Ceuta, recorrido de un colpaso continuado

Hemos asistido, atónitos y angustiados, a la mayor crisis humanitaria entre España y Marruecos de los últimos años.  Ya han pasado dos meses y la situación sigue siendo muy complicada.

La entrada en Ceuta de entre 70.000 y 80.000 emigrantes, según las estimaciones oficiales, el 30 y el 31 de julio, desbordó a la ciudad autónoma, que cuenta con unos 83.000 habitantes.  Aunque decenas de miles regresaron rápidamente a Marruecos (lo cual es sorprendente, ya que esas personas además de arriesgar sus vidas pagan fortunas para conseguir llegar a España), varios miles permanecieron, muchos de ellos menores de edad y solicitantes de protección internacional. Víctimas mortales (se han recuperado al menos 83 cadáveres en el lado español y la organización Caminando Fronteras afirma que se han recuperado 67 cadáveres en Marruecos) y personas agotadas, heridas, hambrientas se asentaron donde podían, en las calles, en las playas tras el esfuerzo de llegar a nado hasta Ceuta. 

Organizaciones humanitarias reclamaron una respuesta coordinada y respetuosa con los derechos humanos que no llegaba.  Y esas organizaciones se volcaron en ayudar a miles de personas hambrientas y agotadas. También la población ceutí ayudó en la medida de sus posibilidades.

Y así se inició un colapso humanitario, económico, social y geoestratégico.

Como era de prever, se reabrieron los consabidos debates sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la cooperación entre España y Marruecos en materia migratoria, la protección de menores inmigrantes y los límites legales de las devoluciones en caliente. Siempre igual.

Es cierto que los Estados tienen la prerrogativa de gestionar sus fronteras, pero esta gestión debe ser realizada con humanidad. La magnitud de la llegada no exime al Estado de sus compromisos en materia de derechos humanos.

Inicialmente, la respuesta de la UE ante los sucesos de Ceuta fue desproporcionada, lejos de un apoyo solidario; incluso la República Checa llegó a solicitar la suspensión temporal de España dentro del espacio Schengen. Hay reacciones que asustan.

Con el paso de las semanas, Bruselas respaldó el mando único y se acordó el refuerzo de Frontex.

Y por Ceuta desfilaron ministros y el presidente del Gobierno (menos de dos horas). Poco más que para cubrir expediente.

Imposible improvisar instalaciones de alojamiento para tal cantidad de personas. Semanas después se crearon espacios para un máximo de 1800 personas que se encontraban en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar. Insuficientes. Y centenares de ellas regresaron a las playas. Mientras, investigaciones de redes de tráfico de personas demostraron que se estaba trasladando a migrantes hacia la península en motos de agua y lanchas, y a precios astronómicos.

A inicios de septiembre se avanzó en la instalación de carpas, tras asumir el Gobierno el sábado 5 el mando del puerto para acoger a unos mil migrantes, con la oposición del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Es comprensible la necesidad del pueblo ceutí de recobrar su normalidad, pero ninguna devolución puede realizarse sin evaluar cada caso individualmente, prestando especial atención a las personas vulnerables, como menores o mujeres embarazadas, y permitir la formalización de solicitudes de asilo. 

En efecto, especial atención merece el caso de las personas menores. Cientos de ellas, que estuvieron deambulando y durmiendo en las calles y comiendo de la solidaridad de vecinos y cooperantes. Al principio, los Gobiernos español y marroquí expresaron su intención de devolver a las personas menores a sus familias en Marruecos. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes declaró que se estaba parlamentando con el gobierno marroquí la reagrupación con las familias en Marruecos; de hecho, el ministro de Justicia de Rabat señaló que Marruecos mantiene su determinación de recuperar a sus menores que se encuentran en España. Sin embargo, los convenios internacionales de protección de la infancia - a los que España se ha adherido - y las leyes españolas exigen un procedimiento garantista e individualizado para cada menor puesto que debe primar su interés superior. Lasdevoluciones colectivas están totalmente prohibidas, recordemos que el Tribunal Supremo declaró ilegal la devolución de ocho menores marroquíes que cruzaron a Ceuta en 2021. El proceso de verificación de la situación socioeconómica y de seguridad - para comprobar que el retorno no va a exponer a las personas menores a situaciones de desamparo, riesgo o vulnerabilidad extrema – es complicado y lento, por lo que a la espera de que se aclare, el Gobierno inició los trámites para el traslado de 500 niñas a la península. Las primeras cinco llegaron a Navarra el 10 de septiembre. Pero el PP seguía manteniendo su rechazo, a pesar de que las personas menores primero deben ser trasladadas a la península - tal y como recoge la ley que obliga al reparto vinculante y solidario entre las comunidades autónomas -, para posteriormente estudiar caso por caso, lo cual lleva tiempo.

