Fracaso judicial: el PP de València no logra que prospere ninguna de la quincena de denuncias contra Ribó y sus concejales
El nuevo varapalo judicial que ha sufrido el denunciante compulsivo del PP de València, Luis Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, al decidir su propio partido retirarse de la causa que él mismo denunció contra la exconcejala de València en Comú, María Oliver, de Podemos, certifica el fracaso de la estrategia judicial emprendida por este asesor municipal desde los inicios del pasado mandato.
En mayo de 2015 el pacto de izquierdas entre Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú (marca blanca de Podemos) desbancó al PP de la fallecida Rita Barberá tras 24 años de hegemonía al frente del Ayuntamiento y arrancaba una nueva etapa con Joan Ribó como alcalde.
A los pocos meses, estalló el caso Taula por el cual quedaron imputados medio centenar de cargos del PP de València, entre ellos, 9 de los 10 concejales del grupo municipal popular del Ayuntamiento y el propio asesor Luis Salom.
A partir de este momento, Salom inició una ofensiva basada en denunciar ante los juzgados cualquier supuesta irregularidad en la tramitación de expedientes administrativos, en la mayoría de casos supuestos fraccionamientos de contratos o presuntas adjudicaciones a dedo.
Así, puso en torno a una quincena de denuncias contra diferentes cargos de los gobiernos de izquierdas, tanto del Consistorio de la ciudad como de la Generalitat Valenciana, incluido el alcalde Joan Ribó, con el objetivo de lograr efímeros titulares del tipo “investigado el concejal...” o “imputado el alcalde...” en un intento de equipararles con su situación procesal y la de gran parte del grupo popular del pasado mandato.
Sin embargo, esas denuncias se han archivado tras las declaraciones de los investigados y por tanto ninguna ha terminado en juicio.
Entre las más llamativas figura la denuncia que acabó desestimando la Audiencia de València contra Ribó, quien se vio obligado a declarar como investigado por negar supuestamente información al grupo popular sobre una encuesta sociológica de Fallas.
Además, algunos de los autos de archivo de sus denuncias han ido acompañados de duros correctivos de los jueces, como sucedió en la causa contra el concejal socialista de Hacienda, Ramón Vilar, por la exención del pago del impuesto de Plusvalías al PSPV tras la venta de su sede en la calle de Blanquerías.
En su escrito, la jueza le afeó que recurriera a la vía penal para un tema más propio de un contencioso-administrativo y que lo hiciera un mes después de que la Fiscalía archivara una investigación por el mismo asunto tras una denuncia de Ciudadanos.
Tal y como avanzó eldiario.es este miércoles, la última causa abocada al archivo es la que afectaba a la exconcejala de València en Comú, María Oliver, en la que el propio PP ha solicitado retirarse del caso como acusación popular, además de la devolución de la fianza, tras la petición de sobreseimiento de la fiscalía.
Queda pendiente una denuncia por presunto fraccionamiento de contratos contra el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, quien ya ha declarado como investigado. En esta causa finalmente tampoco se ha personado el PP precisamente para no hacer frente a la fianza de 2.000 euros al ver pocas posibilidades de que la denuncia prospere.
Con todo, Salom vuelve a figurar en la nómina de asesores del grupo municipal popular en el presente mandato, si bien es cierto que su nueva portavoz, María José Catalá, ya advirtió que controlará de cerca la actividad judicial del polémico asesor. “Las denuncias judiciales se coordinarán desde el grupo popular y se presentarán cuando el proceso tenga posibilidades de prosperar”, aseguró Catalá.
