Un foro abolicionista, formación a los agentes y ayudas de inclusión: el Gobierno valenciano intensifica la lucha contra la prostitución

Un foro por la abolición de la prostitución, el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, formación a agentes de la Policía Nacional y la extensión de la red de la renta valenciana de inclusión. En el último año el Gobierno valenciano ha incrementado sus esfuerzos en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres, sea en forma de trata o de prostitución forzosa, a través de las conselleries de Justicia e Igualdad y Políticas Inclusivas.

El pasado marzo la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo constituía con entidades feministas, juristas, administraciones e instituciones académicas un espacio de trabajo para eliminar el comercio sexual. Según sus estimaciones, cada día 8.500 hombres pagan 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en el territorio autonómico. El Gobierno valenciano y la policía tienen localizados 143 locales en los que se ejerce la prostitución.

El foro articulará dos grupos de trabajo: el primero, para abordar las necesidades de las víctimas para organizar y mejorar los recursos asistenciales; el segundo, para estudiar las reformas legislativas futuras y la normativa actual. Entre sus trabajos está la realización de dos grandes estudios de campo que permitirán radiografiar el fenómeno de la prostitución en la Comunitat Valenciana. Uno de ellos lo hará la Universitat de València para conocer cuántas mujeres están en esta situación, su perfil económico, social y familiar o estimar el volumen de dinero que mueve esta actividad, entre otros parámetros. El otro lo realizará la Universidad Miguel Hernández de Elche y se centrará en la percepción que la sociedad valenciana tiene sobre la prostitución y sus componentes de género. “La inmensa mayoría de las personas que se prostituyen son mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres”, señaló Bravo.

Desde el pasado mayo el Ejecutivo autonómico ofrece a los ayuntamientos cursos de formación para que las mujeres prostituídas sean consideradas víctimas de violencia machista. “No es de recibo que, por mantener un concepto obsoleto e injusto del orden público, para atajar la prostitución se pretenda perseguir a la víctima y no al victimario, al prostituidor, al mal llamado cliente”, expuso la consellera. El pasado 13 de mayo se impartió el primer curso a policías locales, nacionales y guardias civiles a cargo de la guionista Mabel Lozano, través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe), al que asistieron 240 agentes de distintos cuerpos de seguridad del Estado.

En el marco asistencial, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, mantuvo el jueves un encuentro con responsables de Fiscalía para abordar la trata. La número dos del Consell insistió en que la red de Centros Mujer 24 horas necesita una comisaría para que las víctimas puedan “cerrar el círculo” de la violencia, aunque a nivel asistencial ya se les ofrecen los recursos como a cualquier otra víctima de la violencia machista. En 2020, la red de atención a mujeres víctimas de trata realizó 472 entrevistas personalizadas con mujeres “en el trabajo de calle y en medio abierto”.

En 2019 dos centros especializados en la atención a víctimas de trata entraron a formar parte de la red de atención de la Generalitat Valenciana para víctimas de violencia de género a través del concierto de todas sus plazas, ofreciendo una atención integral residencial a aquellas mujeres víctimas de trata que precisan de un lugar de acogida por motivos de protección, evitar la localización de las redes de explotación, y la realización de un proceso de inserción hasta su autonomía. Los recursos de la red de trata, enmarcados en la red de violencia machista del Ejecutivo autonómico, ofrecen “atención integral residencial” a aquellas mujeres víctimas de trata que precisan de un lugar de acogida por motivos de protección -evitar la localización de las redes de explotación-, manutención y necesidades alimentarias y “realizan un proceso socio-educativo cuyo objetivo es la recuperación y preparación para la inserción laboral y la salida autónoma del recurso”.

Los partidos firmantes del Pacto del Botánico -PSPV, Compromís y Unides Podem- asumieron la posición abolicionista con una proposición no de ley que reclama al Gobierno legislar en esta dirección.