A finales de septiembre se acogieron en la península a 54 menores quedando reagrupados con sus familias mientras se realizaban los trámites de 300. Lo cierto es que más de 60 días después de la entrada masiva, la cantidad de personas menores acogidas por Ceuta en la decena de centros habilitados de urgencia rozaba los 2.400.

Debemos recordar que la Comisión Europea puso inmediatamente de manifiesto el compromiso del Gobierno español de devolver a las personas migrantes, incluidas las menores, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla la devolución de las personas menores no acompañadas. Los ministros de Exteriores e Interior habían declarado que “nadie que se encuentre ilegalmente en Ceuta será trasladado a la España peninsular”. 

Europa recela de la posible llegada de migrantes a los diferentes países europeos. Italia estableció controles policiales temporales y aleatorios a pasajeros procedentes de España en aeropuertos y puertos. Y nosotros, como respuesta del “y yo más”, aplicamos controles similares en puertos y aeropuertos para los viajeros llegados desde territorio italiano.

Recordemos que en 2025 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a España a abstenerse de aplicar devoluciones sumarias y expulsiones en la frontera, incluidas las devoluciones inmediatas de personas interceptadas en el mar o en las playas, y a garantizar que todos los procedimientos de devolución respeten las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el principio de no devolución.

El Consejo de Seguridad Nacional se reunió el 25 de agosto, casi un mes después de la entrada masiva de inmigrantes. En la misma mañana, tuvo lugar el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones en el que se aprobó el mando único ante la crisis migratoria. Sí, ese mando único que reclamó Ceuta desde el 1 de agosto. Un cambio de dirección en el discurso del Gobierno central que defendía que todos los recursos disponibles estaban movilizados. En ese mando único se implicaba a Defensa, Interior, Migraciones y Seguridad Nacional. 

El Congreso de los Diputados vio desfilar durante la última semana de agosto en primer lugar a la titular de Defensa a quien siguieron Presidencia, Justicia, Sanidad y Política Territorial. Poco se sacó en claro, buenas palabras, petición de confianza en el Estado en la recuperación de Ceuta. Poco más.

El 2 de septiembre tuvieron lugar múltiples manifestaciones por todo el país, no exentas de tensiones políticas y ciudadanas, lo cual era de prever.

Y se sucedieron protestas contra la gestión por parte del Gobierno de la crisis migratoria. Lamentablemente se iniciaron las tensiones que, poco a poco, se tornaron en violencia, agresiones sexuales a jóvenes inmigrantes y contra efectivos militares y de la policía, incendios, cuchilladas entre los mismos  inmigrantes… con las consiguientes detenciones.

Desgraciadamente también se ejerció la violencia y el hostigamiento contra periodistas que cubrían la información, y los mismos profesionales trasladaron que las fuerzas de seguridad no habían actuado de manera efectiva, por lo que los periodistas tuvieron que interrumpir en ocasiones sus coberturas, ¿Cómo se puede tener acceso a una información plural e independiente si se ponen trabas a su trabajo? 

Y también, desgraciadamente, se han documentado tratos crueles y degradantes a inmigrantes por miembros de las Fuerzas Armadas españolas, según testimonios directos recogidos por Amnistía Internacional en su visita a Ceuta del 10 al 15 de diciembre. 

El 8 de septiembre se inició el curso escolar, con los colegios blindados por la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante la desconfianza de la ciudadanía.El gran malestar por la situación de la ciudad es a todas luces comprensible, gran cantidad de inmigrantes por las calles y playas, porque no tienen dónde ir, suciedad, mal olor… la cotidianidad desmoronada, no han tenido fiestas, no podían ir a las playas porque estaban llenas de unas personas que solo tenían ese lugar donde asentarse. Y se ha ido instalando el temor por inseguridad, una emoción profundamente contagiosa que se propaga entre las personas por imitación, y cuyas expresiones se extienden entre los colectivos, magnificadas por la difusión de noticias falsas que avivan la incertidumbre. Es evidente que se trata de un mecanismo de defensa, una respuesta natural de supervivencia que alerta de los posibles peligros, y la inestabilidad de la situación propicia tal sentimiento. Se ha reaccionado tardísimo y mal, lo que ha provocado reacciones que se han ido tintando en algunos casos de rechazo, actitud que nunca antes había tenido lugar entre la población ceutí. No se trata de un “sentimiento de inseguridad subjetiva” como lo calificó el ministro de Interior. Lo objetivo se basa en hechos reales independientes de quien los observe, y la inestabilidad en la que se encuentra el pueblo ceutí es absolutamente verificable y justificada. Pero a la población ceutí no se la puede criticar por rechazo a los inmigrantes. El rechazo viene de otros puntos.

