Jueces y Juezas para la Democracia pide que se “investigue y aclare” una muerte por infarto en la Ciudad de la Justicia de Valencia

Desde la sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia han expresado su preocupación ante el reciente fallecimiento por infarto de una persona en la Ciudad de la Justicia de Valencia, lo que aseguran ha puesto de manifiesto que el único desfibrilador existente en las instalaciones “no funcionaba correctamente”.

Así, apuntan que según las últimas informaciones, el referido desfibrilador no funcionaba “por falta de batería” y que el material médico para su uso “estaba caducado”. Además, en mayo de 2018 esta anómala situación ya habría sido puesta en conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, quien la habría transmitido a la Conselleria de Justicia, sin que al parecer se hayan tomado las medidas oportunas“.

Desde la entidad consideran que debe investigarse y aclararse lo ocurrido, a los efectos de que se determine “si ha existido alguna negligencia en la gestión por parte de la Conselleria de Justicia”. “No podemos olvidar que por la Ciudad de la Justicia pasan a diario miles de personas, además del número importante de trabajadores de distintos sectores profesionales que ejercen su actividad laboral en este recinto”, explican desde Jueces y Juezas para la Democracia: “La Generalitat es la titular de las instalaciones y debe cumplir el Decreto 159/2017, aprobado por el propio gobierno valenciano, que regula la instalación y uso de los desfibriladores, así como su mantenimiento”.

Así mismo, recuerdan que la Conselleria de Justicia no ha convocado desde enero al comité de coordinación de prevención de riesgos laborales, “a pesar de que debía reunirse con carácter trimestral”. La falta de funcionamiento de esta mesa técnica “muestra cierta desidia de la actuación institucional en la materia”. Por otro lado, la Conselleria de Justicia “está adoptando todo tipo de medidas, que afectan a posibles riesgos laborales, como actuaciones sobre entradas y salidas de los edificios judiciales, sin contar con la participación de los delegados de prevención de los colectivos profesionales afectados”. “Y tampoco se informa a los delegados de prevención de las situaciones de distintas sedes judiciales, en referencia a deficiencias de climatización, funcionamiento de ascensores y otros elementos de las instalaciones”, apuntan.

El grave incendio que causó importantes daños en la Ciudad de la Justicia “ya mostró serias deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones y en el seguimiento sobre el funcionamiento apropiado de las mismas”. La referida “situación anómala” del desfibrilador vuelve a mostrar de nuevo “visibles carencias de mantenimiento”. Por ello, desde Juezas y Jueces para la Democracia requieren a la Conselleria de Justicia para que acuerde medidas efectivas que eviten los riesgos en materia de seguridad y salud que generan estas situaciones.

La Francisco de Vitoria denuncia “dejación”

Desde la asociación judicial 'Francisco de Vitoria' también se han referido a esta muerte, y han recordado que el desfibrilador no funcionaba por carecer de batería. La “obligación” de mantener el aparato en perfectas condiciones de funcionamiento corresponde a la Conselleria de Justicia, apuntan. Esta “dejación”, aseguran, “ha impedido el intento siquiera de salvar una vida”.

“No pueden permitirse estas omisiones básicas de mantener en debida forma la utilidad especial de este instrumento que puede llegar, en su caso, a salvar vidas”, insiste el portavoz de la Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ, aunque puntualiza: “Esa es su finalidad, aunque no puede garantizarlo en cualquier caso”.

La asociación de jueces “deplora y denuncia esta dejación, esta falta de la debida diligencia por parte de quien incumbe el adecuado mantenimiento, en este caso, del desfibrilador instalado en la Ciudad de la Justicia de Valencia”, al tiempo que solicita que se depuren responsabilidades correspondientes, en su caso, de modo que se eviten “futuros posibles fallos de esta categoría, en el contexto de la salud pública en los edificios públicos y debidamente reglados en la normativa básica aplicable a las instituciones públicas”.