La plantilla del hospital de Dénia presiona para volver a la gestión pública y denuncia la fuga de 280 profesionales

Los trabajadores del hospital de Dénia y de los diferentes centros médicos del departamento de salud de la Marina están en pie de guerra ante la paralización del proceso de su recuperación para la gestión pública, iniciado por el Gobierno del Botánico a principios del presente año, pero ahora en 'standby' con la entrada del bipartito del PP y Vox al Ejecutivo autonómico.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez (PP), comentó recientemente que la futura gestión de los departamentos privatizados dependerá del resultado de una auditoría que ya se ha encargado, a pesar de que un informe de la propia conselleria desaconseja prorrogar las concesiones.

La respuesta de los empleados no se ha hecho esperar. El comité de empresa del hospital de Dénia-Marina Salud ha denunciado “una aceleración de fuga de profesionales” en el departamento ante “la indecisión” del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de finalizar la concesión con la concesionaria, Ribera Salud, a pesar de “las pésimas condiciones de trabajo que deben soportar diariamente” los facultativos médicos.

En un comunicado, el comité de empresa ha criticado que en el último año y medio “unos 280 profesionales de la plantilla de Marina Salud han abandonado el Departamento” y “sólo en septiembre han solicitado el cese al menos ocho enfermeras, un radiólogo, un psiquiatra, un oftalmólogo, un médico de urgencias, un ginecólogo, un internista, una administrativa y dos TCAE”.

“Ante esta situación, la respuesta que está dando la administración es ambigua, dilatando decisiones que ya se habían tomado previamente y que a los profesionales les hace pensar que la resolución va a ser distinta a la iniciada, siendo cuestión de tiempo que Sanidad prorrogue el contrato con la concesionaria Marina Salud”, señala.

Asimismo, sostiene el comité que tiene conocimiento de que, “una vez más, Ribera Salud se niega a aportar la documentación solicitada en las normas de reversión, actualmente vigentes y aprobadas en las Corts, con el principal objetivo de bloquear la finalización de contrato y el paso a una gestión directa por parte de la Conselleria de Sanidad”.

Así, el comité no entiende “cómo a pesar de tener un informe de la Abogacía de la Generalitat en contra de la compraventa de acciones de Ribera Salud, incumpliendo la Ley Valenciana de Salud, de la falta de lealtad en la entrega de documentación solicitada, y con el incumplimiento reiterado de los pliegos, Gómez todavía siga dudando si el 31 de enero finalizará o no la concesión”. Al respecto, censura que a través de esta concesionaria están “con una situación lamentable a nivel laboral y asistencial”.

Por ello, el comité concluye criticando que Marina Salud, filial de Ribera Salud, “ignora el proceso de reversión iniciado, ofreciendo a cambio un plan estratégico lleno de promesas que deberían de haberse ejecutado con anterioridad, conforme marcaba el pliego de condiciones de la concesión”.

Compromís, a los tribunales

Compromís ha advertido de que “no será tan fácil paralizar un proceso ya activado y que cuenta con todos los informes favorables, así como con los procedimientos y plazos bien establecidos”. Los valencianistas de la comarca alicantina a través de su diputado Gerard Fullana han anunciado la posibilidad de acudir a los tribunales si el Consell del PP y Vox continúa con el objetivo de mantener una gestión privatizada que “solamente provoca caos”.

Fullana ha manifestado que “el Gobierno de la extrema vergüenza ha hecho una declaración de intenciones: quieren condenar a la Marina Alta a seguir siendo el negocio sanitario de empresas amigas y sus aliados. Tomaremos todas las acciones que sean necesarias para que lo acordado el mes de enero, cuando Compromís tenía el Gobierno valenciano, se cumpla. Iremos a los tribunales o donde haga falta para defender a la gente de la Marina”.

Este miércoles, Compromís presentó una PNL (proposición no de ley) en las Corts Valencianes apoyada por el PSPV exigiendo al Consell que, tal como se comunicó el día 31 de enero a la empresa concesionaria del departamento de salud de Dénia, se continúe con el proceso de recuperación del servicio público sanitario en las fechas previstas, en el año 2024. Sin embargo, fue desestimada con los votos del PP y de Vox.