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CV Opinión cintillo

Movilidad sostenible al sur de Europa

Una proyección de la gigafactoría de baterías que Volkswagen instalará en Sagunt.

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Bajo la nube de crispación que envuelve la política española pasan cosas. Y algunas son esperanzadoras. Podríamos decir que la vida sigue pese a los sobresaltos que sacuden a las instituciones en España. Pasa, por ejemplo, que la evolución del empleo va mejor de lo que la mayoría esperaba. Se ha alcanzado por primera vez la cifra de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social con un récord de contratos indefinidos. Se habla de una fortaleza del mercado de trabajo que ha superado las expectativas. Pese a la pandemia y los efectos de la invasión de Ucrania, los datos son tan buenos que permiten abordar con cierta energía positiva los problemas de la compleja situación económica, como el control de la inflación, la necesidad de un pacto de rentas y la negociación sobre los salarios entre los sindicatos y la patronal, ahora mismo rotas.

Algo tendrá que ver en las buenas noticias sobre el empleo la decidida política de cobertura social, con mecanismos como los expedientes de regulación temporal, aplicada frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19. Y sobre todo, esa reforma laboral aprobada por los pelos en el Congreso que tanta hostilidad recibió de la derecha y tan poco apego cosechó de unos determinados socios parlamentarios del Gobierno, reincidentes algunos en su displicencia hacia la urgencias ciudadanas cuando han rechazado más tarde las imprescindibles medidas para amortiguar el impacto de la guerra de Putin en los costes de la energía, el alza de precios del combustible y las dificultades de ciertos sectores productivos con los suministros y las exportaciones. Son las “políticas útiles”, esas “políticas públicas diferentes” en las que tanto insiste la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

La vida sigue, afortunadamente, aunque sea a golpes de suerte en las milagrosas aprobaciones parlamentarias de esas políticas útiles, en un tiempo en el que no es una opción frenar las reformas de la economía y la industria porque el cambio climático y la transformación del modelo económico no van a esperar a que se declare una tregua en la sorda batalla diaria de la política. El mismo día que en el Congreso se producía una comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia rodeada de la máxima expectación por el grave escándalo del espionaje de teléfonos como el del presidente catalán Pere Aragonès con la infame herramienta informática denominada Pegasus, se hacía oficial en Sagunt la instalación de la gran factoría de baterías eléctricas de Volkswagen. Pedro Sánchez no dejó pasar la oportunidad y estuvo allí, en los terrenos donde se ubicará, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el de la multinacional alemana, Herbert Diess. Se trata del mascarón de proa de un proyecto, el del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, de 10.000 millones de euros, en el que están implicadas 62 empresas de once comunidades autónomas. “La mayor inversión industrial de la historia de España”, según destacó Diess.

La gigantesca inversión empresarial, apoyada por fondos europeos, incluye la electrificación de las fábricas de automóviles de Seat en Martorell y de Volkswagen en Pamplona, pero la gigafactoría de baterías en Sagunt es la acción más llamativa. Será la tercera, tras las de Alemania y Suecia, de las seis plantas de ensamblaje de baterías que la multinacional automovilística tiene planeado construir en Europa. Con más de 3.000 millones de euros de inversión, unos 3.000 puestos de trabajo directos y hasta 12.000 empleos indirectos se espera que genere la fábrica, que ocupará una superficie de 200 hectáreas y se alimentará en un 20% de energía renovable gracias a la instalación por parte de Iberdrola de una planta fotovoltaica de 240 hectáreas en la que se invertirán 500 millones de euros. Se ha bautizado el conjunto del proyecto con una idea, Future: fast forward, y se le ha atribuido un lema: “Electrificando España”.

La electrificación, que es la encarnación concreta de la descarbonización en el ámbito del transporte, o dicho de otra manera, la aplicación de las energías limpias a uno de los sectores responsables de una mayor cantidad de emisiones de efecto invernadero, es la condición para una revolución industrial que no puede esperar. Con la puesta en marcha de la factoría en Sagunt prevista para el año 2026, la Comunidad Valenciana aspira, en palabras de Ximo Puig, a convertirse en “el polo de la movilidad sostenible al sur de Europa”. Desde luego, no faltaron en la presentación de Sagunt la metida de pata del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al llamar “tontos” por los aumentos de sus facturas a los consumidores que se acogen a la tarifa regulada (que son los de menor capacidad económica), ni los ecos de la crisis que atraviesa el Gobierno consigo mismo y con sus socios parlamentarios por el caso de espionaje del que también han sido víctimas el presidente y algunos de sus ministros. Contribuía ese ambiente a la sensación recurrente de que la superestructura política airada y caótica a la que casi nos hemos acostumbrado funciona en un escenario distinto, en una realidad paralela de aquella en la que comenzamos a entrar en una era en la que, tal como proclama el título de este gran proyecto del campo de la automoción, hay que avanzar rápido hacia el futuro.

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