La odisea de denunciar la violencia machista: “El proceso te empuja a volver con él”

María -nombre ficticio- tiene 52 años, es administrativa de profesión y es víctima de violencia machista. Un viernes, tras un episodio grave de violencia, abandonó el hogar que compartía con su pareja en Valencia, donde residía con su hija, a la que está intentando “sacar de ahí”. El mismo día, María fue a la Policía a poner una denuncia por malos tratos, pasó al juzgado de guardia y se decretó una orden de alejamiento de su maltratador. Salió de casa con lo puesto y ya no tenía dónde ir.

Unos seis meses antes de que comenzaran las agresiones físicas, una amiga la convenció para llamar al 016, el teléfono de atención a las víctimas, que deriva las llamadas según la provincia de la afectada. La conversación, dice, no fue demasiado productiva. La trataron con soberbia y de forma despectiva, explica. Después acudió a uno de los centros Mujer 24 horas, los que también prestan esta atención telefónica, para asesorarse. Allí, cuenta, le dijeron: “uy, lo tienes chungo para denunciar”. Sin un parte de lesiones no podría hacer nada. “Salí llorando del centro”, cuenta. Y volvió a casa.

María acude a contar su historia acompañada de una amiga, con la que vive de forma provisional hasta que encuentre trabajo y piso. No solo la vivienda es propiedad de su expareja, sino que también trabajaban juntos, así que, además de sin casa, se quedó sin trabajo cuando decidió marcharse. Su acompañante también lo ha sido en varias fases del proceso, testigo de algunas agresiones, y acudió junto a ella a presentar la denuncia. También la ha acompañado en alguna ocasión a los centros de atención y ha hablado con las trabajadoras. “Te venden el 016 como una ayuda, que tienes que denunciar, que no vas a estar sola... pero te hacen sentir como si no fueras nada”, dice molesta con el laberinto burocrático, que deriva de una oficina a otra. “Vas aquí y allá y te dicen que es en otro sitio, que sin esto no puedes hacer nada, que necesitas mil papeles...”, narra su compañera. “Si vas a un centro antes de poner la denuncia, se te quitan las ganas”.

El día de la agresión que la hizo salir de casa, volvió a llamar al 016 y la remitieron a pasar por el centro a última hora de la mañana, sin concretar una cita. “Les expliqué que ya había llamado otras veces pero, como es anónimo, no tienen registros, no recordaban mi caso y yo no sabía con quién había hablado”.

Su amiga la convenció para ir directamente a la Policía a interponer la denuncia y ahí comenzó el trámite judicial. María había saltado del coche que conducía su entonces pareja, en medio de una bronca, y una testigo llamó a un médico. El doctor la atendió además con un cuadro de ansiedad y al examinarla vio que había algo detrás. “Me dijo 'esto no viene de ahora, ¿verdad?”, y redactó el documento que acredita violencia psicológica y el parte de lesiones, que fue crucial en el resto del proceso. “Fue mi ángel”, dice agradecida. Al día siguiente el juez de guardia, vistas las lesiones, decretó una orden de alejamiento. Califica como muy buena la atención médica, policial y jurídica, donde los trámites fueron rápidos y le informaron “de todos los lugares a los que ir a pedir ayuda”. “Se portaron de maravilla”, dice sobre la comisaría.

Días después, con la denuncia puesta, volvió al centro Mujer 24 a informarse sobre cómo rehacer su vida. Allí, cuenta, se sintió cuestionada. Quien le atendió le afeó que no hubiera ido antes de poner la denuncia para asesorarse, que “hay que pensárselo mucho antes de denunciar”. “¿Cómo puede decirte eso alguien que se supone que va a ayudarte cuando estás viviendo un infierno?”, exclama su amiga.

La tutela excesiva

“Hice un montón de tests, me explicaban cosas obvias como pedir un abogado de oficio... Si yo he trabajado siempre en ese mundo, sé cómo se pide un abogado, necesitaba otra cosa”, critica, considerando que se busca hacer un perfil de mujer maltratada, cuando no lo hay. “Todas somos diferentes”, alega. Ambas entienden que las trabajadoras tienen que hacer su trabajo, rellenar formularios y guardar datos para las estadísticas, pero no consideran que sea el mejor trato para una mujer que está pasando por una experiencia traumática. “Ni te dicen su nombre, eso no te tranquiliza”, añade su acompañante. “Las funcionarias no tienen empatía”, lamentan.

Solicitar las ayudas económicas tampoco fue fácil. María se había quedado un fin de semana sin casa y sin trabajo y necesitaba “lo que fuera”. “Te sugieren que hay gente que se lo inventa para conseguirlas, como que te acusan de lo mismo”.

María dice que quería optar a un piso protegido para poder llevarse a su hija, pero que no había plazas y le recomendaron ir a un centro para mujeres. Las condiciones del centro, añade su acompañante, “son como para menores de edad, a las 8 tienes que estar en casa”, “¿Cómo vas a rehacer tu vida, cómo vas a ir a trabajar, si tienes que volver a las 8?”, cuestiona.

