Todos los partidos menos el PP atacan a la juez que investiga el accidente de metro en Valencia
Los portavoces de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos en la comisión de investigación del accidente del metro han mostrado este lunes en un comunicado su “absoluta indignación” ante la imputación de la médico del SAMU Carolina Ligorit, que la pasada semana aseguró que los cuerpos tanto del maquinista como de la revisora de las unidades afectadas en el accidente del metro del 3 de julio de 2006 se encontraban en el interior de la cabina. En este sentido, los responsables de los grupos políticos han manifestado de forma conjunta su “total solidaridad” ante la “insólita actuación de la jueza”.
La diputada Ana Barceló (PSOE); Isaura Navarro (Compromís), Alexis Marí (Ciudadanos) y Fabiola Meco (Podemos) han recordado que la imputación se produce “precisamente la semana en que los grupos vamos a presentar el dictamen de la comisión” y han denunciado que la jueza la haya llamado como investigada/imputada “sin que ni siquiera le haya pedido testimonio previamente”.
Por todo ello, los portavoces, respetando la decisión judicial, han querido mostrar su “profunda indignación” y han asegurado que “seguirán trabajando para esclarecer todo lo ocurrido tanto en el accidente como en la gestión posterior del mismo”. “Lo que nos gustaría saber es qué piensa el PP de todo esto”, han sentenciado los portavoces.
Una imputación rauda
La juez ha decidido investigar a la médico al creer que su testimonio podría faltar a la verdad, ya que, en su opinión, ninguna de las diligencias practicas tras el accidente permite defender que que los cuerpos del maquinista y la revisora de las unidades afectadas en el accidente del metro se encontraban en el interior de la cabina.
“Resulta totalmente inverosímil la idea que bomberos y policías, antes de que compareciera la comisión judicial autorizando el levantamiento de los cadáveres, hubiesen procedido por propia iniciativa a sacar los cuerpos de la cabina, recorrer con ambos 65 y 75 metros respectivamente, para levantar otros cuerpos y colocarlos debajo, en medio de una situación extrema de heridos y muertos, con un entorno muy complicado debido a la posición del vagón, la inundación de las vías, la falta de luz... Y todo ello sin ningún tipo de fin concreto, dada la intrascendencia que tiene el lugar donde pudieran aparecer los cadáveres”, dice en su auto la juez Nieves Molina.
Según la juez, la profesional sanitaria podría haber incurrido en un delito contra las Instituciones del Estado por acusar a la Policía de falsear informes durante el relato de su testimonio en sede parlamentaria. La doctora declaró en la comisión parlamentaria que vio los cuerpos del maquinista y de la interventora en la cabina, en contra de lo asegurado en los informes de la policía y de bomberos.
Para la magistrada, no existe la “más mínima duda” del lugar donde aparecieron ambos cuerpos, en las vías. Además, critica que “intentar rodear de misterio la aparición del cuerpo del maquinista en las vías carece de toda lógica”.
Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que la magistrada también rechaza la solicitud del letrado que representa a las víctimas agrupadas en la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), para que testifique uno de los forenses, que también compareció en la Comisión del parlamento valenciano.
Se trata, según señala la jueza, de diligencias “innecesarias” por cuanto nada tienen que ver con el objeto del procedimiento judicial, que se centra en determinar las “hipotéticas responsabilidades penales derivadas de la posible falta de medidas de seguridad exigibles en el sector ferroviario” en que podrían haber incurrido los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con competencias en materia de seguridad.
“Es evidente y palmario que las declaraciones que solicita la parte en nada van a incidir sobre el objeto central de la investigación”, recoge la resolución, en la que, además, se acuerda deducir testimonio contra la doctora del SAMU para que otro juzgado investigue si, con sus declaraciones, ha cometido un delito contra las Instituciones del Estado previsto en el artículo 502.3 del Código Penal“.
La investigación del accidente ha sido una guerra abierta entre las víctimas y la juez encargada del caso.