El 3 de septiembre, Sánchez compareció en el Congreso. La oposición, como era de prever, cargó contra el presidente, que intentó defender la actuación del Gobierno, asegurando que España protegerá sus fronteras y su integridad territorial. Sin embargo, no tuvo más remedio que reconocer que algunas de las explicaciones ofrecidas pueden no satisfacer a todos los grupos, aunque insistió en la “extraordinaria complejidad” de la crisis y su intención de no desencadenar un conflicto diplomático con Marruecos. Según el presidente, no hay pruebas suficientes para atribuir a Marruecos la autoría o participación directa en el asalto fronterizo de Ceuta y que, si las hubiera, el Gobierno actuaría “con la debida contundencia”. Pero las críticas a Sánchez, como la de Compromís, fueron enérgicas, “¿se siente orgulloso de tener a cientos de personas amontonadas en las playas de Ceuta desde hace más de un mes?”. O la de Podemos, que abogó por “romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos hasta que se convierta en una democracia, que respete los derechos humanos y se comprometa a no utilizar a su gente como arma arrojadiza”. Y hay quien aprovecha la coyuntura para reivindicar el derecho de autogestionarse la política migratoria, como el PNV. Y no acoger a migrantes, como Junts, que alega que Cataluña no puede acoger más y que se deleguen las competencias en inmigración.

Poco se sacó en claro de la comparecencia, tal vez un ligero matiz, si bien no hay pruebas sólidas contra Rabat, se actuará “con total contundencia” si se demuestra su implicación. Sin embargo, prevalece la opinión, incluso entre los socialistas, de que hubo falta de reflejos en la prevención y en la reacción posterior, ¿cómo paliar la sensación de abandono de la población ceutí, así como las sospechas instaladas en el desarrollo de los acontecimientos? porque empezó calificando lo ocurrido como un ataque y violación de la integridad territorial que se diluyó a lo largo de las semanas en crisis migratoria, manteniendo la defensa de Marruecos. La actitud de mitigación, sin embargo, se vio en entredicho por la publicación de un informe de la Policía que señalaba a la gendarmería marroquí “guiando a la masa” con el fin de provocar el colapso de la frontera. Por ello se recordó que Marruecos tiene un acuerdo con la Unión Europea para garantizar el control de las fronteras.

El lunes 7 de septiembre, la magistrada María Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, comunicó que asumía la investigación sobre la entrada masiva con el respaldo de la Fiscalía. La instrucción sostiene que se atacó la integridad territorial de España, garantizada en el artículo 2 de la Constitución. Recordemos que el presidente ya lo había calificado así, aunque tal calificación se diluyó posteriormente. Vamos a bandazos: en una entrevista en la CNN desde Nueva York el 22 de septiembre señaló que el control de fronteras de Marruecos falló y que se han pedido “acciones y respuestas”. Al tiempo que lamentó la ausencia de apoyo por parte de algunos socios frente a la crisis migratoria en Ceuta, recordando que las ciudades autónomas suponen una frontera exterior terrestre de la propia Unión Europea en África. Sin embargo, no se apea de la defensa de la actuación de España porque no había “evidencias claras” de lo que iba a suceder.

El 8 de septiembre se produjo la desclasificación de documentos secretos sobre la crisis, con el fin de desmentir la tesis según la cual el Gobierno desoyó los avisos del CNI sobre la entrada masiva. ¿Pero cómo saber si están todos? Ya sabemos lo que pasa con los secretos de Estado.

Quedan muchas incógnitas. Que tal vez nunca se aclararán.

No es mínimamente creíble que Marruecos no viera que se agolpaban unas 80.000 personas a pie o en camiones camino de la frontera. Días antes de la entrada masiva se vendieron a mansalva en los comercios marroquíes trajes de neopreno, aletas, gafas de buceo y flotadores. Plataformas como Facebook difundieron información sobre los puntos de venta, se compartieron capturas de pantallas con ubicaciones exactas para guiar a las personas hacia la zona fronteriza y la playa del Tarajal. 

Tampoco es creíble que España no se percatara de la que se avecinaba.

¿Dónde estaban los servicios de inteligencia? 

No hay quien se aclare. La ministra de Defensa, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el 25 de agosto, contradijo al ministro de Interior que había sostenido el 1 de agosto que no hubo ningún informe acerca de la entrada masiva en Ceuta, “nos pilló por sorpresa”, (vaya argumento político). Robles aseguró que el CNI hizo la labor que le es exigible en relación a las entradas irregulares de migrantes y la compartió y analizó con las fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno. Guerra de versiones ministeriales: tras la comparecencia de la ministra, Grande-Marlaska sostuvo que lo sucedido en Ceuta fue “algo extraordinario, excepcional y evidentemente difícil de imaginar”. Pero ¿se trataba de “imaginar”?

