Un órgano de Hacienda avala que la Diputación de València exija alto nivel de valenciano en contratos públicos

Un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda avala que la Diputación de València exija tener un elevado nivel de valenciano a las empresas a las que va a contratar la Corporación. Después de que una firma impugnara un procedimiento por considerarlo discriminatorio, en el que se exigía un nivel C2 de valenciano como requisito para contratar, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales desestima su petición respecto a este punto y lo considera acorde a la actividad de la Diputación, respecto a un contrato para una oficina de apoyo a proyectos europeos.

Sin embargo, el órgano sí atiende a parte del recurso presentado por la firma, que cuestionaba la titulación exigida (pedía un equipo con licenciados en periodismo y comunicación audiovisual y en Economía, Geografía, entre otros) y criterios de arraigo territorial (presencia en Bruselas y oficinas en Valencia), por lo que “la anulación de los criterios referidos supone la de los acuerdos de aprobación de los pliegos”. En consecuencia, la Diputación de Valencia acordó a finales de mayo dejar sin efecto la licitación y deberá rehacer los pliegos.

En concreto, se trata de un procedimiento para la contratación del Servicio de asistencia técnica y gestión de la Oficina de Ayuda Técnica para Proyectos Europeos de la Diputación de Valencia, convocado el pasado diciembre por la Corporación que dirige Vicent Mompó, con valor de 1,2 millones de euros. La oficina debe “asistir y asesorar en la búsqueda, captación y gestión de fondos comunitarios para entidades locales, promover la transferencia de conocimientos vinculados a los proyectos europeos entre los técnicos y cargos electos de la provincia de Valencia”, según consta en la plataforma de contratación.

La Diputación exigió en los pliegos como criterio de adjudicación el conocimiento de nivel C2 de valenciano del personal a adscribir al contrato, una condición que una empresa consideró discriminatoria. Eurovertice Consultores, con sede en Murcia, presentó un recurso ante este órgano, encargado de dirimir asuntos de contratación pública, porque veía este requisito, además de las titulaciones exigidas en otros términos y el arraigo territorial, como una traba. En concreto, sobre el nivel de valenciano, que equivale a una titulación superior, la firma consideró que “la exigencia de este criterio resulta totalmente desproporcionada y no vinculada al objeto del contrato, constituyendo, simplemente, un obstáculo más —a todos los ya expuestos— en el acceso a la licitación. Dicho requisito lingüístico, configurado como criterio de adjudicación, no resulta necesario ni guarda una vinculación directa con el objeto del contrato”.

En su análisis, el Tribunal desestima esta consideración. Lo considera un elemento proporcional y que entra en el marco de discrecional del contrato. El órgano va más allá y hace suyo el argumento que la Diputación de Valencia emplea para el requisito de conocer la lengua cooficial: la Corporación “dispone de normativa específica y planes de normalización lingüística propios que promueven el uso habitual del valenciano en los documentos institucionales, especialmente cuando estos se dirigen a entidades del ámbito territorial valenciano, además de que el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares contempla publicaciones que deberán ser redactadas en valenciano, por lo que se exige una corrección tanto en la ortografía como en la morfología y sintaxis”. Al órgano le parece lógico que, para trabajar con los municipios valencianos y comunicarse en valenciano, se deba tener conocimiento del valenciano.

Sobre el arraigo territorial, que exigía disponer de oficinas en València, el tribunal cree que “la determinación de cinco códigos postales del casco urbano de la capital como único criterio de localización válido introduce una restricción geográfica que no encuentra ningún correlato en las prestaciones” del procedimiento, y reclama anular este punto.