La precariedad que hay detrás del mito de la “falta de mano de obra”

La entrada en vigor de la reforma laboral ha supuesto una notable mejoría en la estabilidad del empleo. Contra la lógica de todas las reformas laborales conocidas hasta la fecha, la necesidad imperiosa de romper con la dualidad del mercado de trabajo se convirtió en el principal objetivo del gran acuerdo del diálogo social de la pasada legislatura. Un año y medio después, se ofrecen pocas dudas respecto al impacto, entre otras medidas, de la eliminación del contrato de obra y servicio. Prácticamente la mitad de los contratos que se firman en nuestro país ya son indefinidos. Si ponemos en relación esta disminución notable de la temporalidad con la subida del SMI, debería valorarse el éxito y la orientación de esta reforma, que incide primordialmente sobre las realidades laborales más precarias.

No cabe duda de que el rearme de la capacidad de la negociación colectiva o la disminución de la temporalidad en el empleo están operando de manera significativa en la reducción de la precariedad laboral. Pero no es menos cierto que resulta apremiante abordar la regeneración de los sectores que mantienen su competitividad a costa de ofrecer unas pésimas condiciones de trabajo.

A pesar de que en este país sigue habiendo más de 2.700.000 personas paradas, es en los sectores donde predomina el empleo de bajo valor añadido donde se concentra el recurrente debate de las ocupaciones de difícil cobertura. Asistimos frecuentemente a los argumentos empresariales más gruesos, aquellos que cuestionan las prestaciones sociales porque “desincentivan la búsqueda de empleo”. Mientras, se desecha cualquier discurso sensato que se refiera a las causas de la “falta de mano de obra”, a la incapacidad de generar empleo decente, a los bajos salarios, o a las jornadas de trabajo interminables (a las que se refería recientemente alguna voz de la patronal venida del Paleolítico que apuntaba a la “media jornada de 12 horas”). 

Curiosamente, son pocas las voces empresariales que alerten del efecto de la competencia desleal por incumplimientos de las más elementales normas laborales frente a quienes cumplen la normativa, pagan buenos salarios, y, en consecuencia, son ajenos a las dificultades a la hora de contratar personas trabajadoras.

Estos discursos conviven con otros que atribuyen el problema a la falta de cualificación de los candidatos. Las propias dinámicas de rotación laboral de sectores como, por ejemplo, el de la construcción, ha devenido en incapacidad para articular una respuesta a las necesidades de formación de las personas trabajadoras en el ámbito de la empresa. De aquellos polvos, estos lodos. Este es uno de los grandes retos que tienen las Políticas Activas de Empleo: la superación del gap que permita una recualificación específica a los nuevos perfiles que requieren los saltos tecnológicos a través de la formación para el empleo.

Esa hipotética carencia de trabajadores disponibles está en el origen de la última reforma exprés, y sin diálogo social, del reglamento de la Ley de Extranjería, al objeto de facilitar la llegada de personas trabajadoras extranjeras extracomunitarias para ocupar los supuestos empleos vacantes. De ‘facto’, parece darse por buena la premisa neoliberal que apela a los desajustes oferta- demanda sin atender a los hechos causales del problema que están en la calidad del empleo y, en cierta medida, en la necesidad de dar un salto cualitativo en las políticas activas ofertadas. 

En todo caso, no parece razonable facilitar la contratación de personas migrantes bajo el pretexto de que el mercado de trabajo no ofrece la posibilidad de contratar perfiles técnicos como camarero o cocinero, propuestas de inclusión en el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura de la CEV para la provincia de Castellón, que se nos presentó el pasado verano sin el menor atisbo de rubor. 

Hace tiempo que venimos insistiendo al Servicio Público de Empleo Estatal en la necesidad de establecer mejoras técnicas del mecanismo de determinación de la situación del empleo, a fin de poder dotarnos de un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura más fiable, ágil y eficaz que permita precisión en las necesidades reales del mercado de trabajo español. 

Teniendo en cuenta que el único procedimiento para la elaboración del Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura data del año 2005, seguimos esperando impacientes que se cumpla con lo que ya está comprometido: una revisión integral de los criterios para garantizar un sistema objetivo. Algo del todo pertinente ahora que, a días de conmemorar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, podemos presumir de haber iniciado el camino para dignificar las condiciones del empleo en nuestro país.