Los empresarios taurinos sacrifican 3.000 toros para presionar al Gobierno valenciano por unas ayudas que cobrarán de las diputaciones

Los ganaderos de res autóctona han sacrificado en lo que va de año cerca de 3.000 animales con el argumento de que es imposible mantenerlos si se suspenden los festejos taurinos. Los empresarios taurinos han iniciado una campaña en redes sociales y con protestas en la calle bajo el lema “ni un sacrificio más”, con el que reclaman a la Administración Pública ayuda económica para subsistir a la crisis de la COVID-19. Los meses de julio y agosto concentran más de 5.000 espectáculos taurinos en la Comunitat Valenciana, cifra en continuo descenso desde 2017 y que este año rozará el cero absoluto; una parálisis que ha dejado al sector sin ingresos. Salvo en la Ribera de Cabanes (Castellón), los municipios que celebran distintas modalidades de bous al carrer han suspendido las fiestas por temor a nuevos rebrotes y por las restricciones aprobadas por el Ejecutivo autonómico.

Los ganaderos con razas criadas para el espectáculo -toro autóctono en su mayoría, aunque también res brava para lidia- presionan al Gobierno valenciano con tener que ejecutar a las reses si no tienen ayuda económica para su manutención. De los 10.000 ejemplares de toros criados para estos festejos populares, los empresarios amenazan con ejecutar a 6.000, según sus cálculos económicos. El pasado 4 de agosto, representantes del sector, acompañados de la Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA y la Unió de Llauradors i Ramaders se concentraron en Valencia para exigir una respuesta económica de la Administración, en protesta por la exclusión de las ayudas de emergencia convocadas por la Conselleria de Desarrollo Rural, que evita financiar actividades relacionadas con el maltrato animal. El rechazo del departamento de Mireia Mollá (Compromís), provocó el enfado del sector, que lleva semanas celebrando reuniones con dirigentes socialistas, desde el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hasta el presidente de la diputación de Valencia, Toni Gaspar.

La Diputación de Valencia se comprometió a sufragar parte de los gastos de las ganaderías, allí donde la Generalitat Valenciana se ha negado, con 170.000 euros previstos para la provincia y un máximo de 20.000 euros de ayuda por explotación, una promesa que han asumido las corporaciones provinciales de Castellón y Alicante. Aun con esta ayuda, en proceso de tramitación, los empresarios taurinos han llamado a otro timbre en el Gobierno autonómico: el de José María Ángel, responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Los representantes del sector taurino negocian con la Agencia de Seguridad un plan de ayudas al sector, mientras no se pueda reanudar la temporada taurina. La Federación ha presentado un plan de recuperación, con datos extraídos de un informe de la facultad de Economía de la Universitat de València y de la memoria anual de la Agencia, según los cuales se invierte anualmente en la organización de festejos de bous al carrer 36,8 millones de euros, incluyendo transporte, organización de eventos o alimentación. Los empresarios piden equiparar medidas fiscales de otros ámbitos al de la tauromaquia, ayudas del Ministerio de Cultura y aplazamiento del pago de impuestos y una línea de ayudas de entre 40 y 60 euros por animal.

El representante de la Federación de peñas de 'bous al carrer', Vicente Nogueroles, explica a elDiario.es que el sector pasa el invierno con los ingresos que generan los festejos taurinos, que se concentran en la temporada estival. En la provincia de Castellón, de 135 municipios, 128 suelen organizar anualmente festejos taurinos. Las reses, aunque son aptas para consumo, son criadas para la exhibición y la tauromaquia, por lo que no resulta tan rentable para el ganadero llevarlas a un matadero, explica. Nogueroles hace hincapié en el dolor de los ganaderos por no poder mantener a sus reses: “no quieren ver a sus animales muertos de hambre” y alegan que el sacrificio es la última opción, mientras las federaciones buscan formas de subsistir. Entre ellas, barajan realizar las corridas de toros, encierros o bous al carrer en recintos cerrados y retransmitirlas en plataformas de streaming previo pago. Algunos municipios como Peñíscola y Vinarós, con disponibilidad de plaza cerrada y control de aforo, trabajan en la organización de festejos.

El decreto del Consell del 18 de julio establece las medidas de seguridad para celebrar festejos taurinos, que incluye que estos se realicen en espacios donde pueda controlarse el aforo y la distancia de seguridad. Ello deriva en la necesidad de realizar las corridas u otros actos en plazas fijas o portátiles, una cuestión que muchos ayuntamientos han descartado por temor al virus y por la incoherencia que supondría suspender las fiestas patronales pero mantener los eventos taurinos, normalmente ligados. “Ningún ayuntamiento se arriesga a firmar la autorización para la celebración de los festejos de bous al carrer, así que las ganaderías se van a enfrentar a un sacrificio de animales sin precedentes”, expresa la Asociación de ganaderos de bous al carrer en su muro de Facebook.

La suspensión de los llamados festejos no implica la parálisis de los activistas antitaurinos. Este sábado, decenas de colectivos han convocado una protesta frente al Ayuntamiento de Alfafar para reclamar fiestas sin maltrato animal, apoyados por Pacma y organizaciones locales. Las organizaciones reclaman al municipio que cese en la organización de estos eventos y eduque a una infancia libre de maltrato a otros seres vivos.