Abolir, prohibir, regular: el abordaje de la prostitución agrieta al Gobierno valenciano

Una protesta reclama derechos y protección para las mujeres que ejercen la prostitución / Foto: cedida.

La agenda política destinada a combatir la explotación sexual de las mujeres ha ido tomando peso en la última legislatura. El debate sobre los derechos y libertades sexuales y el consentimiento confluyen con la agenda abolicionista de una parte de los gobiernos progresistas, que, hasta la fecha, divergen en la respuesta y en la consideración de la prostitución como violencia de género. Las acciones destinadas a abolir la prostitución y la explotación sexual en la Comunitat Valenciana han ido en aumento, desde la perspectiva de perseguir al demandante y al proxeneta y tratar de ofrecer recursos a las mujeres más vulnerables. Sin embargo, en el Ejecutivo de coalición del PSPV, Compromís y Unides Podem, el Pacto del Botánico, pese a haber consenso en erradicar la trata, las políticas concretas responden a filosofías distintas.

En el Gobierno valenciano las competencias en violencia de género radican en la Conselleria de Igualdad, que gestiona la vicepresidenta Mónica Oltra y se centra en los itinerarios de inclusión y la perspectiva asistencial, mientras que la Conselleria de Justicia, que dirige la socialista Gabriela Bravo, coordina las acciones policiales y judiciales y aboga por una agenda marcadamente abolicionista. Este departamento ha puesto sobre la mesa una reforma de la ley de espectáculos, un proyecto enfocado a perseguir la tercería locativa -el lucro que obtiene un tercero por la prostitución, habitualmente con el alquiler del espacio-, sancionar al demandante y la publicidad de prostitución, aportando más poder a la Policía para clausurar locales si se considera que “se incita o fomenta la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación, así como que se atenta contra la dignidad humana o los derechos de las mujeres”.

La rama socialista del Ejecutivo valenciano quiere liderar las acciones estatales abolicionistas con una modificación de la ley de espectáculos que, de aprobarse, sería pionera en un Gobierno autonómico, pero que genera muchas dudas en la coalición y en algunos colectivos feministas que rechazan el punitivismo. Este viernes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, preguntada por la postura del Ejecutivo, abogaba por huir de debates dicotómicos -abolición o regulación-, escuchar a la parte afectada y no abocar a la clandestinidad ni a la precariedad a las mujeres a las que se pretende proteger. “Lo primero es procurar que una norma no perjudique a la parte más vulnerable”, apuntaba Oltra, que insistía en no tomar “decisiones despóticas”. La titular de Igualdad argumentó que las medidas punitivas “causan perjuicios en el ámbito, sobre todo, de mujeres víctimas de explotación sexual o que ejercen la prostitución” y subrayó que la postura del Consell se ha materializado con la renta valenciana de inclusión, una equiparación en ayudas públicas al salario mínimo interprofesional, y programas de orientación sociolaboral para víctimas de trata. El Ejecutivo, afirma, tendrá que valorar el contenido de la propuesta. El periodo público de alegaciones a la ley de Espectáculos concluye el 30 de mayo y, a partir de entonces, comenzará el debate formal.

Un foro abolicionista

La Conselleria de Justicia impulsó el pasado año un espacio de trabajo con agentes sociales, en el que se presentaron varios estudios sobre la situación de la prostitución en la Comunitat Valenciana desde el punto de vista de la demanda y con propuestas legislativas. Según sus estimaciones, cada día 8.500 hombres pagan 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en el territorio autonómico. El Gobierno valenciano y la policía tienen localizados 143 locales en los que se ejerce la prostitución y más de un millar de anuncios de pisos para este fin. El catedrático en Sociología Antonio Ariño, encargado de uno de los estudios, analiza la prostitución como institución y como sistema que reproduce las asimetrías de poder: de género, de clase, de procedencia étnica y de edad. El otro informe corre a cargo del catedrático de Derecho Penal Fernando Miró, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que indica que la aceptación de la prostitución varía en función de la actividad por la que se pregunte: se rechaza ampliamente la prostitución en la calle, pero menos la considerada de lujo y ejercida en domicilios comprendidos como privados.

Las acciones legislativas que salieron del Foro Abolicionista, compuesto por entidades feministas, juristas, administraciones e instituciones académicas, instan a la Administración a considerar la prostitución una forma de violencia machista y a sancionar la demanda de sexo pagado y la colaboración, y se han ido materializando en el último mes.

Bravo ha impulsado un modelo de ordenanza abolicionista que invita a los ayuntamientos a sancionar a los demandantes de prostitución. La propuesta, que los ayuntamientos liderados por el PSPV-PSOE incorporarán, según indicó la vicesecretaria general y responsable de igualdad, Ana Domínguez, propone multas de hasta 3.000 euros para clientes, proxenetas o “quienes colaboren con los demandantes de sexo pagado como intermediadores”. Esta norma considera la prostitución como una forma de violencia de género y abre la vía a que las mujeres que lo deseen puedan optar a itinerarios de inclusión y ayudas públicas. Esta propuesta es vista desde algunos sectores como una forma de criminalizar a las mujeres y de incrementar su situación de vulnerabilidad.

“Hay que abolir la ley de extranjería”

Hasta la fecha, el único interlocutor formal entre mujeres que ejercen la prostitución y la Administración Pública ha sido el sindicato Otras. El colectivo aboga por una definición de la “prostitución libre y autogestionada” como trabajo sexual y, en aras de esa concepción, reclama derechos dignos para las mujeres que lo ejercen: seguridad social, cotización, cobertura sanitaria... “un régimen de trabajo”. “Nosotras no buscamos regulación, buscamos derechos”, señala Martina Salander, portavoz en Valencia, que pone como ejemplo el modelo de Nueva Zelanda, considerando que las opciones regulacionistas no han tenido buen resultado.

La asociación se reunió con la consellera de Igualdad y ha presentado alegaciones a la reforma que plantea Justicia porque, afirman, estas modificaciones las abocarán a la persecución y a la clandestinidad. La representante explica que extender la definición de tercería locativa a todo beneficio que viene de la prostitución perjudica a las mujeres que viven juntas, especialmente a las migrantes, que viven y ejercen la prostitución en el mismo lugar. “Muchas chicas son migrantes que trabajan y viven en el mismo sitio; las dejas en la máxima precariedad posible”, critica, al tiempo que advierte que, si se criminaliza al entorno, se las empuja a la clandestinidad, a “donde no hay inspección de policía, que es ahí donde se producen los abusos”.

Salander critica un posicionamiento moral del PSOE y exige tanto a ese partido como al Ministerio de Igualdad y a Unidas Podemos que escuchen sus propuestas antes de iniciar un proceso legislativo. “Si quieren hacer una ley, que cuenten con nosotras; si alguien tiene que hablar sobre prostitución, somos nosotras”, reitera, rechazando también la consideración de la prostitución como violencia de género.

Para acabar con la trata, la representante aboga por suprimir la ley de Extranjería que, a su juicio, incrementa la vulnerabilidad de las mujeres. “Sería más fácil que vinieran con un contrato que no en una red de tráfico de personas. Muchas saben a lo que están viniendo, pero lo prefieren a las condiciones de vida que tienen”, afirma la portavoz en Valencia, que, reitera: “Hay que ir al foco del problema”.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats