La agrupación de fotovoltaicas critica que “la Generalitat no se ha alineado con el esfuerzo para la transición energética”

La Unión Española Fotovoltaica (Unef), asociación que agrupa a 750 de empresas del sector, reclama al Gobierno valenciano resolver el atasco de expedientes de plantas solares de forma coherente con sus políticas de emergencia climática. La asociación estatal cree que el retraso en la tramitación, que acumula 280 expedientes sin resolver y apenas ha autorizado 60 megavatios de potencia solar fotovoltaica, y los argumentos de una parte de la administración “no se alinean con el esfuerzo de la transición energética”.

En conversación con elDiario.es, José Donoso, director general de la asociación, pide a la Generalitat Valenciana “coherencia” con los objetivos climáticos de la Unión Europea, y con la declaración de la emergencia climática por el Ejecutivo autonómico. El portavoz pone el foco en la necesidad de producir energía en España y reducir la dependencia del extranjero, cuyas consecuencias se han agitado con la guerra con Rusia, incrementando la inflación y la factura energética doméstica e industrial. “La administración tiene una responsabilidad”, insiste.

En referencia al estudio del Ivace, en el que Compromís ha basado su propuesta para priorizar el autoconsumo, considera que es una propuesta “poco científica”. El documento estima en 14.000 megavatios el potencial de autoconsumo cubriendo techos de viviendas y polígonos industriales, más del doble de lo que requiere la Unión Europea, pero choca con las estimaciones que realiza el Ministerio de Transición Energética, que en un escenario realista consideran que en 2030 se llegaría a 1.000 megavatios. Estas ideas, considera, “tienen el mismo efecto que las negacionistas” porque retrasan la implementación de las renovables. “Necesitamos eficiencia energética, cambios en el modelo de consumo y plantas en suelo”, subraya el portavoz, que critica trabas administrativas poco justificadas en la tramitación de los expedientes.

Sobre la prisa, que a algunas organizaciones les recuerda la burbuja inmobiliaria, se muestra tajante: “Esto no es un capricho. No es un parque de atracciones. Es una emergencia climática”. Donoso defiende que la fotovoltaica es una tecnología con poco impacto ambiental, que al finalizar su vida útil “deja un terreno que ha descansado” y apunta a diversos proyectos que llevan parejos planes de regeneración de suelo y conservación de la biodiversidad.

Sobre el uso del suelo, el portavoz de Unef apunta que las empresas que tramitan plantas fotovoltaicas no tienen interés en la compra de suelo agrícola, que les resulta más costosa que otro tipo, e indica que se necesita el 0,2% de la superficie de España para cumplir los objetivos. Además, apunta, la asociación defiende la comunicación con los municipios y un reparto de beneficios con las localidades en las que se implanta, empleando a empresas locales.

Donoso defiende una legislación ambiental ambiciosa y rechaza que acelerar la tramitación se convierta en “un coladero”. “Un estudio de impacto ambiental es una garantía. No hay que hacer tramitaciones laxas”, apunta, al tiempo que defiende que la Administración cumpla sus compromisos. “La alternativa es seguir dependiendo de combustibles fósiles”, una cuestión “irresponsable y egoísta” respecto a las políticas de cambio climático. “Hay que tener una visión global”, concluye.