La agenda valenciana del PP: una legislatura vista desde la periferia

¿Cómo reclamar al Gobierno que condone una parte de la deuda pública de tu comunidad cuando tu socio considera que el endeudamiento autonómico se debe a la duplicidad de organismos inútiles? ¿Cómo exigir la reforma del sistema de financiación autonómica cuando tu socio de gobierno considera que el Estado de las autonomías solo ha llevado a “un aumento del mal uso de los impuestos, la insolidaridad y la desigualdad”? ¿Cómo pedir un trato justo si tu aliado sostiene que la infrafinanciación de la Administración autonómica que gestionas y de la que te quejas es “una gran mentira”?

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, que de forma tan entusiasta pactó con la extrema derecha de Vox para formar su Consell, ha descubierto que el compañero de viaje no está dispuesto a seguirle en los movimientos que implica la denominada “agenda valenciana”, aquella que tiene como asunto prioritario dejar de ser la comunidad autónoma peor financiada de España, conseguir una compensación de los efectos causados por el injusto modelo en forma de endeudamiento acumulado con el Estado y reducir drásticamente esa “deuda histórica” que pesa sobre las cuentas públicas valencianas. Esta semana presentó el PP una iniciativa que reflejaba esas reivindicaciones en el Parlamento autonómico y Vox la votó en contra. Solo pudo aprobarse porque los grupos de la oposición, el PSPV de Ximo Puig y la coalición Compromís de Joan Baldoví, la apoyaron.

La paradoja no es menor si tenemos en cuenta que Mazón también ha formulado a la oposición una propuesta de diálogo para buscar una “estrategia conjunta” de cara al Gobierno de España en temas como la financiación autonómica, el eterno victimismo por los recursos hídricos (léase el trasvase Tajo-Segura) o el reconocimiento del derecho civil valenciano. Con ello, el PP busca crear un frente común del que se desmarca sin ambages el partido con el que comparte el poder en la Comunitat Valenciana. Se da la circunstancia, además, de que ese frente común ya existía en el periodo de hegemonía del Pacto del Botánico y perdura en este nuevo periodo con mayoría de la derecha. Una plataforma denominada Per un Finançament Just, que ha convocado unos cuantos actos reivindicativos a lo largo de los últimos años, agrupa al PP, el PSPV, Compromís, la patronal CEV y los sindicatos CCOO y UGT del País Valenciano. La extrema derecha nunca ha querido sumarse a esa plataforma, que desprecia.

Pero hay más. No será solo su socio el que reme contra los objetivos que Mazón ha de perseguir en razón de su cargo esta legislatura. Su mismo partido, en los primeros compases del nuevo Gobierno de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez, se ha perfilado como un furibundo detractor de los pactos del PSOE con las formaciones independentistas que lo han hecho posible. La amnistía a los encausados por el fracasado procés es el gran tótem de ese rechazo, que también arremete contra los supuestos “privilegios” concedidos a ERC y Junts. Dirigentes con el peso de la madrileña Isabel Díaz Ayuso denostan el acuerdo de los socialistas con Esquerra Republicana de Catalunya que prevé condonar una parte de la deuda, en un movimiento extensible al resto de comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP y ninguna tan necesitada de esa medida como la Comunitat Valenciana.

Cuando Mazón pactó con Vox, demasiado alegremente para disgusto de la dirección del PP en la madrileña calle de Génova, estaba casi seguro, dadas las expectativas sobre los resultados de las inminentes elecciones generales que tenía entonces, de que habría de jugarse los cuartos con su propio jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno, y de que, gracias a tanto poder acumulado por su partido, socialistas y valencianistas quedarían relegados a una función de comparsas. Sin embargo, ahora, con Feijóo sentado en los escaños de la oposición en el Congreso, los socialistas, por supuesto, y también Compromís, tienen sus dosis de protagonismo en la interlocución con el Gobierno. Àgueda Micó, la portavoz de los valencianistas, que incliuyeron en el pacto de investidura del PSOE con Sumar la reforma del sistema de financiación autonómica y la referencia explícita a la situación valenciana, ha anunciado que reclamarán la condonación de hasta 42.000 millones de euros de deuda de la Generalitat valenciana y más inversiones para la red de trenes de Cercanías en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

No es lo que el presidente Mazón esperaba. Con Vox subido a su lomo irremediablemente, el PP valenciano se esfuerza por participar con Feijóo y los suyos en las declaraciones y las estridencias de su rechazo frontal al Gobierno de Pedro Sánchez, pero en algunos sentidos no puede permitirse ver la legislatura, desde la periferia, con la misma perspectiva que los que dirigen e inspiran a la derecha instalados en sus despachos centrales.