Al no haber pisos disponibles y no manifestar voluntad de acudir a un centro, dice, le preguntaron si podría quedarse en casa de algún amigo o familiar. “Su remedio era que hiciera talleres de autoestima para aprender a pedir dinero y casa a mis amigas”, explica. “La autoestima la recuperaré cuando vuelva a tener trabajo y una casa, no con un taller”, sentencia. También, “que fuera al médico a pedir pastillas porque estaba nerviosa”. “Imagina a una persona que no tenga recursos, que tenga que venir mil veces aquí, que se le cuestione... Todo esto mientras él te manda mensajes para que vuelvas y te dice que va cambiar... Te empujan a volver”, considera su acompañante.

Después de los centros, acudió al Institut Valencià de les Dones a seguir informándose, donde también valora la atención. María, de momento, vive en casa de una amiga y ha acudido -derivada por el centro- al programa Valencia Activa, una iniciativa del Ayuntamiento para búsqueda de empleo, donde en un par de meses ha conseguido entrevistas. Hasta que encuentre trabajo, recibe una ayuda de emergencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, unos 200 euros al mes para alimentación y productos de higiene básica.

Lo cierto es que la Administración no tiene precisamente fácil ayudar. Una burocracia sobredimensionada, los recursos repartidos, años de parálisis presupuestaria en estas cuestiones, posteriores a recortes sociales, no dejan un panorama en el que la actuación sea efectiva, aunque exista la voluntad.

Desde la dirección general de Igualdad de la Generalitat Valenciana defienden que los centros no son lugares para adjudicar ayudas, sino que asesoran a las víctimas y las acompañan en el proceso. La distinción entre un lugar orientativo y otro adjudicatario, dicen, es importante. También dudan de que las trabajadoras sociales, “con la formación que tienen”, hayan cuestionado a una víctima.

Los centros Mujer 24 son puntos de información y asesoramiento que derivan a la víctima a otros servicios públicos. El personal de estos centros realiza evaluaciones y tareas de apoyo a las denunciantes. La Generalitat Valenciana tiene la tutela de varias modalidades de alojamiento protegido: los centros de emergencia, los centros integrales y los pisos tutelados. Las solicitudes y evaluaciones para los ingresos las realiza el personal de los centros Mujer 24, que valoran la situación y derivan a la alternativa que consideren correspondiente, “siempre que la situación lo requiera por la gravedad de los hechos sufridos, y cuando no tengan otro recurso de alojamiento alternativo, no dispongan de medios económicos suficientes para poder afrontar la situación de maltrato y corra peligro su integridad física y/o psíquica”.

Una comisaría única

Precisamente el de la coordinación fue uno de los ejes del pacto valenciano contra la violencia machista. También la creación de una oficina de denuncias especializada para “evitar la doble victimización” (Eje 3, objetivo 3.1, medida 6). Precisamente, la oficina que ha causado el conflicto reciente entre la consellera de Igualdad, que es la vicepresidenta Mónica Oltra, y la de Justicia, Gabriela Bravo por su ubicación. La titular de Igualdad defiende que debe ser contigua al centro Mujer 24 Horas, mientras que Justicia está negociando con el Gobierno central que se ubique en la Ciudad de la Justicia, donde están los juzgados.

En una entrevista esta semana, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, defendió la oficina que su departamento lleva dos años preparando. “El 60% de las mujeres víctimas de violencia de género atendidas durante el primer semestre de 2018 en la red de centros presentaron denuncia” y la oficina contigua permitiría “completar el circuito” que siguen las víctimas, que antes son atendidas por psicólogas, trabajadoras sociales y asesoradas por letradas.

“Cuando una mujer llega a un centro no la puedes llevar directamente a denunciar. Si aceleras el proceso de denuncia y ella no esta preparada, lo más probable es que se trunque y acabe no presentándose al juicio, no declarando en contra del agresor porque se arrepienta a medio camino”, explicaba Oltra. Por ello, buscan un espacio más amable. 

Según sus datos, en el primer semestre del año los centros atendieron a 1.145 víctimas de violencia de género, el 61% de las cuales sufrían maltrato físico o psicológico. Además, un centenar habían sufrido violencia sexual (agresiones, abusos y acoso).

En 2017, la cifra más alta desde que existen los registros, se contabilizaron 166.620 denuncias y 158.217 víctimas, según el Observatorio de Violencia de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial. La tasa media de víctimas de violencia de género en España es, por cada 10.000 mujeres, 66'6 víctimas, algo superior en la Comunidad Valenciana, con 85,3. En cuanto a las medidas de protección, los juzgados decretaron 26.044 órdenes de protección en los juzgados ordinarios y más de 4.000 en los de guardia. En la mitad de los casos, dice el informe, la pareja convivía. El mismo año, los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 23.874 órdenes de alejamiento y 22.825 medidas de prohibición de comunicación. En resumen: se incrementaron las solicitudes y órdenes de protección y, derivadas de ellas, medidas penales como las órdenes de alejamiento.

El Estado, la Administración pública, tiene recursos para atender a las víctimas y para trabajar en la prevención -hace ya diez años de la Ley de Igualdad, suficientes para ir articulando un sistema- pero aún pesan años de abandono de los servicios sociales. La falta de presupuesto es uno de los argumentos esgrimidos desde las administraciones para responder a las quejas. Lo que no se financia, no existe. Y mientras la burocracia se convierte en una odisea la vida de las personas sigue.