El Gobierno mantuvo que Marruecos estuvo colaborando en todo momento y Grande-Marlaska afirmó que Rabat no solo no es una amenaza, sino que es un “socio auténticamente fiable”.

Es evidente que España ha depositado en Marruecos el control de la frontera, con lo que Rabat puede instrumentalizar la migración como herramienta de presión política. Tanto España como la UE destinan fondos económicos a Marruecos para colaborar en la gestión de la seguridad y el control migratorio en sus fronteras, particularmente España asigna partidas directas. Esta práctica forma parte de la estrategia europea de externalización de fronteras para contener la migración irregular antes de que alcance suelo europeo. La eficacia ya era cuestionable vistos los episodios de presión migratoria y saltos masivos en las vallas de Ceuta y Melilla, no digamos en la situación actual… De 2021 a 2025 las llegadas irregulares a través de Ceuta se habían multiplicado por cinco. Algo falla en el control fronterizo, ¿no?

Es evidente el uso de flujos migratorios como instrumento de presión geopolítica y diplomática por parte de Marruecos. Rabat flexibiliza los controles con el fin de vincular la presión migratoria con sus demandas sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Rabat considera a Ceuta y Melilla como “anomalías geoestratégicas” y presiona todo lo que puede al tiempo que culpa a España de la crisis migratoria de agosto por las políticas de acogida.

El grupo de hackers Jabaroot publicó en Telegram el 24 de agosto los datos de más de 70.000 supuestos agentes de los servicios de inteligencia y seguridad de Marruecos denunciando que la crisis migratoria fue planeada por Rabat para presionar a España, asegurando que se trata de un plan oficial orquestado y coordinado desde el entorno del poder del Estado marroquí. Afirman poseer copias de las órdenes de misión de los agentes implicados en dicha operación. 

No sería entonces una política de brazos caídos lo que propició la entrada masiva, lo cual en sí cuesta creer.

Mientras, miles de personas han sufrido hambre, sed y enfermedades. Y la población ceutí ha perdido su vida normal, los negocios se hunden a pesar de las medidas urgentes de carácter social y económico que se decidieron en el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre por decreto ley que se aplicó desde el 2 de septiembre. Un paquete de 309 millones de euros -más 50 millones en avales- que se deben ejecutar el presente año para reforzar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria, así como para sostener a empresas y trabajadores. ¿Bastará para levantar la economía de la ciudad? 

En medio del pulso político sobre la respuesta sanitaria a la crisis, a finales de agosto la Comisión de Salud Pública acordó enviar hasta 45.000 dosis de vacunas a Ceuta, con el fin de atender tanto a la población ceutí que no esté vacunada como a las personas migrantes. Sanidad seguía manteniendo que la situación no era una emergencia sanitaria pero que había que optar por la prevención ante la potencial propagación de enfermedades. Con las vacunas se pretendió reforzar la protección frente a enfermedades como sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, poliomielitis, difteria y tétanos. El problema sanitarioen los asentamientos empezó a ser insoportable mucho antes, personas durmiendo en espacios públicos y preocupación por las infecciones y sarna. El control epidemiológico ha sido preocupante debido a la presión asistencial por hacinamiento y la falta de las más mínimas condiciones de higiene, aunque la ministra de Sanidad afirmara que no había colapso hospitalario y calificara el riesgo epidemiológico como moderado para los migrantes y bajo para la población ceutí. ¿Pero cómo podría el sistema sanitario ceutí atender a las urgencias que día a día se multiplican? 

El Colegio de Oficial de Médicos de Ceuta y la coalición sindical CEMSATSE denuncian que los servicios están desbordados, con plantillas agotadas y turnos duplicados.

El 22 de septiembre, el Ejecutivo aporta los siguientes datos: 2321 menores no acompañados filiados (por lo que estima que deben de quedar entre 500 y 700 en la calle), y el triaje de adultos asciende a 2546. Con esas cifras, incluso aceptando que no sean más, ¿cómo se puede desenvolver el sistema de salud ceutí?

Como dijimos al inicio, un problema humanitario, sanitario, económico, social y también, no se puede obviar, un problema geoestratégico.

¿Los factores esenciales del caos y la vergüenza de la situación?

-Una organización lenta, muy lenta, exasperante y poco efectiva en el acceso a procedimientos de asilo, en los triajes para ver factores de vulnerabilidad y necesidades de protección y en la reseña y registro de menores, niñas y mujeres para su posterior protección.

-La intensificación de la retórica de odio por parte de determinadas autoridades y representantes políticos que refuerza narrativas estigmatizantes, presentando a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad de la ciudad que pretende enfrentar a “los españoles” con “los inmigrantes”.

Dejando ahora aparte a los responsables de la entrada masiva a Ceuta de los miles de inmigrantes debemos criticar duramente a los responsables de la terrible e inhumana situación que no se resuelve. Es urgentísimo.