciones Valencia Constitución SL y Calviga SA, era el agente urbanizador del Plan de Actuación Integral (PAI) PP-30 y PP-31 de El Charco, adjudicado por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa. Un sector en el que el Joaquín Barceló Pachano, presunto testaferro del exministro Eduardo Zaplana, también mantenía la condición de agente urbanizador, aunque el consistorio se la retiró recientemente y subastó las fincas, sin que nadie pujara.

L´Illa de Naxos S.L tenía suscrito un un contrato de prestación de servicios con Fersa Consultora de Servicios SL. En el cuarto trimestre, según la fiscal, los acusados solicitaron un importe a devolver de 495.846,70 euros, que no fue materializado por la Administración como consecuencia de las actuaciones de la inspección. Hacienda detectó cuatro facturas por importe de 464.000 euros cada una, tres emitidas por Fersa Consultora de Servicios SL y una de ellas por Construcciones Valencia Constitución S.L, la mercantil de Febrer que mantenía inversiones incluso en la Riviera Maya.

La factura de la firma del imputado en el 'caso Azud' llevaba grapada una copia otra emitida por Fersa Consultora de Servicios SL por idéntico importe. Así, la consultora reflejó servicios que “ya habían sido facturados por las empresas que forman el Consejo de Administración de L’Illa de Naxos” y, además, carecía de la infraestructura necesaria para la realización de los trabajos sin que conste que tuviera trabajador alguno dado de alta en la seguridad social. 

Los fondos fueron transferidos a firmas dedicadas a la fontanería y al comercio al por mayor de pieles y cueros. “Todas estas empresas no han realizado declaraciones del Impuesto de Sociedades, no han depositado cuentas anuales y presentan declaraciones de IVA negativas, y cuyos representantes sacaban el dinero ingresado en sus cuentas, lo devolvían a los representantes de L´Illa de Naxos SL, quedándose el importe pactado por su gestión”, sostiene la Fiscalía.

A otros dos acusados en esta causa se les solicitaba la misma pena, mientras que para el resto el Ministerio Público requería en su escrito de calificación provisional cinco meses de cárcel y una multa de 4.500 euros. Febrer y otros dos acusados han aceptado seis meses y un día de cárcel y el resto tres meses de prisión y una multa. En el pacto de conformidad se ha tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos y dilaciones indebidas en la causa.

Tras la vista oral, celebrada ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, el empresario ha vuelto, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional, a su celda en la cárcel de Picassent. Su compañero de celda, el ex subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, ha sido puesto este martes en libertad mientras que Febrer asistía al juicio.